El secretario de Justicia de la Nación, Julián Álvarez, lo señaló como uno de los magistrados “más cuestionados de la Justicia Federal”, lo acusó de querer “montar un escudo” mediático, y vinculó los allanamientos en la Inspección General de Justicia y de las oficinas vacías de la empresa Hotesur con el avance de las causas en su contra en el Consejo de la Magistratura.
Para Julián Álvarez, detrás de las medidas judiciales más mediáticas ejecutadas por Bonadio, se encuentra la intención de desviar la atención sobre las mencionadas investigaciones.
“Bonadio viene montándose un escudo frente a los nueve expedientes de destitución que tiene el Consejo de la Magistratura”, aseguró el funcionario nacional y señaló que el juez “es uno de los más cuestionados de la Justicia federal”.
La semana pasada, mientras se realizaba el plenario del Consejo de la Magistratura para elegir a sus nuevas autoridades, Bonadio realizó allanamientos injustificados a la empresa Hotesur S.A. y a la Inspección General de Justicia, para retener documentación que podría haber solicitado de una manera “menos mediática” y que ya tenía en su poder, agregó el funcionario.
Este accionar de Bonadío se replica en los nueve expedientes abiertos en su contra por mal desempeño, entre los que se destacan los casos de la defraudación contra el Estado Nacional durante la privatización de Tandanor, las presuntas irregularidades en créditos a la Curtiembre Yoma y otras tres causas relacionadas con el accidente ferroviario de Once, entre otras.
El 20 de marzo último, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura citó a Bonadio por acusaciones de “mal desempeño” en los dos primeros casos antes citados.
Sus supuestas “excesivas e injustificadas demoras” habrían motivado “la prescripción de las causas”, generando “con su conducta morosa y negligente un grave perjuicio al Estado”.
Ese mismo día, el magistrado dispuso la elevación a juicio de una causa contra el ex secretario de Comercio Interior Guillermo Moreno, a quien acusó “del delito de abuso de autoridad”.
Este accionar se replicó también el 8 de agosto pasado cuando el juez dictó el procesamiento del vicepresidente Amado Boudou por presuntas irregularidades en la transferencia de un automóvil.
El día anterior, la Comisión de Disciplina y Acusación del Consejo de la Magistratura había aprobado la citación de Bonadío por su actuación en la causa en la que se investigó el contagio de cientos de pacientes con SIDA.
En este caso, el magistrado está acusado de demorar en forma injustificada un expediente, que finalmente prescribió, en el cual se investigó la adulteración de un medicamento suministrado a hemofílicos que padecieron por ello HIV y hepatitis, y por el cual muchos de ellos murieron.
Una de las principales causas por la que es investigado Claudio Bonadio, ahonda sobre su desempeño en la llamada causa del astillero “Tandanor”, por la indebida extensión del plazo para la elevación a juicio del expediente.
El juez fue denunciado ante el Consejo de la Magistratura por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 5, dado que todos los acusado por defraudación al Estado en la venta del principal astillero público terminaron sobreseídos por el vencimiento de los plazos procesales que produjo Bonadio.
Según consta en el expediente, en agosto 1999, se presentó una denuncia penal cuando el consorcio Marítimos S.A., holding que adquirió el astillero, dejó de cumplir con los pagos previstos en el pliego de privatización, justo cuando el magistrado investigado integraba la Secretaría Legal y Técnica del gobierno de Carlos Menem.
Ya como juez a cargo del Juzgado Nro. 11, Claudio Bonadío recibió el expediente en 2003 y 2006 se dio por concluida la investigación, pero el Ministerio de Defensa; la Oficina Anticorrupción (ambos como querellantes) y la Fiscalía Nacional en lo Criminal y Correccional Federal Nro. 4, requirieron la elevación de la causa a juicio oral.
Sin embargo, el auto de elevación a juicio se materializó tres años después de los requerimientos de los querellantes y la Fiscalía, sin que durante ese lapso hubiere mediado impulso procesal alguno por parte del magistrado.
Idéntica situación afronta en la causa “Yoma”, en la que se investigaba a la curtiembre de esa familia por defraudar a la administración pública a través del acceso a un régimen de promoción industrial que luego utilizaban como garantías de préstamos.
En la causa Tandanor, Bonadio es investigado por una demora injustificada en el desarrollo de la etapa de instrucción, que permitió la prescripción de la acción penal.
Estas dos causas se están tramitando en conjunto en el Consejo de la Magistratura, y hay pendiente de resolución existe un pedido de apertura del procedimiento de remoción del juez con inmediata suspensión en sus funciones.
Diego Lorenzo Sanoguera denunció que en el juzgado a cargo de Bonadio recibió malos tratos cuando en reiteradas oportunidades se presentó para solicitar un certificado de sobreseimiento.
Bonadio también tuvo una actuación mediática durante el proceso judicial que investigó el accidente ocurrido en la estación de Once el 22 de febrero de 2012, de donde se desprenden tres denuncias en su contra.
Una de ellas, fue la presentación del Dr. Andrés Marutián, defensor de Ricardo Jaime, que acusa a Bonadío por mal desempeño y abuso de autoridad, en virtud de que el magistrado resolvió rechazar in límine un pedido de exención de prisión de su defendido sin dar intervención al Fiscal de la causa, e incurrió en una demora injustificada en la elevación del incidente de apelación de la resolución denegatoria de la libertad.
Al mismo tiempo, el abogado de la querella mayoritaria de damnificados por el accidente, el Dr. Gregorio Dalbón, denunció que asistió a numerosos actos procesales que dan muestra de un comportamiento arbitrario por parte del juez, a quien acusó de utilizar la `causa once´ para fines propios y no para la búsqueda de la verdad.
El letrado argumentó su denuncia por mal desempeño en que el juez incurrió en un sistemático comportamiento que lesiona los principios del debido proceso legal, imparcialidad y defensa en juicio, todo lo cual configura el mal desempeño.
El mismo Dalbón presentó otra demanda contra el juez federal, entendiendo que utilizó su poder jurisdiccional como herramienta para imputar arbitrariamente a bomberos, policías y socorristas, a los fines de deslindarse de responsabilidad en el hallazgo tardío del cuerpo de Lucas Menghini Rey.
Según el abogado querellante, el magistrado ordenó a los bomberos y socorristas que cesaran la búsqueda del joven, quienes ofrecieron métodos alternativos de rescate para no afectar la escena del hecho, y el juez volvió a negarse a continuar la búsqueda.
Con posterioridad -y en virtud de la repercusión mediática alcanzada por el caso- imputó a bomberos y policías por incumplimiento de deberes de funcionario público, y los llamó a prestar declaración indagatoria.
En este marco, el senador nacional Aníbal Fernández (Frente para la Victoria) manifestó que un procedimiento como el ordenado por el juez federal Claudio Bonadio “no se hace en ningún país del mundo”, y definió la actuación del magistrado como “un gesto falto de decoro”.
En declaraciones al programa ‘El fin de la metáfora’ de radio Nacional Rock (FM 93.7), el senador kirchnerista calificó como “una estupidez” las supuestas irregularidades que pudieran surgir del expediente en el que se investigan los balances de la empresa Hotesur.
Por su parte, la titular del bloque de diputados oficialistas, Juliana Di Tullio, sostuvo que “lo que ocurrió con un juez federal alineado con el Frente Renovador desenmascara quiénes están detrás de esta persecución”.
Télam
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