El oficialismo en Argentina buscará hoy imponer su mayoría en la Cámara de Diputados para convertir en ley el proyecto de reforma del sistema de Inteligencia impulsado por la presidenta argentina, Cristina Fernández.
A diferencia de cuando la iniciativa fue discutida y aprobada en el Senado sin la presencia la oposición, ésta vez algunos bloques opositores planean ingresar al recinto de la Cámara baja para dar el debate una vez que el oficialismo y sus aliados tradicionales consigan el quórum necesario para habilitar la sesión.
Además de la polémica reforma de los servicios de Inteligencia, en la sesión también se debatirán un cuerdo de inversiones con China, otro para la construcción de una base espacial china en territorio argentino y un protocolo con Chile para la construcción de un túnel fronterizo.
El oficialismo da por descontado tener los votos necesarios para aprobar la ley que creará un nuevo sistema de Inteligencia en Argentina.
La reforma, presentada por Cristina Fernández en un discurso por cadena nacional como “una deuda de la democracia”, prevé la creación de una Agencia Federal de Inteligencia (AFI) a la cabeza de los servicios secretos a nivel nacional.
Que supone
La creación de la AFI supondrá la disolución de la actual Secretaría de Inteligencia, aunque se nutrirá del mismo personal que actualmente la compone.
Uno de los principales y más cuestionados puntos del proyecto es el traspaso del sistema de escuchas telefónicas a la órbita de la Fiscalía General, encabezada por Alejandra Gils Carbó, cuestionada por la oposición por su proximidad a la presidenta.
La oposición ve en el proyecto oficialista una maniobra para desviar la atención del sonado caso por el fallecimiento del fiscal Alberto Nisman.
Tras la muerte del fiscal Nisman, el Gobierno decidió impulsar el proyecto de reforma y profundizar así los cambios sobre los servicios de Inteligencia iniciados a fines de 2014, cuando removió a la cúpula de la Secretaría de Inteligencia.
Nisman, quien murió el 18 de enero pasado en circunstancias que la Justicia aún mantiene como “dudosas”, fue encontrado con un tiro en la cabeza en el baño de su casa en vísperas de acudir al Parlamento para detallar su denuncia contra Cristina Fernández por supuesto encubrimiento de los sospechosos iraníes de un atentado contra intereses judíos.
El fiscal llevaba la causa por el atentado contra la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), que dejó 85 muertos en 1994.
Para el Gobierno argentino, su muerte fue fruto de una operación de desestabilización de agentes secretos desplazados de sus cargos en diciembre pasado.
El Economista América
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