Diálogo, para superar bloqueos y motivaciones

El paisaje boliviano se tiñe de promontorios de tierra, piedras y troncos una vez más. Octubre, un mes históricamente convulso en Bolivia, ha comenzado con bloqueos de carreteras que afectan a diversas regiones, siendo el departamento de Santa Cruz uno de los puntos críticos. Si bien la protesta y la manifestación son derechos fundamentales de la democracia, es esencial considerar el impacto y las motivaciones detrás de estos bloqueos. ​

Hasta ayer, la red vial del departamento se encontraba interrumpida en cuatro ubicaciones específicas: en Cuatro Cañadas, dos puntos en Puerto Pailas y en Concepción. Los transportistas que están liderando esta acción de protesta demandan diversas mejoras, que incluyen la construcción de nuevas carreteras, la reparación de tramos intransitables, la instalación de balanzas para el pesaje de camiones, y la autorización para operar más estaciones de servicio a lo largo de las rutas. Parece un contrasentido que esta vez sean los propios transportistas los bloqueadores, siendo ellos víctimas perennes del corte de vías.

En Beni, los bloqueos también cobraron vigencia el mes pasado. Líderes cívicos y autoridades locales encabezaron estas acciones de protesta, alegando que el Gobierno ha estado posponiendo la aprobación para la construcción del puente binacional que conectará Guayaramerín con Guajará-Mirin, en Brasil. Sin embargo, en el último momento, grupos campesinos y gremiales alineados con el Gobierno optaron por no respaldar la protesta departamental cívica. Es evidente que hay un componente político en cada reivindicación sectorial.​

En lo que va del año, Bolivia ha sido testigo de decenas de bloqueos en todo el territorio nacional, causando pérdidas millonarias en diversas industrias y sectores económicos. La pregunta que surge es: ¿cuál es el costo de estas protestas y quién lo paga? Los bloqueos, en su esencia, buscan destacar problemas reales, pero el perjuicio siempre recae en la población más vulnerable y en la economía del país.

Detrás de estos bloqueos, a menudo subyace un trasfondo político evidente. Más allá de las reivindicaciones justas y los reclamos legítimos de sectores marginados, se percibe una intención clara de perjudicar la gestión de ciertas autoridades o de socavar a adversarios políticos. En muchos casos, los bloqueadores son movilizados desde otras regiones para participar en las protestas, lo que suscita interrogantes sobre quiénes financian y organizan estas manifestaciones.

Es crucial recordar que los bloqueos de caminos no solo afectan a la economía, sino también a la vida cotidiana de la población. El acceso a bienes esenciales, la atención médica y la educación se ven interrumpidos. Las comunidades se sienten atrapadas en el conflicto, sin voz ni voto en las decisiones que afectan sus vidas.

Si bien el derecho a la protesta es innegable, es necesario buscar métodos de expresión que no perjudiquen a la población ni al país en su conjunto. El diálogo y la negociación deben ser las herramientas preferidas para abordar los problemas y encontrar soluciones. Bolivia merece una democracia en la que las diferencias políticas se resuelvan de manera pacífica y constructiva, en lugar de perpetuar un ciclo de bloqueos y confrontaciones.

En conclusión, los bloqueos de caminos en Bolivia, especialmente en Santa Cruz, son un tema complejo que exige una reflexión profunda. Es esencial equilibrar el derecho a la protesta con la responsabilidad de no causar daño innecesario a la población y a la economía. El país necesita un enfoque más dialogante y colaborativo para superar sus desafíos y avanzar hacia un futuro mejor.