JEM tiene otra oportunidad de investigar a la cuestionada jueza Cinthia Garcete

Una vez más, la cuestionada jueza penal de garantías del Alto Paraná, Cinthia Garcete, fue denunciada, en esta oportunidad por cohecho pasivo agravado, conjuntamente con el fiscal Alcides Giménez, con quien se habría confabulado para otorgar arresto domiciliario a los policías “gatillo fácil” que en noviembre del año pasado acabaron con la vida de una joven pareja, en un procedimiento policial fallido.

La grave denuncia fue presentada por el ciudadano Mario Espínola Rojas, pariente de una de las víctimas fatales. El escrito presentado sostiene que la jueza orquestó un plan con el fiscal para otorgarles el arresto domiciliario a los policías recluidos entonces en la Agrupación Especializada, a cambio de recibir G. 150 millones cada uno. Para el efecto, la fiscala Vanesa Candia fue apartada con una recusación, porque no estuvo de acuerdo en que la investigación quede con su colega Giménez, según la denuncia.

Cinthia Garcete tiene el mote de ser la jueza más rechazada del Alto Paraná; pese a las graves denuncias por las descabelladas resoluciones y mal desempeño presentadas contra la magistrada, la misma sigue campante en el cargo, gracias a sus “buenos contactos” y padrinazgos en el Poder Judicial. Según fuentes, el abogado Jorge Bogarín, miembro del Consejo de la Magistratura (con permiso y declarado significativamente corrupto por los EEUU), sería uno de los principales defensores de la cuestionada magistrada, sobre quien pesa una larga lista de denuncias por atrocidades cometidos en su juzgado.

Entre sus antecedentes, la Garcete en su momento, blanqueó a la pareja de exintendentes de CDE, Javier Zacarías Irún, y su esposa Sandra McLeod, en un proceso por serias irregularidades cometidas durante su función en la Comuna esteña. También liberó a un feminicida de una menor de 17 años, favoreció a un exagente policial procesado y condenado por abuso sexual en niños, curiosamente defendido por un integrante del buffet jurídico de su exesposo, el abogado Luis Giménez, entre varias otras denuncias que la afectan.

Garcete llegó a la zona siendo humilde defensora pública en la ciudad de Coronel Oviedo y al poco tiempo, mediante sus tentáculos políticos, alcanzó la silla de juez itinerante y la sentaron en el juzgado de garantías 5 de Ciudad del Este. Ingresó con deudas, ya que su ingreso fue irremediablemente con padrinazgos políticos, a quienes rápidamente empezó a devolver sus favores dictando cuestionadas resoluciones.

No en vano organismos como Transparencia Internacional, apuntan al Poder Judicial en nuestro país como el principal problema en el combate a la corrupción. También resulta comprensible que 8 de cada 10 paraguayos, ven al Poder Judicial como corrupto. Resultaría imposible que esta realidad pase desapercibida, inclusive el Departamento de Estado de los EEUU, en el capítulo dedicado a Paraguay, señala que la politización y la corrupción generalizadas en todo el Poder Judicial, en particular en los tribunales inferiores y las oficinas regionales, obstaculizan la eficacia de este y socava la confianza del público.

Ahora, el JEM tiene una nueva oportunidad, con esta denuncia, de investigar a fondo y extirpar a una las peores lacras de la administración judicial de Alto Paraná. Es de esperar que ésta vez, no como en oportunidades anteriores, donde hubo impúdico blanqueo a la magistrada, se haga justicia y se obre conforme a derecho, por el mejoramiento y saneamiento de nuestro maltrecho sistema judicial.