La Fiscalía rechazó el ofrecimiento del diputado colorado José María Ibáñez de admitir su culpa en el caso de sus caseros y donar G. 200 millones a centros hospitalarios a cambio dejar sin efecto su causa. Pide elevar a juicio oral y público.
La fiscal Victoria Acuña se refirió a la suspensión condicional del procedimiento planteada por la defensa del diputado José María Ibáñez, acusado por presuntamente pagar con dinero del Estado los salarios de tres empleados de su quinta privada en Areguá.
Para no ir a juicio oral y público, el legislador ofreció reconocer los hechos, reparar los daños y donar G. 200 millones a dos centros hospitalarios.
Sin embargo, los tres fiscales del caso, Victoria Acuña, Liliana Alcaraz y José Dos Santos rechazaron esa salida y se ratifican en la acusación contra el legislador y las demás personas involucradas en el caso.
Acuña consideró que “todo ciudadano procesado tiene la facultad y la posibilidad de hacer el requerimiento que más le convenga. Respetamos la propuesta, teniendo en cuenta que es una persona que está cumpliendo una función importante, como es ser diputado nacional”, señaló.
También dijo que es un reconocimiento a la labor del Ministerio Público que el legislador haya reconocido su culpa.
“Aunque en este caso no nos allanamos al pedido del diputado Ibáñez. De hecho, el Ministerio Público ya tomó una postura al momento de la presentación del requerimiento conclusivo”, sostuvo.
Agregó que tienen suficientes pruebas para sostener la acusación y pedirán que el caso sea debatido en un juicio oral y público.
Con relación a la expectativa de pena, la fiscal Acuña explicó: “Estamos hablando de 5 años, pero hay un concurso de hechos punibles y la pena podría llegar a ser de 7 años y 6 meses”.
El juez penal de Garantías Miguel Tadeo Fernández aplazó la audiencia preliminar en la que se debía suspender el procedimiento solicitado por el diputado colorado José María Ibáñez o elevar el caso a juicio oral y público. Pasó para el 12 de noviembre.
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