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Jue. Nov 21st, 2024
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No es posible que las pocas sentencias hayan sido a instancia de parte y de un puñado de abogados, asegura defensor de los DDHH. No solo no recibieron condena; incluso fue condecorado uno de ellos.

Deuda histórica. La Comisión Verdad y Justicia identificó luego de varios años de investigación a 448 torturadores de la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-1989), sin embargo, solo ocho de ellos llegaron a ser condenados en democracia por violaciones a derechos humanos.

A más de 25 años del golpe de Estado que derrocó a Stroessner, el debate sobre la impunidad de los responsables de torturas y desapariciones forzosas se reavivó días atrás con el homenaje que hizo la cúpula policial y el ministro del Interior, Francisco de Vargas, al comisario retirado Eusebio Torres.

Se trata de uno de los principales torturadores a presos políticos en el departamento de Investigaciones de la Policía durante la dictadura, según decenas de testimonios de víctimas de la época. Días después del acto de reconocimiento a Torres, De Vargas pidió perdón y afirmó que todo fue un “error involuntario”.

A raíz de la casi nula respuesta de la Justicia paraguaya, el equipo jurídico del ex juez español Baltasar Garzón presentó, en representación de la Comisión Verdad y Justicia, ante el juez de primera instancia de Argentina Norberto Oyarbide, una demanda penal en contra de 18 personas por crímenes cometidos durante el gobierno stronista.

A INSTANCIA DE PARTE. Rodolfo Aseretto trabajó como abogado del Comité de Iglesias para Ayudas de Emergencia (Cipae) durante más de 20 años, desempeñándose como defensor de detenidos durante la dictadura y luego como querellante a represores.

El abogado destacó que las pocas condenas que se lograron fueron a instancia de parte, es decir, que se obtuvieron por las acciones judiciales impulsadas por las víctimas de los crímenes.

“Yo califico al fiscal general como una persona poco preocupada en aclarar estos crímenes. No es posible que las pocas sentencias hayan sido a instancia de parte y de un puñado de abogados. Terminaron los procesos para estas personas”, señaló.

También cuestionó que varios abogados que tenían sueldos de la Policía Nacional ejercieron la defensa de los torturadores querellados. “Esto te da la pauta de que no hubo una directriz firme en las altas instancias policiales”, aseguró. Aseretto comentó que está acompañando la demanda penal planteada ante el juez argentino Oyarbide.

“El 28 de agosto del 2008, la Comisión Verdad y Justicia entregó su informe final a todos los poderes del Estado, incluso la Fiscalía, pero la Fiscalía no movió un dedo para proseguir los ya existentes o para iniciar nuevos casos. Esto nos da la pauta de que no existe interés real (…). Esta circunstancia da pie a que se planteen acciones en otros países por el tema de la universalidad de los derechos humanos, ya que los derechos humanos corresponden a todas las personas, en todo tiempo y en todo lugar”, indicó.

Una de las particularidades de la lista de condenados es que ella incluye a un civil, siete miembros de la Policía y solo un militar, el general Alcibiades Brítez Borges. Este último fue condenado por su rol como jefe de Policía en el secuestro y muerte de Mario Schaerer Prono por parte del gobierno, en 1976.

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