Lasso recaudó casi $2.000 millones adicionales de evasores y aumentó en 20% la base de contribuyentes, pero los ingresos fiscales siguen sin cubrir los gastos

Sí existen avances en la lucha contra la evasión, pero los ingresos adicionales no alcanzan a resolver el problema fiscal. El nuevo Gobierno deberá reducir expectativas y aterrizar.

A puertas de que asuma un nuevo Gobierno, como ya se ha hecho costumbre en Ecuador, vuelve a reactivarse el debate sobre la necesidad de otra reforma tributaria y de recaudar más ingresos de la mano de la lucha contra la evasión.

Como ya ha analizado PRENSA MERCOSUR, la caja fiscal está en número rojos (más gastos que ingresos) y las fuentes de financiamiento (deuda) son escasas.

Guillermo Lasso llegó al poder hace un poco más de dos años con la promesa de no subir impuestos y cobrar a los evasores.

A pesar de las críticas y de las dos reformas tributarias, Francisco Briones, director del Servicio de Rentas Internas (SRI), asegura que sí se ha avanzado en el objetivo de lucha contra la evasión y ampliar la base de contribuyentes.

En 2022 se recaudó $880 millones por controles forzosos, donde se detectaron diferencias significativas entre lo declarado y lo que deberían pagar los contribuyentes.

“Este año la cifra será cercana a los $1.000 millones como consecuencia de fortalecer los controles”, puntualizó Briones.

Dentro de esos montos adicionales recaudados se incluye el cobro de $130 millones de impuestos por la regularización de $1.800 millones que habían salido del país sin ser declarados.

A través de innovaciones como los PCR tributarios y el sistema Falcon, que ha ayudado a identificar a 60.000 evasores (con altos ingresos y movimientos bancarios, pero sin RUC), Briones considera que se ha ayudado a aumentar la percepción de que la autoridad existe y cobra todo lo que debe.

Además, de acuerdo con Briones, en 2022 se incrementaron 300.000 nuevos contribuyentes y este 2023 serán 320.000 adicionales.

Es decir, se ha ampliado la base de contribuyentes en alrededor del 20%, sobre todo de renta media y baja.

Menos ingreso al fisco

Briones reconoce que queda mucho por hacer, pero se dejan procesos en marcha. En este contexto, el presidente electo Daniel Noboa debe buscar cómo profundizar los controles e incentivar la formalización.

Desde el espectro liberal, Alberto Acosta Burneo, economista y editor de Análisis Semanal, dice que se espera que Noboa esté claro que no fue electo para trabajar para el SRI, sino para los ciudadanos.

“En un país en desaceleración, la urgencia es producir, crear riqueza y empleo. Esto no se logra subiendo impuestos, sino con más inversión”, dijo.

Aunque Lasso en un inicio fue fuertemente criticado por su primera reforma tributaria, desde el Gobierno se reivindica que se ha bajado o eliminado 15 impuestos; además de haber aumentado las devoluciones

“Yo recaudo impuestos, pero al mismo tiempo también devuelvo impuestos. En esta administración nos sentimos orgullosos de recaudar más, pero también de estar devolviendo mucho más que antes y mucho más rápido que antes. Una devolución de impuesto a la renta tomaba seis a siete meses y hoy tomaba máximo 40 días”, apuntó Briones.

En este sentido, gran parte del esfuerzo de lucha contra la evasión ha servido para cubrir parte de las políticas de menos impuestos y más devoluciones.

El resultado final es que lo que efectivamente llegó al Presupuesto General del Estado (PGE), entre enero y septiembre de 2023, sumó $10.968 millones.

Ese monto alcanza a cubrir el 63% de los gastos totales del Estado y representó -$484 millones menos que lo ingresado en el PGE en el mismo periodo de 2022.

Lorena Burbano, economista y analista tributaria, comentó que en un país donde todos exigen que les cobren lo menos posible, pero tener los mejores servicios e infraestructuras, es complejo realizar una reforma tributaria de fondo.

“El presidente electo Noboa ha ofrecido implementar un esquema de beneficios tributarios (menos pago de impuestos) a cambio de generación de empleo; pero en Ecuador ya se han implementado este tipo de ventajas sin resultados apreciables”, añadió.

¿A cuánto  asciende la evasión en el país?

Economistas como Andrés Mideros o Verónica Artola (exgerente del Banco Central) han dicho en entrevistas que la evasión anual en Ecuador supera los $6.000 millones y que ahí hay espacio suficiente para recaudar y tener recursos para más gasto.

Sin embargo, PRENSA MERCOSUR ya ha analizado que esas estimaciones, que vienen de organismos como la Cepal, pueden estar infladas y descuidar el impacto de la informalidad.

Existen grandes evasores, pero la mayoría son la masa de miembros de la economía informal y de subsistencia.

Según el cálculo del SRI, se estima que $2.500 millones se están dejando de cobrar al año de IVA e impuesto a la renta de personas naturales por la llamada brecha fiscal (evasión, elusión, economía ilícita).

Así, si bien existe espacio de recaudación no es de los niveles que se asegura.

Francisco Briones, director del SRI, explicó que cuando se habla de evasores con grandes patrimonios, no solo es cuestión de acercarse y cobrar; en muchos casos, se inicia toda una disputa cuando se detectan inconsistencias.

Actualmente, el SRI tiene abiertos cuatro casos de grandes patrimonios con glosas de entre $60 y $90 millones por no pago de impuestos.

El proceso es largo y podría representar una recaudación adicional de $300 millones.

Durante 2023, Colombia ha aumentado su recaudación de impuestos en 16,4% a costa de una reforma tributaria con subidas fuertes.

En 2023, la recaudación bruta en Ecuador (antes devoluciones y notas de crédito) ha aumentado 4%.  Los ingresos que llegan al presupuesto estatal, sin embargo, se han reducido 4,22% porque se dejaron de cobrar $600 millones (reducción o eliminación de impuestos) y ya no se retuvieron $700 millones en IVA de los Gobiernos locales, entre otras devoluciones.

Siete de cada diez dólares que se dejan de cobrar por impuestos cada año, debido a exenciones, exoneraciones y deducciones, se concentra en el IVA 0% para alimentos, medicinas, transporte, salud, vivienda y menos impuesto a la renta para las personas de clase media. Reducir estos beneficios tendría un fuerte impacto social y en el consumo.

Según la Banca de inversión Moodys, una reforma tributaria que baje impuestos pondría en serio riesgo la capacidad del Estado ecuatoriano de pagar deudas y cubrir gastos.