Chile Transparente ve con preocupación cómo en nuestro país nos hemos ido acostumbrando a que los partidos sean las instituciones peor evaluadas por la ciudadanía. Este año, solo un 6% de los encuestados en el Estudio Nacional de Opinión Pública del CEP indicaban tener confianza en los partidos. Casi nadie. Asimismo, el Índice de Transparencia en Partidos Políticos 2014 mostraba brechas significativas también: de un máximo de siete puntos en 22 indicadores de transparencia, los partidos alcanzaron solo un promedio de 2,7, mostrando déficits importantes acerca de la información que entregan sobre su financiamiento y sus posiciones programáticas.
Viendo en la contingencia una oportunidad para avanzar, Chile Transparente ha entregado al Ejecutivo un conjunto de propuestas sobre reformas que apuntan a cuatro objetivos: i) fortalecer a los partidos en el rol insustituible que les corresponde en democracia; ii) proponer un nuevo esquema de financiamiento para la política; (iii) establecer estándares obligatorios de transparencia para los partidos, y (iv) modernizar el sistema de la fiscalización.
Los partidos políticos necesitan financiamiento para poder operar. Acorde con los balances publicados en el Servel, en 2011, año no electoral, el PS disponía de un promedio de ingresos mensuales de $60 millones, seguido por la UDI ($51 millones), el PC ($19 millones), el PPD ($15 millones), la DC ($9 millones) y RN ($5 millones); el resto de los partidos disponía de menos recursos. En otras palabras: mirando sus finanzas, los partidos -con excepción de unos pocos- se parecen más a microempresas que a instituciones que tienen una función pública y una misión “trascendental” para el régimen democrático.
Para mejorar la calidad de la política, Chile Transparente considera imprescindible establecer financiamiento público permanente para los partidos, acorde al arraigo que tengan en la ciudadanía. Como contrapartida, la ley debería fijarles estándares obligatorios de transparencia, siguiendo el esquema de la Ley de acceso a la información pública (20.285). Quienes no cumplieran con estas obligaciones, deberían recibir porcentualmente menos aporte fiscal por cada punto de incumplimiento.
La ausencia de información sobre el financiamiento de los partidos abarca no solamente los aportes privados que reciben, sino también sus inversiones. En 2011, algunos partidos tuvieron activos cuyo valor libro se movía entre $8.738 millones (US$ 18,1 millones) y $1.500 millones (US$ 3,1 millones). Consideramos importante establecer un desglose obligatorio para los balances de estas colectividades, con cuentas contables unificadas que hagan comparable la información financiera de los partidos.
A la luz de lo ocurrido en Alemania en 1999, cuando se descubrió un sistema de cuentas bancarias paralelas que mantenía un partido alemán, también es evidente la necesidad de (i) establecer sanciones significativas tanto para donantes como para donatarios que usen vías ilegales para financiar la política, junto con (ii) simplificar y unificar los canales bancarios por los cuales los partidos puedan recibir aportes privados.
Ligadas a los partidos políticos están las instituciones que se dedican a elaborar propuestas de políticas públicas. Estas instituciones también deberían incluirse en el paquete de reformas planteadas. Hoy no cuentan con un marco regulatorio claro, a diferencia de lo que sucede, por ejemplo, en Alemania.
En resumen, para que la transparencia no sea solo una “trampa de gatopardo” en este paquete de reformas políticas, queremos invitar a todos los actores políticos a concordar con sentido común nuevos estándares de probidad y transparencia. Estos deberían facilitar las buenas prácticas en la política a través de un sistema de incentivos positivos y negativos, y deberían apuntar a establecer ante todo transparencia en la relación entre dinero y política.
José Antonio Viera-Gallo
Alberto Precht
Jeannette Von Wolfersdorff
Chile Transparente
Fuente: elmercurio.com
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