Pacto azulgrana en Diputados salva de intervención a tres intendentes

En un abierto contubernio, que unos pocos legisladores críticos describieron un “pacto de delincuencia”, ayer en sesión ordinaria de la Cámara de Diputados se rechazó el pedido de intervención a la gestión de la intendenta de Valenzuela, Mirtha Fernández (PLRA, dionisista), acusada penalmente y a espera de juicio; del imputado intendente de Puerto Casado, Hilario Adorno (ANR, HC), y del jefe comunal de Ñemby, Tomás Olmedo (ANR, FR).

El diputado Yamil Esgaib (ANR, HC), ya adelantó ante el pleno, incluso antes que se inicie siquiera el debate caso por caso y sin importar si el acusado es ladrón o no, que rechazarán todos los pedidos de intervención imponiendo mayoría.

Dijo que ante la oleada de casos de presuntos intendentes corruptos, “la decisión política que tomamos es no intervenir porque consideramos que vamos a entrar en un tema de no acabar”.

“Acá hay una decisión política, sin hacer juicio de valores, puede ser ladrón, lo que quiera… la decisión es política y por mayoría se logran los objetivos”, acotó sobre este “pacto de impunidad”.

En los tres casos analizados, hubo poco más de una decena de diputados que sí votó con base en los argumentos seriamente expuestos, el resto (colorados, liberales y algunos satélites) se prestó a rechazar la intervención, que no implicaba siquiera echar a los intendentes, sino apartarlos temporalmente para que un interventor fiscalice.

“Señores, hay tres distritos que están dolidos, tienen mucho dolor en el alma porque están administrando delincuentes”, y pidió “votar por la intervención, pues este es un pacto, no de impunidad, sino de delincuencia”, dijo Roberto González (ANR, FR).

“Aborrezco el pacto político, la lógica partidaria: Yo salvo a tu corrupto y vos salvas a mi corrupto”, acotó.

Otras que argumentaron detalladamente a favor de la intervención tras analizar las denuncias fueron las diputadas Rocío Vallejo (Patria Querida) y Johanna Ortega (País Solidario).

Alegaron “persecución política” para salvar a intendentes en Diputados

En todos los casos, fueron muchos más, y mejor argumentados, los dictámenes a favor de la intervención, mientras que los que fueron en defensa de los intendentes apelaron al argumento básico de supuesta “persecución política”.

En el caso Valenzuela, destaca que en la visita de la comisión se constató que varias obras de empedrados y parques se encontraban en otros lugar que el declarado, tenían menos extensión o incluso fueron hechas en predios privados.

Remarcaron que además, en este caso, la Fiscalía constató que lo cheques para el pago por supuestas obras era cobrado por el hermano del tesorero de Fernández.

En Puerto Casado, Vallejo enfatizó que Adorno no pudo justificar satisfactoriamente el uso de G. 50 millones de la comuna, para pagar una camioneta registrada a su nombre e incluso sospechan adulteración de documentos.

González sumó el hecho de que Adorno hizo figurar supuestos desembolsos por G. 600 millones para “almuerzo escolar” para alumnos indígenas, pero que docentes y el Ministerio de Educación y Ciencias declararon no haber recibido, y si recibieron, fueron con fondos de la gobernación.

En Ñemby, el diputado Adrián “Billy” Vaesken (PLRA, C), expuso una lista de supuestas “obras fantasma”, que no pudieron cotejar, ya que las coordenadas dadas por el intendente no coincidían. Ortega acotó que constataron que se direccionaron obras hacia una sola empresa, cuyo responsable era además presidente de una comisión vecinal.

“Ayudita” a intendente cartista en Diputados

Ayer en la sesión ordinaria de la Cámara de Diputados no cumplieron con el simple trámite de aprobar la integración de la Comisión Especial para analizar el pedido de intervención de la gestión del intendente de San José del Rosario (San Pedro), Miguel Ángel Gray Rivarola (ANR, HC).

A pedido del imputado diputado colorado cartista Esteban Samaniego, se volvió a postergar por 15 días ese punto, que es apenas una formalidad, ya que normalmente se delega a la presidencia de la Cámara la recepción de los candidatos, de diferentes bancadas. Existe un evidente afán de dilatar los pedidos de intervención, ya que a partir de la integración corre el plazo de 15 días para emitir dictamen.