El juicio de responsabilidades en contra del expresidente Gonzalo (Goni) Sánchez de Lozada y otros fue suspendido este miércoles por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) hasta que el Tribunal Constitucional Plurinacional (TCP) se pronuncie sobre una consulta de inconstitucionalidad.
“El Tribunal de Sentencia ha emitido el Auto Supremo 04 de fecha 8 de noviembre, en el cual se dispone (…) promover de oficio la presentación de la acción de inconstitucionalidad concreta de lo que representan los artículos 90, 91 Bis y 344 Bis del Código de Procedimiento Penal. (…) esta audiencia queda suspendida hasta que el Tribunal Constitucional resuelva la acción de inconstitucionalidad concreta”, informó el magistrado Olvis Eguez y dio por concluida la audiencia.
El TCP deberá responder si es constitucional en Bolivia el juzgamiento en rebeldía del expresidente Sánchez de Lozada y de sus exministros Joaquín Berindoague Alcocer, Carlos Alberto Contreras del Solar y Carlos Alberto López Quiroga.
Sánchez de Lozada reside en Estados Unidos desde octubre de 2003, cuando dejó Bolivia y renunció a la Presidencia en medio de una crisis política y social en la que se llegó a denominar la Guerra del Gas. Más de 60 muertos dejó la revuelta social y recientemente Sánchez de Lozada fue condenado en Estados Unidos en un juicio civil activado por los familiares de las víctimas.
El presidente del Tribunal de Juicio aseveró que las partes serán notificadas con el Auto Supremo 04/2023 en su integridad.
Esta consulta se da tras que los abogados de Defensa Pública promovieron un incidente de inconstitucionalidad la tarde del martes, pidiendo que los acusados se presenten en la audiencia.
Caso Petrocontratos
Este caso fue activado en 2005 contra los expresidentes Sánchez de Lozada y Jorge «Tuto» Quiroga y otros; sin embargo, Quiroga fue excluido de este proceso debido a la amnistía que le fue otorgada por el expresidente Evo Morales en 2018.
El expresidente Sánchez y sus exministros están acusados por la comisión de los delitos de incumplimiento de deberes y conducta antieconómica, por la firma de contratos con 21 empresas transnacionales para tareas de verificación y explotación de reservas hidrocarburíferas.
Estos documentos fueron suscritos sin la autorización del Legislativo, como mandaban las normas legales. Según la denuncia se favorecieron los intereses de las petroleras en desmedro de los intereses del Estado.
hoybolivia.com
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