El vicepresidente de la patronal venezolana, Carlos Larrazábal, denunció controles “sumamente agresivos”, por lo que pidió hacer lo mismo en las estatizadas. Ahora producen “nada o una fracción”, dijo.
El vicepresidente de la principal patronal venezolana, Carlos Larrazábal, denunció este domingo inspecciones “sumamente agresivas” en firmas privadas, y pidió al Gobierno hacer lo mismo en las expropiadas, que, aseguró, ahora producen “nada o una fracción”.
“Nos gustaría ver al Gobierno del presidente Nicolás Maduro inspeccionando a todas estas empresas tal como están inspeccionando las privadas para que vean las causas” del desabastecimiento que aqueja al país, dijo el directivo del gremio patronal Fedecámaras a la emisora Televen, de la red privada de televisión.
Larrazábal calculó que durante la Revolución Bolivariana, iniciada por el fallecido presidente Hugo Chávez (1999-2013) y continuada por Maduro, fueron expropiados “más de 1.400 establecimientos industriales”.
“La gran mayoría no está produciendo lo que se producía antes”, pese a que tienen en nómina “el doble” de personal; están produciendo “nada o una fracción” de los volúmenes contabilizados cuando eran empresas privadas, añadió Larrazábal.
Puso como ejemplo la ahora estatal metalúrgica Sidor, que antes de ser nacionalizada en 2008 producía 4,3 millones de toneladas de acero líquido, y ahora, aseguró, una cuarta parte de ese volumen.
Durante los últimos meses, Venezuela ha experimentado frecuentes ciclos de escasez y desabastecimiento de todo tipo de productos, lo que ha provocado largas filas en comercios, principalmente de alimentos y artículos de higiene personal.
Los empresarios del país defienden que la crisis se debe a las expropiaciones y también, entre otras causas, a los problemas en la asignación de las divisas -administradas en exclusiva por el Estado- para la importación de productos y materias primas.
Todo ello incide en que las industrias venezolanas tengan ociosas buena parte de sus capacidades instaladas, insistió.
El Gobierno responsabiliza a los empresarios de generar una “percepción” de escasez aguda para “irritar” a los venezolanos y generar una “guerra económica” con el objetivo de derrocarlo.
“Hay una campaña para tratar de demostrar esta supuesta guerra económica, buscando las causas del desabastecimiento en inspecciones sumamente agresivas, penalizando a los ejecutivos por tener uno, dos o tres días de inventarios; el Gobierno ni siquiera define cuánto es un inventario y qué significa acaparamiento”, declaró Larrazábal.
El vicepresidente de Fedecámaras agregó que el Gobierno presenta en la televisión estatal incautaciones de 30 toneladas de productos supuestamente acaparados, cuando tal cantidad se transporta en un único camión de reparto de mercaderías.
Además, añadió, esos productos supuestamente acaparados son confiscados “de forma sumarial”, sin que el empresario “pueda recibir alguna contrapartida”, y se les envía a quejarse en los tribunales, los cuales, subrayó, “no admiten ni procesan ninguna demanda contra el Gobierno”.
Una última denuncia en este sentido fue hecha por la empresa Alimentos Polar, que aseguró que seis de sus camiones fueron detenidos en las últimas horas por la Guardia Nacional Bolivariana (GNB, Policía militarizada) y “desviados ilegalmente de su ruta” hacia un centro de acopio de la denominada Distribuidora Socialista de Barinas (Disbasa).
En Polar, la más importante productora venezolana de alimentos, “nos esforzamos por producir para combatir la situación de escasez y desabastecimiento, pero acciones como esta rompen la planificación y distorsionan gravemente la cadena de distribución y comercialización. No vemos cómo esto puede ayudar a resolver la situación”, señaló en un comunicado su abogada, Carla Hernández.
Infobae – EFE
Foto: minci.gob.ve
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