El presupuesto revive un artículo de la ley de lavado de activos anulada en 2021

El ‘evismo’ y la oposición denunciaron que dentro del proyecto de ley para la aprobación de los Bs 5.421 millones adicionales del Presupuesto General del Estado (PGE) Reformulado que requiere el Gobierno para cerrar el año fiscal 2023, el ‘arcismo’ metió “de contrabando” una disposición que estaba incluida en la fallida ley contra la legitimación de ganancias ilícitas. Tras el paro de los nueve días de 2021, esa norma, conocida como ‘Ley Madre’, fue abrogada por el Gobierno,

“La metieron de contrabando”, comentó el diputado de Comunidad Ciudadana (CC) José Luis Pórcel. El senador ‘evista’ William Tórrez aseguró que no se obró con “sensatez”, mientras que la asambleísta de Creemos María René Álvarez anunció vigilancia para que no se la vuelva a incluir.

El Senado anuló ese artículo y devolvió el proyecto a Diputados, que lo de tratar nuevamente probablemente este mismo lunes.

Pero el diputado ‘arcista’ Andrés Flores (MAS) anunció que “todas las observaciones del Senado serán rechazadas” porque implican “una obstaculización a la gestión de Gobierno”. Complementó que “una vez aprobadas y rechazadas las observaciones, se tiene 20 días en la Asamblea y surgirá la necesidad de convocar al plenario. Esperemos que ésta se pueda acelerar”, afirmó.

Pero en un contacto con EL DEBER, Andrés Flores confirmó que la sesión será el lunes y abrió la posibilidad de negociar este punto. “Si es que hablamos así, con argumentos, creo que este es uno de los puntos que se pueden negociar, pero insisto, nosotros no vamos a aceptar todo lo que se ha cambiado, porque el único fin es el boicot”, anticipó.

En octubre de 2021, gremiales, mineros, transportistas y comités cívicos de Santa Cruz y Potosí, principalmente, habían rechazado con enérgicas protestas callejeras el proyecto de Ley de Legitimación de Ganancias Ilícitas, dentro de un paquete de normas, conocida como la “ley madre”. Fue observada porque le daba poder a la UIF sin la mediación de un juez o un fiscal para controlar el flujo de recursos.

El 14 de octubre de 2021, en medio de una movilización social nacional, la ministra de la Presidencia, María Nela Prada, salió en una conferencia de prensa: “Escuchando al pueblo boliviano, escuchando sus preocupaciones y sus temores en relación a este proyecto de ley, hemos decidido retirarlo y eso es lo que queríamos informar, para no dar lugar en lo absoluto a que nos confronten”.

El gobernador cruceño Luis Fernando Camacho, entonces, celebró el anuncio y lo calificó de “nuevo triunfo para el pueblo movilizado”, porque “se obligó al Gobierno a retirar de la agenda legislativa otra ley autoritaria del masismo”. “Con esa ley, cualquier ciudadano podía ser investigado arbitrariamente y despojado de sus bienes”, escribió Camacho, encarcelado desde hace 10 meses.

Ese proyecto de ley establecía como ‘sujetos obligados’ a toda persona natural o jurídica, pública o privada, del sistema financiero nacional, mercado de valores, seguros, pensiones, entre otros, que “debían reportar con prontitud a la UIF, toda información concerniente a transacciones sospechosas susceptibles de ser vinculadas a la Legitimación de Ganancias Ilícitas o sus delitos precedentes y al Financiamiento del Terrorismo, con independencia del monto de las mismas, incluidos los intentos de realizar dichas operaciones, a través del Formulario ROS y la plataforma virtual segura, establecidos al efecto” y sin la vista del juez.

Además, señalaba que los sujetos obligados, “así como sus directores, gerentes, administradores, funcionarios responsables, cuando reporten de buena fe operaciones sospechosas a la UIF, estarán exentos de responsabilidad administrativa, civil y penal”.

La nueva disposición

El presupuesto adicional para la administración estatal prevé Bs 5.421 millones, de ese monto Bs 868 millones son para los municipios, Bs 353 millones para las universidades y Bs 39 millones a las nueve gobernaciones del país. Esto implica solo el 13% para las regiones.

El senador Tórrez expresó que “lo que nos dejó absolutamente preocupados fue que, por ejemplo, la disposición adicional séptima incorpora el parágrafo quinto al artículo 495 de la ley 393 de servicios financieros, señalando que el funcionario que emita un reporte a la UIF estará exento de responsabilidad administrativa civil y penal. Es decir, si alguien denuncia una legitimación de ganancias, por esta ley de presupuesto, queda exenta de responsabilidad. Eso tiene que ver con la ley del Código Penal, no puede entrar en este marco de reformulación de presupuesto bajo ningún punto de vista”, manifestó.

El diputado de CC, José Luis Porcel, de forma coincidente, señaló que “este tema es muy grave. Y no deben ser montos por encima de los Bs 100 mil. Pueden ser Bs 5.000, Bs 1.000. La idea es perjudicar a cualquier ciudadano”.

Complementó que “esta medida puede derivar en la persecución política. Estamos hablando de que un funcionario de entidad estatal puede denunciar a cualquier ciudadano que considere sospechoso. Apunta a la oposición y a cualquier opositor”.

El asambleísta recordó que el texto “tiene exactamente el mismo tenor que el que se encontraba en el proyecto de ley contra la legitimación de ganancias ilícitas que fue anulada hace dos años atrás. De esta forma el MAS intenta echar por tierra la lucha del pueblo”. Además, recriminó que lo haga “de contrabando”.

Por su parte, la diputada cruceña de Creemos, María René Álvarez, aseguró que esa disposición ya no está en el proyecto de ley, porque fue eliminada en el Senado. “Hay varias que tienen que ver con delitos financieros, que en todo caso no tiene absoluta relación con el proyecto de ley de presupuesto reformulado”. “El MAS, como siempre, pone en marcha sus tramoyas para meter de contrabando aquello que incluso ya fue descartado. Seremos muy minuciosos en vigilar que las observaciones realizadas y eliminadas por el Senado no sean repuestas. Que no haya ningún tipo de irregularidad”, mencionó.

Tórrez rechazó una ley “que destina el 71% al Ejecutivo para pago de sueldos, salarios y aguinaldos, dejando el 29% para las instituciones que dijeron inicialmente que necesitaban dinero, como las alcaldías, gobernaciones y universidades, cuando se debió destinar al revés, si no un 100% al menos el 90% para las regiones”. “No era correcto, pedimos explicación y el ministro (de Economía) quiso marear la perdiz”, insistió el senador.

El ministro de Economía, Marcelo Montenegro, quien denunció el jueves “un sabotaje” de la Asamblea, volvió a cuestionar al Senado por haber rebotado la normativa que “beneficia a los municipios”. “Hay un intento de generar cao”, cuestionó.

El senador Tórrez desmintió categóricamente que se haya rechazado el proyecto por la rivalidad que hay entre ‘evistas’ y ‘arcistas’. “Lo que se pidió al Gobierno es que sea transparente, nada más. Si necesitan plata para pagar sueldos, salarios y otros, lo sensato es que nos digan y nadie se apondrá. Pero, lo que molesta es que nos digan en la letra chica que se destinará al Ministerio de Gobierno, Obras Públicas y otros; no es correcto. No pueden decirnos que estamos saboteando. Lo que ocurre es que ellos no son transparentes y mienten al pueblo de Bolivia”. Tórrez manifestó que, al tratarse de un proyecto de ley de urgencia nacional, fue devuelto con esas modificaciones a Diputados, para que pueda prescindir de algunos pasos y aprobarla en un plazo de mayor a 48 horas. “Aceptando los cambios ya no regresa a senadores, se aprueba y se pasa al Ejecutivo”.