La Operación Lava Jato se inició con un objetivo limitado: frenar cambistas que trabajan con el intercambio ilegal. Pero, finalmente llegar al corazón de la mayor empresa brasileña, Petrobras, y algunos de los principales contratistas en el país.
En poco más de un año y medio, la investigación llevó a la apertura de 75 investigaciones policiales y 15 procesamientos realizados por un grupo de trabajo formado por la Policía Federal y el Ministerio Público de la Federación.
También se procedió a través de 56 procesos secretos, casi todos consistentes en intervenir teléfonos secretos, mensajes, cuentas bancarias y fiscales.
Los 146 procedimientos son responsabilidad del juez federal Sergio Moro, que también opera en docenas de recursos y cuestiones de procedimiento, como pertenencias incautadas por los federales o recursos contra los bienes de la subasta.
Al abrir múltiples causas, Moro y el grupo de trabajo tratan de impedir la formación de grandes procesos lentos y costosos.
El tema de los contratistas se trata de un conjunto de 23 causas. En este grupo de gigantes como Odebrecht y Petrobras, proveedores de servicio de tamaño medio, pueden haber cometido delito y se convierten en piezas importantes en el conjunto.
Otro bloque de 25 investigaciones, se encarga de los cambistas y los envíos ilegales de operaciones en el exterior por contratos de cambio ficticios, en el que la empresa simula la compra de materiales en el exterior que en realidad nunca llegan. Solo sirven para justificar la salida de dólares.
Unoticias – minutouno
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