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Sáb. Nov 23rd, 2024
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Por el caso, fueron imputadas 17 personas que serán juzgadas en un juicio oral (Télam)

Por el caso, fueron imputadas 17 personas que serán juzgadas en un juicio oral (Télam)

El juez federal Ariel Lijo dictaminó que la causa que investiga a una Escuela de Yoga Buenos Aires (EYBA) que funcionaba en el barrio porteño de Villa Crespo con características similares al funcionamiento de una secta sea elevada a la instancia de un juicio oral. Por los delitos de asociación ilícita, trata de personas con fines de explotación sexual y lavado de activos fueron procesadas 17 personas.

De esta manera, la Justicia rechazó los pedidos sobreseimiento y la nulidad de las imputaciones que presentó la defensa de los acusados y ordenó la clausura parcial de la investigación a raíz de una solicitud realizada por el fiscal federal Carlos Stornelli y la fiscal federal de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX).

El magistrado argumentó la decisión por medio de una resolución, en la que reiteró las imputaciones a los investigados por “haber formado parte de una organización delictiva con rasgos de secta de naturaleza espiritual”. Bajo esta modalidad, señaló que la asociación “captaba personas mediante engaños o aprovechamiento de su situación de vulnerabilidad”.

Según la información obtenida por Télam, el escrito judicial planteó que el objetivo detrás de esta institución era explotar a sus miembros, obtener un beneficio económico y construir un culto alrededor de su líder. Además, apuntó que se buscaba “promover una estructura ilegal de negocios en la República Argentina y en los Estados Unidos de América”.

El edificio en donde funcionaba la Escuela de Yoga Buenos Aires (EYBA) de Villa Crespo (Télam)

El edificio en donde funcionaba la Escuela de Yoga Buenos Aires (EYBA) de Villa Crespo (Télam)

En este sentido, la organización contaba con un aproximado de 179 alumnos distribuidos en las diversas sedes ubicadas Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), Las Vegas, Chicago y Nueva York, en donde les otorgaban un rango. Asimismo, la investigación reveló que la existencia de varios centros les permitía “otorgar apariencia lícita a los fondos obtenidos como productos de sus actividades, con el único fin de enriquecerse y obtener influencias y/o coberturas para sus líderes”.

Las características de la escuela que coincidirían con una secta, el juez indicó que esta contaba con una estructura vertical, en donde cada número asignado tenía un significado diferente como, por ejemplo, el 4 correspondía a un “ser humano filosóficamente equilibrado”; 5 equivaldría a un “genio”; el 6 a un “santo”; y el 7 a un “ángel”.

Por otro lado, la Justicia verificó que los alumnos eran sometidos a un proceso de despersonalización, una vez que eran admitidos en la organización. Aparentemente, la captación de los nuevos miembros se realizaba en la Clínica CMI Abasto, la empresa de coaching “BA Group” y en las clases que se deban en el Café de la sede central de la institución.

Parte del botín secuestrado durante los allanamientos realizados en el marco de la investigación (Policía Federal Argentina)

Parte del botín secuestrado durante los allanamientos realizados en el marco de la investigación (Policía Federal Argentina)

De acuerdo con la pesquisa, en la cima de la organización se encontraba un hombre identificado como Juan Percowicz, quien era apodado como “el ángel”, “maestro” o “papi”. En cuanto al nivel de influencia que este poseía por sobre los integrantes de la escuela, los testigos contaron que cuando llegaba al edificio “era como si llegara el mismísimo Dios, todos acudían a él, había abrazos, besos, toqueteos”.

Por este motivo, Percowicz fue acusado de ser uno de los presuntos tres líderes junto a otras dos mujeres llamadas Marcela Sorkin y Susana Barneix, debido a que en los allanamientos se incautaron más de un millón de dólares en sus domicilios. Asimismo, los imputados no pudieron declarar el monto secuestrado, debido a la actividad declarada que supuestamente cumplía la escuela ante la AFIP.

Como consecuencia de las pruebas obtenidas en la investigación realizada por la PROTEX, el juez ratificó que logró comprobarse que los acusados “lograron montar una estructura económica basada principalmente en las ganancias obtenidas a partir de la explotación sexual de, por lo menos, siete alumnas”. Estos ingresos habrían sido utilizados para mantener sus gastos, inversiones, compras y viajes personales.

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