El ‘arcismo’ se impuso en Diputados. Consiguió al menos seis votos de la oposición y una docena de ‘evistas’ para lograr los 64 votos secretos con los que la Cámara Baja rechazó los cambios realizados al proyecto de ley de Presupuesto General del Estado (PGE) reformulado, observado por el Senado porque metió disposiciones generales que nada tenían que ver con la norma. Una de ellas, un artículo de una ley de lavado de activos anulada en 2021.
De los 130 Diputados, votaron 121. Además, 56 apoyaron la aprobación de la norma con las modificaciones del Senado, hubo un voto nulo y otro blanco. La norma será tratada por tiempo y materia, hoy, en la última sesión de Asamblea Legislativa
Ahora bien, 75 legisladores son del MAS en Diputados: al menos 46 de ellos apoyan a Luis Arce y 29 a Morales. Ayer al mediodía el presidente, Jerges Mercado, conversaba con un grupo de dirigentes vecinales de El Alto a la salida del hemiciclo, tras un cuarto intermedio que había declarado.
Les informó que había conseguido seis votos de los opositores, diez de ‘evistas’ y que le faltaban “unos cuantos más”. Más tarde, se confirmó que esa gestión, la última que hizo como presidente de la Cámara, había dado resultado.
Mercado no pudo disimular su incomodidad cuando este medio le preguntó sobre esa negociación. “Usted sabe que cuando hay estas fricciones, no es sencillo. Hay que hacer un trabajo previo, lo estamos realizando (eran las 12:30 aproximadamente) y finalmente que sea lo que los diputados definan”, remarcó Mercado.
Durante la sesión, el presidente Mercado se dirigió al postulante del ‘arcismo’ para tomar su lugar en la testera. “Compañero (Israel)Huaytari, usted se va a sentar en esta silla la próxima semana, yo se lo prometo”. Así se lo prometió.
Huaytari disputará la presidencia de Diputados con el ‘evista’ Freddy Mamani. Cuando este medio le preguntó al presidente Mercado si es que la votación de ayer expresa ya acuerdos relacionados a la elección de la presidencia de Diputados, respondió: “No, son cosas distintas, eso aún está por definirse”.
La última sesión de la gestión 2022-2023 en Diputados transcurrió en medio de protestas de sectores alteños que exigían que el presupuesto se apruebe sin las modificaciones del Senado. Mientras, todo el perímetro de la Plaza Murillo en la sede de Gobierno, permaneció cerrado por una bulliciosa protesta que instaló, cerca del nuevo edificio Legislativo.
Antes de que los diputados rechacen el proyecto de ley presupuestal modificado, sin estar programada su presencia, el ministro de Economía y Finanzas Públicas, Marcelo Montenegro, se presentó en la sesión camaral para explicar por qué no se deben suprimir los siete artículos adicionales que el Senado eliminó del proyecto, como por ejemplo, los cambios a la Ley 393 de Servicios Financieros.
En octubre de 2021, gremiales, mineros, transportistas y comités cívicos de Santa Cruz y Potosí, principalmente, habían rechazado con enérgicas protestas callejeras el proyecto de Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas, dentro de un paquete de normas, conocida como la “ley madre”. Fue observada porque le daba poder a la UIF sin la mediación de un juez o un fiscal para controlar el flujo de recursos.
El 14 de octubre de 2021, en medio de una movilización social nacional, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, salió en una conferencia de prensa y anunció que la retiraban.
Ese proyecto de ley establecía como ‘sujetos obligados’, que cualquier funcionario del sistema financiero “debía reportar a la UIF, toda información concerniente a transacciones sospechosas susceptibles de ser vinculadas a la Legitimación de Ganancias Ilícitas. Además, señalaba que los sujetos obligados, “así como sus directores, gerentes, administradores, funcionarios responsables, estarán exentos de responsabilidad administrativa, civil y penal”. El tenor de la disposición adicional séptima es el mismo.
En la sesión, el debate se dio entre las dos facciones del MAS. Unos apoyaban estas disposiciones adicionales, mientras que los ‘evistas’ y opositores señalaron que el 70% del dinero estaba destinado para gasto corriente y sueldos del Gobierno.
Fuente de esta noticia Diario El Deber Bolivia.
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