Brasil cuenta con más de 30 mil cámaras corporales en uso policial

Más de 30 mil cámaras corporales están en uso por policías y guardias municipales en todo el país, según un estudio realizado por el Ministerio de Justicia y Seguridad Pública (MJSP). Los equipos se llevan en los uniformes de los agentes de las fuerzas de seguridad para grabar las acciones y proteger tanto a los ciudadanos como a los propios policías.

El estudio forma parte de un diagnóstico realizado por el ministerio, en colaboración con universidades, para delinear el escenario actual del uso de cámaras corporales en el país. Según el MJSP, en agosto, 26 de los 27 estados brasileños ya utilizaban los equipos o se preparaban para empezar a utilizarlos. Tres estados tienen el uso más extendido: São Paulo, Santa Catarina y Río de Janeiro.

En noviembre, el ministerio debe publicar las directrices nacionales con información sobre procesos como el tiempo de grabación, las rutinas, quién puede acceder a las imágenes y cómo se pueden almacenar y compartir estas grabaciones.

Las directrices no serán obligatorias para los estados y municipios – que seguirán teniendo autonomía para crear sus propias reglas para el uso de las cámaras –, pero servirán como parámetro para las fuerzas federales y para financiar la compra de estos equipos con recursos del Fondo Nacional de Seguridad Pública.

Además, el ministerio está elaborando normas de estandarización y certificación de estos equipos. También se ofrecerá formación para el manejo de esta tecnología y se evaluará el impacto de su adopción en el país.

El uso de cámaras adheridas a los uniformes de los policías militares en el estado de São Paulo, por ejemplo, implementado en 18 unidades, ha ayudado a reducir la violencia policial y ha traído resultados emblemáticos.

“La idea es mejorar la legitimidad y la confianza de la gente en la policía. Es hacer que se vea a la policía de otra manera. Y esto sólo será posible mejorando la calidad de su trabajo”, afirma Márcio Mattos, coordinador general de Gobernanza y Gestión del Sistema Único de Seguridad Pública.

Seguridad de los datos

Otro punto de la directriz nacional es la seguridad en la custodia de las imágenes, de forma que se garantice su integridad y su posterior utilización en procedimientos judiciales.

“¿Cómo compartir los datos de las cámaras corporales con otras instituciones, como el Ministerio Público, el Poder Judicial y las defensorías, garantizando la integridad de las pruebas? Porque si se la pierde, su valor como prueba en un proceso judicial deja de existir”, afirma Mattos.

Pedro Saliba, coordinador de Data Privacy Brasil, organización que viene investigando el uso de los datos de las cámaras corporales, afirma que es necesario demostrar técnicamente que están preservadas las imágenes originales.

“Hay que guardar esas imágenes de forma que se pueda demostrar técnicamente que no han sido editadas ni manipuladas de ninguna manera. Para ello necesitamos requisitos técnicos específicos”, explica.

El coordinador también señala que es necesario definir criterios como la posibilidad de registrar la ubicación del lugar donde se grabaron las imágenes y el control remoto de estos vídeos, mediante sistemas como el streaming en directo.

En un operativo que arrancó el pasado lunes (9) en el estado de Río de Janeiro, por ejemplo, varios policías llevaban cámaras corporales. Las imágenes se transmitieron en directo al Centro Integrado de Mando y Control, donde fueron supervisadas por otros agentes y autoridades.

“Tenemos que pensar también en la privacidad de los policías. ¿Qué parámetros se establecerán para activar las imágenes a distancia? También nos preguntamos cómo se van a proteger estos datos del GPS. Porque existe un riesgo potencial. Un incidente de seguridad podría, por ejemplo, poner al descubierto la estrategia de inteligencia de la Policía Militar. O podría haber una persecución política de un policía específicamente”, explica Saliba.

El Instituto Sou da Paz es otra organización que estudia el despliegue de cámaras corporales en el país. Recientemente ha publicado una nota técnica sobre el uso de estos equipos.

Para su directora ejecutiva, Carolina Ricardo, es necesario controlar quién accede a las imágenes. Esto es importante para garantizar tanto la privacidad de los policías como la integridad de estos vídeos como prueba.

“Esta imagen no es pública. Es una imagen que, en principio, está en la base de datos de la Policía Militar. Hay órganos que pueden acceder a ella, que son órganos de la Justicia. Y para estos órganos se aplica lo mismo en términos de seguimiento: quién la ha utilizado, quién ha accedido, cuándo”, subraya.

Derechos de los ciudadanos

Otro punto que debe debatirse, según los expertos, es el uso que se hará de estas imágenes una vez grabadas y almacenadas. Pedro Saliba señala, por ejemplo, que existe un debate sobre si las imágenes grabadas en una situación podrían utilizarse en procedimientos no relacionados con el suceso que dio lugar a la grabación.

Explica que en Estados Unidos hubo un caso de imágenes captadas durante un incidente de violencia doméstica que luego se utilizaron en un caso de tráfico de drogas contra el hermano de la víctima.

Saliba también subraya que el uso de estas imágenes por parte de la prensa debe ser discutido. “Si la prensa quiere tener acceso a las imágenes de las cámaras corporales por un hecho relevante de interés público, tenemos que pensar cómo se pueden o no facilitar esas imágenes. También tenemos que pensar que las imágenes de estas cámaras corporales no pueden utilizarse para espectacularizar la violencia. Vemos muchas imágenes de violencia en las plataformas digitales, generando compromiso y, sobre todo, generando recursos financieros”.

Paulo Cruz Terra, profesor de Historia de la Universidad Federal Fluminense (UFF), investiga la reacción de los movimientos sociales ante las tecnologías de inteligencia aplicadas a la seguridad pública, como el reconocimiento facial. Según él, los gobiernos y las sociedades han creído históricamente que la tecnología puede resolver todos los problemas.

“Hay una visión de la sociedad en general que tiende a atribuir un significado casi mágico a la tecnología. Los poderes públicos la presentan como capaz de resolver los problemas”, explica Terra.

Sin embargo, siempre preocupa el uso incorrecto que se pueda hacer de esta tecnología. “Es importante relacionarlo con la historia de la policía en nuestro país. Es interesante ver cómo los activistas relacionan, por ejemplo, la tecnología de reconocimiento facial con el racismo presente en la historia.”

A pesar de la necesidad de discutir normas y procedimientos para garantizar la seguridad de los datos y su correcto uso, los entrevistados creen que las cámaras son importantes tanto para proteger a los ciudadanos de los abusos policiales como para defender a la propia policía de falsas acusaciones.

“En este momento, la mayor pérdida para la población es no tener la cámara. Ahora se pueden probar hechos sobre los cuales antes sólo había la palabra de la policía, de los propios policías. Hay un testigo electrónico de estos hechos”, afirma Saliba.