El prosecretario de la Presidencia, el director Nacional de Derechos Humanos y el jefe de Policía Comunitaria declaran hoy.
Cuatro días después de que se conociera que los hombres sirios refugiados en Uruguay habían golpeado a sus familiares y de que desde el gobierno se solicitara un informe sobre la situación, el caso llegó a la Justicia. El prosecretario de la Presidencia, Diego Cánepa, el director Nacional de Derechos Humanos, Javier Miranda y el jefe de la Policía Comunitaria, Sergio Guarteche, deberán declarar hoy ante la jueza penal de 10º turno, Dolores Sánchez, confirmó la magistrada a El Observador.
La fiscal María Camiño solicitó ayer al mediodía a Sánchez que la Justicia investigue de oficio si, efectivamente, hubo violencia doméstica en las familias que llegaron al país en octubre. La fiscal estaba esstudiando solicitar el inicio de la investigación por ser información “de pública notoriedad”, informó la revista Caras y Caretas en su versión web.
“A raíz de la noticia publicada por El Observador el miércoles pasado, fue que pedí a la jueza una investigación. Por ese motivo, en la denuncia se incluye un ejemplar del diario y se detalla fecha y número de publicación”, dijo a El Observador.
Tanto Cánepa como Miranda y Guarteche deberán aclarar si estuvieron al tanto de situaciones de violencia doméstica en las cinco familias sirias que llegaron a Uruguay el 9 de octubre del año pasado.
Si bien el equipo que trabaja con esas familias en su adaptación aclaró en un informe pedido por el canciller Luis Almagro, que “no constan denuncias de violencia doméstica directas ni de vecinos”, el caso ya estaba en conocimiento de la Policía, según dijo Cánepa luego del Consejo de Ministros, el mismo día que se supo la noticia.
“Cuando hubo presunción por las características personales de un jefe de familia se procedió a alertar a la Policía Comunitaria y a ONGs”, explicó. Sin embargo, fuentes del Ministerio del Interior aseguraron que esa repartición de la Policía que depende tanto del Ministerio del Interior como de la jefatura cappitalina no fiueron alertados. La fiscal Camiño explicó que ese fue el motivo por el que pidió que se citara a declarar también a Guarteche.
Miranda, por su parte, fue el encargado de coordinar la llegada de los 42 sirios, que ya están viviendo en sus hogares definitivos, luego de haber permanecido un par de meses en Casa de Retiro San José de los Hermanos Maristas. La idea inicial del gobierno era que los refugiados llegaran en dos contigentes: el que vino en octubre, de 40 personas, y otro de 80 en febrero.
La llegada del segundo grupo se postergó y no solo eso, sino que, ante el conocimiento de las situaciones violentas y por problemas de adaptación de quienes ya viven en Uruguay, los próximos grupos serán menos numerosos y se aceptarán solamente a mujeres y niños, señalaron fuentes oficiales a El Observador.
Al tanto y no tanto
El presidente José Mujica, principal interesado en que niños sirios se instalaran en Uruguay, dijo no tener “denuncias concretas” sobre casos de violencia entre los refugiados pero admitió que sí existe información global de formas culturales que tienen en otras partes del mundo, entre ellas en Siria, en las relaciones del hombre con la mujer. Por su parte, la senadora Lucía Topolansky reconoció en una entrevista en El Observador TV que sabía que existían situaciones complejas entre las familias.
“En nombre del altísimo”
Veinticuatro horas después de que el gobierno confirmó que presentó una queja ante la embajada de Irán por el accionar del diplomático Ahmed Sabatgold, la representación iraní afirmó: “La divulgación de este tipo de noticias infundadas y falsas en la víspera del 36º aniversario del triunfo de la Revolución Islámica de Irán” tiene por objetivo “provocar un escenario de iranofobia y la degradación de la imagen internacional de la República Islámica de Irán”. Caratulada “En nombre del altísimo”, el comunicado no dijo nada del diplomático que se fue del país en diciembre.
El Observador
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