El 2022 fue otro año de constante violencia contra defensores del medio ambiente y activistas por la defensa y protección de la tierra en Colombia. Así lo reportó la Ong Global Witness, que en su más reciente informe sobre este particular indica que en nuestro país fueron asesinados 60 de los 177 ambientalistas que durante ese año perdieron la vida en el planeta. En este gris panorama también resaltan Brasil con 34, México 31 y Honduras 14. En países más allá de nuestra región también se reportan estos crímenes, destacando entre ellos Filipinas con 11.
Llevando la mirada a lo ocurrido entre los años 2012-2022 Colombia acumula 382 asesinatos, Brasil 376, Filipinas 281, México 185 y Honduras 131. Guatemala, India, la República Democrática del Congo, Nicaragua y Perú, todos ellos acumulan entre 50 y 100 asesinatos entre 2012 y 2022.
El reporte es alarmante: día por medio un activista de estas causas fue asesinado al oponerse a proyectos extractivistas –mineros y otros–, la deforestación, los monocultivos, la construcción de represas, y otros proyectos similares. El 88 por ciento de los crímenes ocurrieron en América Latina, de ellos 30 en la región amazónica.
Es claro, por tanto, que las comunidades indígenas son las que más padecen agresiones contra su integridad y vida, toda vez que sufrieron el 34 por ciento de los atentados durante el 2022, no obstante representar sólo el 5 por ciento de la totalidad de quienes habitan nuestro planeta.
El informe recuerda que las altas cifras que reporta Colombia ocurren a pesar de ratificar “[…] en octubre de 2022 un importante acuerdo regional jurídicamente vinculante que obliga al Gobierno a prevenir e investigar los ataques contra personas defensoras, esta cifra casi duplica el número de asesinatos registrados en 2021”, lamentan desde la organización independiente.
Para nuestro país, en todo caso, no queda claro si la alta cifra de asesinatos ocurrieron antes de tomar las riendas del país el gobierno que lidera Gustavo Petro, o entre agosto y diciembre. Pero, más allá de ello, tal tendencia debería empezar a descender toda vez que el 22 de octubre del año anterior fue ratificado el Acuerdo de Escazú, tratado internacional de América Latina y el Caribe, que establece “[…] la protección, restauración y gestión sostenible de la biodivesidad”, así como el primero que incluye disposiciones sobre los defensores del medio ambiente.
Denuncia esta Ong que ante toda esta situación la impunidad es la nota predominante, ya que son muy pocos los criminales llevados ante la justicia. Una realidad imperante por investigaciones engabetadas o con pocos o nulos resultados. Shruti Suresh, codirectora de campañas de Global Witness, enfatiza sobre este particular: “Durante demasiado tiempo, los responsables de ataques letales contra defensores se han salido con la suya”, por lo que es urgente poner en marcha acciones mancomundas en los planos local, regional y global para poner fin a esta realidad.
Un aspecto relevante de la acción investigativa que da pie al reporte anual desde el 2012 es que establece el vínculo de empresas y multinacionales con lo sucedido. Es así como relaciona en esta violación a los derechos humanos y acciones destructoras del medio ambiente a empresas con sede en países que se precian de ser respetuosas de la democracia, los derechos humanos y la naturaleza, como Reino Unido, la Unión Europea y los Estados Unidos.
El documento entregado por la Global Witness como una acción de presión ante los gobiernos del mundo que se reunirán el próximo mes de noviembre en Emiratos Árabes Unidos para la COP28 de cambio climático, donde se evaluarán los avances alcanzados desde el 2015, una vez suscrito el Acuerdo de París.
Fuente de esta noticias es del Diario Desde Abajo Colombia: Leer más