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Vie. Nov 22nd, 2024
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El senador por el Partido Nacional, Jorge Gandini, asegura que él y el gobierno están “expectantes” ante la posible imputación con varios delitos contra el exsenador del Partido Nacional, Gustavo Penadés, quien está acusado por un gran número de personas por delitos de presunta explotación sexual de menores.

Para Gandini, “sería una gran decepción que nos hubiera mentido”, pero pidió que haya cautela a la hora de ver y analizar el caso de Penadés, quien ha afirmado que vendería su caso a Netflix y se haría rico. “Todavía no tenemos un fallo judicial (…) “Obviamente sería una gran decepción para muchos de nosotros que nos hubiera mentido, porque nos dijo en la bancada que todo era mentira. Veremos qué dice la Justicia”.

Gandini mira a Penadés como “un actor fundamental” en la política, por lo que “eso era lo que hacía no inmediatamente descreer, pero sí que íbamos a esperar que los hechos hablaran”.

Se apresuró a decir que el caso de Penadés, de ser confirmado el accionar delictivo que se le señala, “no afecta” al Partido Nacional: “No es una conducta ni colectiva, ni partidaria, ni política, es personal”. Gandini reconoció que a quienes conocen al exsenador esta situación les “sorprende” y “afecta”.

Gustavo Penadés insiste en su inocencia pero la Fiscalía pedirá prisión

Gustavo Penadés se encuentra en el ojo de la tormenta después de ser públicamente denunciado por abuso sexual por Romina Celeste, una militante del Partido Nacional. Esta acusación se produjo sobre presuntos hechos acaecidos antes de que ella cambiara de género a los 13 años, y desde entonces, su nombre ha estado en el centro de una creciente controversia.

En cuestión de semanas, otro nombre surgió en relación con el caso: Sebastián Mauvezín, quien fue señalado como el “nexo” entre Penadés y las víctimas. Para ese momento, al menos cinco menores ya habían hablado con la fiscal Alicia Ghione y compartido historias similares a las denuncias públicas de la militante blanca.

La Fiscalía ha estado siguiendo de cerca este caso, centrándose en escuchar a los denunciantes, que hasta ahora suman 11 personas. El proceso ha implicado la reconstrucción de sus testimonios y la presentación de evidencia ante la jueza de garantía para reunir los elementos necesarios antes de formalizar la investigación. Este es el último paso antes de llegar a la fase del juicio oral y público, ya que ni la defensa de Penadés ni la fiscal Ghione están dispuestos a aceptar un acuerdo abreviado.

Actualmente, el equipo fiscal a cargo de la investigación está finalizando el análisis de las pericias de los teléfonos de Penadés y Mauvezín, transcribiendo las conversaciones telefónicas y esperando la información solicitada a la empresa Meta, propietaria de Instagram y Facebook. Esta información concierne a los chats proporcionados por las víctimas, que difieren de los que circularon en las redes sociales.

En una conferencia de prensa, la fiscal Ghione aclaró que estas conversaciones no forman parte de la carpeta de evidencia y aún se debe determinar su autenticidad a través de peritajes. Ghione también explicó que, al ser una compañía extranjera, Meta no está obligada a proporcionar esta información, aunque la Justicia uruguaya generalmente ha recibido cooperación en casos de delitos sexuales al solicitar datos.

A pesar de las idas y venidas legales, que algunos sugieren podrían ser estrategias de la defensa para ganar tiempo, se espera que la Fiscalía solicite la prisión preventiva para Penadés en la audiencia de imputación. Esto se justificaría por dos razones principales:

En primer lugar, la ley 9155 del Código Penal establece que la prisión preventiva es necesaria cuando “exista una circunstancia coercitiva” sobre la víctima, independientemente de su género. Según los relatos de las víctimas, Penadés habría utilizado su posición como legislador y dirigente político para ejercer presión y hacer promesas laborales a cambio de actos sexuales, además de proporcionar dinero a cambio de los mismos.

La segunda razón se relaciona con las situaciones confusas que han rodeado a las víctimas desde el inicio del caso, incluyendo amenazas tanto a los denunciantes como a sus familias. Estas amenazas se han documentado a través de conversaciones en Instagram y llamadas telefónicas. Incluso se reportó que la madre de un menor de 16 años recibió un mensaje que amenazaba con quitarle la patria potestad de su hijo si testificaba contra Penadés.

Basándose en estas razones, y teniendo en cuenta el número significativo de víctimas que han presentado denuncias, Ghione planea solicitar la imputación con prisión preventiva por un período de 180 días. La decisión final recaerá en manos de la Justicia, que evaluará si existen méritos para conceder la solicitud de la Fiscalía o si se adoptará otra medida cautelar.

Fuente de esta noticia Diario LARED21 Digital Uruguay.


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