La llegada de 13.000 migrantes a España desde el pasado mes de agosto, la mayoría de ellos desde el continente africano a Canarias, ha provocado una crisis migratoria en las islas por la falta de infraestructuras. El aumento de llegadas ha eclosionado en estas últimas semanas pero comenzó ya en primavera, cuando la estabilidad en Senegal, de donde provienen muchos de estos migrantes, empezó a resquebrajarse. Las protestas en el país subsahariano y la persecución de los opositores al gobierno provocó que, a los que se iban en busca de oportunidades laborales, se les sumaran aquellos que huían de la violencia y la represión.
El reparto de estos migrantes por diferentes enclaves de la Península a petición del Gobierno canario, formado por una coalición de nacionalistas y PP, ha provocado un choque entre el ministro de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones en funciones, José Luis Escrivá, y el resto de las comunidades autónomas presididas por el Partido Popular, que se quejan de la falta de información sobre los enclaves elegidos. Los conservadores, con la presidenta madrileña Isabel Díaz Ayuso a la cabeza, acusan al Ejecutivo de tratar a los migrantes “como fardos” y de “actuar con nocturnidad” para “quitárselos de encima”: “Luego no sé si irán por las calles, si ambularán, no sabemos qué van a hacer con ellos”, ha subrayado la madrileña.
Escrivá, por su parte, ha lamentado que el PP se deje arrastrar a posiciones “xenófobas” por culpa de Vox, después que el vicepresidente de Castilla y León, Juan García-Gallardo, haya calificado de “invasión migratoria” el traslado a Medina del Campo (Valladolid) de 183 migrantes y de que el diputado del PP y exportavoz parlamentario, Rafael Hernando, haya llegado afirmar que el Gobierno de Pedro Sánchez colabora con el tráfico de personas. “Eso es xenofobia, es falso, España es un país que lleva gestionando crisis, con una solvencia y naturalidad notable, somos referencia internacional, y esta es igual que todas, lo estamos haciendo con mucha tranquilidad, y tenemos ya mucha experiencia”, afirmó este jueves el ministro del ramo.
Desde Migraciones explican que en estos momentos hay 13.000 migrantes en la red de acogida estatal: 6.000 en las islas y 7.000 en la Península, aunque “no todos vienen de Canarias” e inciden en que el reparto no se realiza “por cuotas” entre las autonomías, sino “en función de la existencia de espacios apropiados según su situación de vulnerabilidad y luego disponibilidad y necesidad”. Estas mismas fuentes recuerdan que la competencia es exclusivamente estatal —a diferencia de lo que ocurre con los menores extranjeros no acompañados, de cuya gestión depende el Ministerio de Derechos Sociales en consonancia con las comunidades autónomas— por lo que las quejas de las comunidades autónomas no proceden.
“Las comunidades autónomas no tienen por qué participar en el proceso de decisión porque la atención a los migrantes es competencia exclusiva del estado y todo se hace en nuestros recursos, pagados por el ministerio y atendidos por las ONG con las que concertamos, como Cruz Roja, o Accem”, explican a infoLibre fuentes del departamento de Escrivà. Aun así, subrayan “siempre se informa a las autoridades locales y autonómicas”, a veces con semanas de margen y otras solo con días según la urgencia del traslado. “Si se abre un recurso hoy y mañana se mandan migrantes, se les avisa hoy, con un día de antelación, por ejemplo. Es obviamente una situación excepcional, como sucedió con Ucrania”.
Es más que evidente que a estos migrantes no se les trata con la política de brazos abiertos con las que se recibió a los ucranianos. Y eso se nota en la reacción de las formaciones de la derecha. Aunque las situaciones límite de las que huyen la mayoría de los ciudadanos subsaharianos sean igual de complicadas o peores y a pesar de que son bastantes menos —unos 30.000 en lo que va de año— que los que llegaron a España escapando de la guerra con Rusia —177.000—. De hecho, España es uno de los países que más refugiados ucranianos ha acogido. Fuentes del departamento de Escrivá inciden en que cuando se realizó el traslado de ciudadanos del Este a España no se produjo ninguna queja por parte de las autonomías del PP.
Desde el ministerio explican a este periódico que el hecho de no detallar los enclaves a los que han trasladado a estos migrantes de debe a que no les quieren situar “bajo el ojo público y mediático” por su situación vulnerabilidad. Una recomendación que realizan organismos como la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR). Sin embargo, sí que ha trascendido el acuerdo con el Ministerio de Defensa para habilitar dos cuarteles militares en desuso ubicados en Madrid. “Hay otras instalaciones en la recámara, pero hasta que no las activemos no lo diremos puesto que, en función del desarrollo de las llegadas a Canarias, igual ni siquiera es necesario activarlas”, sintetizan.
Escrivá ha calificado la situación como especialmente grave teniendo en cuenta el conflicto entre Israel y Hamás que, según el ministro, está siendo explotado para infundir discursos de odio. El ministro ha mostrado su preocupación por el aumento de los contenidos racistas en las redes sociales a raíz del recrudecimiento del conflicto en Gaza. “El oportunismo es todavía más deleznable estas semanas”, ha lamentado.
Mauritania y Senegal han aumentado este año el control a las mafias de inmigración ilegal, con una mayor presión policial en las playas y aguas nacionales. Han interceptado en el último año más de un millar de cayucos y los migrantes han buscando rutas alternativas con las que no ser descubiertos. El Hierro, que hasta ahora era un destino accidental, se ha convertido en una de esas rutas. Se trata de la isla más occidental de todo el archipiélago. Ir a ella implica entrar mucho antes en océano abierto, por lo que las barcas tienen menor posibilidad de ser interceptadas, pero a su vez aumenta el riesgo de acabar arrastrado por las corrientes marinas.
En lo que va de año, el número de migrantes llegados a Canarias en patera o cayuco ha aumentado un 79,4% respecto al mismo periodo del año anterior, con un total de 23.537 personas interceptadas, lo que supone 10.415 más que hace un año según datos del Ministerio del Interior a fecha de 15 de octubre. En concreto, las entradas por vía marítima han crecido un 54,7%, pasando de 23.154 entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2022 a 35.812 entre el 1 de enero y el 15 de octubre de 2023, 12.658 más.
Ante la situación de desborde en las islas, la pasada semana la Secretaría de Estado de Migraciones aprobó la situación de emergencia. Se trata de un trámite administrativo que permite al Ejecutivo agilizar los procedimientos para realizar el traslado a la Península y que está contemplada en la Ley de Contratos del Sector Público que permite actuar de manera inmediata ante ”acontecimientos sobrevenidos”. Este mecanismo también se utilizó durante la llegada de desplazados ucranianos a España.
Fuente de esta noticia: https://www.infolibre.es/politica/170-000-ucranianos-si-7-000-subsaharianos-no-doble-rasero-comunidades-acogida-migrantes_1_1625703.html
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