Mientras el Gobierno califica de un despropósito los cambios realizados al proyecto de modificación del presupuesto 2023, aprobado en el Senado, el diputado de la facción radical del MAS, Ramiro Venegas, aseguró que la propuesta gubernamental 2023 contiene disposiciones adicionales inconstitucionales porque pretende, a partir de modificar algunas leyes, controlar las transacciones financieras de las personas.
“Al peor estilo del peor comunismo, (el Ejecutivo) pretenden ahora subyugarnos a su poder. Yo pienso que la población debe estar alerta porque están queriendo hasta controlar nuestros gastos, controlar nuestras inversiones que tenemos que hacer, hasta para comprar un artefacto, una casita o un vehículo. (Si se aprueba sin modificaciones) tenemos que demostrar de dónde hemos sacado y adquirido (nuestro dinero)”, declaró Venegas a la ANF.
El pleno de la Cámara de Senadores aprobó, con apoyo de más de dos tercios de votos, en su estación en grande el proyecto de Ley 464 de Modificación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023.
Durante la votación en el pleno del Senado, solamente Creemos se abstuvo de votar, incluso algunos parlamentarios de Comunidad Ciudadana (CC) apoyaron el proyecto para signarle más presupuesto al Gobierno.
MODIFICAR
La senadora de CC, Daly Santamaría, indicó que la Comisión de Planificación, Política Económica y Finanzas observó varios aspectos de las disposiciones finales del proyecto de ley del PGE modificado, porque aparentemente el Órgano Ejecutivo pretende modificar varias leyes, según ANF.
Entre tanto, el ministro de Economía, Marcelo Montenegro, calificó de “despropósito” que la Comisión de Planificación del Senado haya aprobado el Proyecto de Ley de Reformulación del Presupuesto General del Estado (PGE) 2023, con modificaciones, cuando ahora hay muchos municipios que requieren de recursos por la sequía y los incendios.
“Eso es un despropósito, dada la urgencia que tiene la aprobación de este proyecto que están esperando municipios, universidades y otras entidades para seguir sus actividades, más aún en este contexto de urgencia nacional donde hay sequía, hay incendios y se requieren estos recursos”, dijo Montenegro.
De acuerdo con ABI, el Proyecto de Ley del PGE Reformulado contempla un adicional de 5.000 millones de bolivianos para municipios, algunas gobernaciones y universidades públicas. Los recursos podrán servir para enfrentar los focos de calor y mitigar los rebrotes de incendios forestales, según datos del ministerio.
“Esos recursos les va a permitir, fundamentalmente a los municipios, que van a recibir más de 870 millones de bolivianos, hacer frente (…) a muchas necesidades, especialmente en esta situación de emergencia que está viviendo el país con la sequía, los incendios”, sostuvo la autoridad.
Sin embargo, algunos municipios no informaron a la población sobre los recursos que están en puertas para ser distribuidos entre más de las 300 alcaldía del país. Las Juntas Vecinales también no informan a las bases sobre esos recursos que estarían llegando. EL DIARIO y agencias.
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Fuente de esta noticia Diario Bolivia El Diario