Paraguay, pese a algunos avances en 2014, sigue negando a sus pueblos indígenas el acceso a sus tierras ancestrales, constató Amnistía Internacional (AI) en el informe difundido este martes en Londres.
La organización defensora de los derechos humanos aludió como paso positivo a la ley de expropiación aprobada en 2014, para restituir sus tierras a la comunidad sawhoyamaxa, que durante dos décadas había vivido “en condiciones duras” junto a una carretera en la región del Chaco (norte).
Otros pueblos indígenas siguen luchando en Paraguay por sus tierras, aunque tienen sentencias a su favor de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, como los yakye axa que continúan “sin poder reasentarse en sus tierras” pese al acuerdo de enero de 2012 entre las autoridades y el propietario de las tierras.
La población indígena paraguaya asciende a 116.000 personas, apenas el 1,7 % del total.
AI aludió también a la querella criminal presentada en abril de 2014 en Argentina por la comunidad aché de Paraguay, amparándose en el principio de jurisdicción universal, “ante la persistente reticencia de las autoridades paraguayas a investigar” los crímenes cometidos contra ellos por la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-89).
La misma impunidad rodea el caso que supuso, en junio de 2012, la destitución del presidente Fernando Lugo: la matanza de once campesinos y seis policías en Curuguaty (nordeste), en un proceso por el que han sido procesados doce campesinos, que presuntamente emboscaron a los agentes.
Por la muerte de los campesinos “no se enjuició a nadie”, recordó AI, lo que “hacía temer que la investigación no fuera imparcial”.
Capítulo aparte en el informe merecieron los derechos de las mujeres y las niñas en Paraguay: la organización constató que seguía pendiente la reforma de la legislación contra la violencia sexual y que el aborto aún está “tipificado como delito en la mayoría de los casos”, incluso los de violación e incesto o cuando el feto sería “incapaz de sobrevivir fuera del útero”.
UH – EFE
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