La investigación ha revelado una trama criminal que involucraba a las autoridades locales, pero sigue sin saber qué sucedió con los 43 “normalistas”.
Por Protestante Digital
Cada día México despierta con noticias sobre la impactante desaparición de 43 estudiantes en Iguala y la creciente sospecha de su asesinato ordenado por una trama criminal que involucraba a autoridades, y agentes de la ley de la zona. Sin embargo, la pregunta más importante sigue sin respuesta: ¿dónde están los normalistas desaparecidos?
Esta semana, el Procurador General de México (fiscal) Jesús Murillo Karam dio una rueda de prensa para dar detalles del avance de la investigación sobre lo sucedido en Iguala, Guerrero, la noche del 26 de septiembre, cuando seis personas murieron y 43 más desaparecieron.
La exploración de nueve fosas comunes tiene en vilo a los amigos y familiares de los desaparecidos. Hasta el momento se han hallado treinta cuerpos, los cuales todavía esperan una verificación total con muestras de ADN que están a cargo de un gabinete especializado.
Las autoridades, por el momento, han detenido a 52 personas, en su mayoría agentes de la policía de las poblaciones de Iguala y Cocula.
SIN NOTICIAS DEL ALCALDE
El Procurador General confirmó que los autores intelectuales de la desaparición de los estudiantes son el ex alcalde de Iguala, José Luis Abarca, y su esposa María de los Ángeles Pineda Villa, quienes se encuentran prófugos. Según el Procurador, ambos trabajaban directamente con el grupo Guerreros Unidos, una organización paralela que dictaba su propia ley en el lugar. Ángeles Pineda era la “principal operadora” de esta organización criminal en Iguala.
UNA TRAMA CRIMINAL
Abarca entregaba alrededor de tres millones de pesos mensuales (unos 175.000 euros) a los Guerreros Unidos, de los cuales al menos 600 mil pesos (35.000 euros) se destinaban como pago adicional de la nómina de la policía municipal.
También refrendó -como había adelantado los medios- que dos de los hermanos de María de los Ángeles Pineda trabajaban para el cártel de los Beltrán Leyva, uno de los más poderosos de la zona.
Un antecedente importante para entender lo que ocurrió es que en junio de 2013, María de los Ángeles Pineda Villa había sido “agredida” durante “un conflicto entre personas afines al alcalde y el grupo Unión Popular Emiliano Zapata”, entre quienes había normalistas de Ayotzinapa.
RECONSTRUCCIÓN DE LOS HECHOS
Ese viernes -sigue el relato del Procurador- a las 6 de la tarde, estudiantes de la normal “abordaron dos camiones en Ayotzinapa, los cuales los obtuvieron en Chilpancingo, y de ahí partieron con destino a Iguala”. A ese municipio llegaron hacia las 9 de la noche, donde “toman dos unidades adicionales. Hubo resistencia del chofer de una tercera unidad y resultó lesionado”. Al parecer una mujer también resultó herida cuando los estudiantes se apoderaron de los buses.
A partir de ahí los eventos se aceleraron. “Según testimonios, los “halcones” -informantes de Guerreros Unidos- y elementos de la policía de Iguala, reportan al Centro de Control de Iguala el arribo de estudiantes de Ayotzinapa y algunas otras personas”, indicó el Procurador.
Lo que asumen tanto funcionarios como integrantes de los Guerreros Unidos es que los estudiantes se dirigían al centro de Iguala a sabotear la presentación del informe de gobierno que realizaba el alcalde acompañado de su esposa.
“En las declaraciones de los detenidos se precisa que, pensando que podría repetirse el escenario de conflicto que se vivió en junio de 2013, se les ordena reaccionar y pedir apoyo a la policía de Cocula. El encargado del centro de control de Iguala declara que la orden de enfrentar a las personas viene de parte del A-5, clave que se usaba para identificar al alcalde de Iguala”.
Empieza, entonces, la persecución contra los estudiantes. “Entre ambas policías bloquean la carretera y evitan el desplazamiento de los autobuses en los que se movían los estudiantes. En este primer incidente un policía municipal priva de la vida con arma de fuego a uno de los normalistas”, explicó el procurador. Algunos de los jóvenes logran escapar en un bus. Es en ese momento que, tanto los policías como los sicarios de los Guerreros Unidos, se confunden y atacan el autobús en el que se transportaban los integrantes del equipo de fútbol Los Avispones de Chilpancingo. Al menos dos personas mueren ahí: un futbolista y el conductor del bus.
“Minutos después detienen al camión que se había escapado y que transportaba estudiantes”. Luego “el grupo de normalistas es ingresado a la Central de la policía de Iguala y tiempo después son sustraídos de esta dependencia por policías del municipio de Cocula, quienes actuaban en complicidad con los de Iguala”.
La maniobra revela la comodidad con la que la organización criminal operaba no solo en Iguala, sin en la vecina Cocula: “Se tiene acreditado que el subjefe de la policía de Cocula, César Nava, estaba también a las órdenes de Guerreros Unidos”.
“La policía de Cocula trasladó al grupo de detenidos a un paraje entre los límites de Iguala y Cocula y ahí son entregados al grupo de Guerreros Unidos en presencia de policías municipales de Iguala. En ese momento un grupo de personas en el que se presume estaban algunos estudiantes son subidos a una camioneta de redilas y toman un camino de terracería que los lleva hacia la zona de Pueblo Viejo”.
Pueblo Viejo está situado en zona rural de Iguala, a unos 20 minutos en vehículo de la población. Allí, en las estribaciones de una montaña, fue donde se encontraron las nueve fosas clandestinas con 30 cuerpos calcinados.
DETENCIONES Y DIMISIONES
La captura, el 18 de octubre, de Sidronio Casarruvias, uno de los jefes de los Guerreros Unidos, fue lo que permitió completar el rompecabezas de lo que ocurrió esa noche.
“En esta coyuntura Sidronio Casarruvias, líder máximo de Guerreros Unidos, es contactado por su lugarteniente, conocido como “El Gil”. Este último reporta vía mensaje celular los conflictos que se estaban suscitando en Iguala atribuyéndolos al grupo delictivo contrario (Los Rojos, con quienes mantienen una cruenta confrontación)”.
“Ante ellos Sidronio Casarruvias da su aval a las acciones para la defensa de su territorio de influencia en Iguala”.
De nuevo, todas las pistas y testimonios conducen a la montaña de Pueblo Viejo donde se encontraron las fosas comunes. El propio Murillo Karam había dicho que, según los primeros análisis, los cadáveres allí encontrados no eran de los normalistas. Sin embargo, en su rueda de prensa de este miércoles introdujo un elemento de duda:
“En estas fosas se han realizado dos exámenes periciales. El primero de ellos (…) basado en las muestras genéticas otorgadas por la Fiscalía General de Guerrero. Los resultados de este primer examen han resultado negativos (…). El tercer peritaje está siendo realizado por forenses argentinos. Ellos realizaron muestras directas a los familiares de los estudiantes y estamos en espera de sus resultados. Estos serán fundamentales para corroborar o no la muestra que nos fue entregada por la fiscalía guerrerense”.
Es decir, todavía no se puede descartar de manera definitiva que los 30 cuerpos hallados en las nueve fosas comunes pertenezcan los estudiantes. El gobernador de Guerrero, Ángel Aguirre, ha anunciado este jueves su dimisión ante los hechos terribles ocurridos el 26 de septiembre que continúan sin resolver del todo.
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