La fiscal de Estupefacientes de 2° Turno, Mónica Ferrero, ha conducido a un importante avance en la lucha contra la criminalidad organizada. En una audiencia celebrada el pasado sábado, la jueza especializada en Crimen Organizado de 2° Turno, María Helena Mainard, formalizó con prisión a tres individuos vinculados a un elaborado caso de falsificación de documentos que ha estremecido a la sociedad uruguaya.
El primer implicado en este entramado delictivo es una abogada de apellido Acosta que, en lugar de velar por la justicia, se convirtió en cómplice de los criminales. Acosta brindaba asesoramiento legal al narcotraficante Juan Antonio González Bica, quien, gracias a documentos apócrifos elaborados por un estafador, logró obtener la prisión domiciliaria. Posteriormente, González Bica se escapó el 30 de mayo al romper la tobillera electrónica que lo mantenía bajo control.
En la audiencia, Acosta fue imputada por el delito de falsificación de documentos en calidad de coautora, además de enfrentar un delito de estafa en calidad de autora. Sus acciones irresponsables y corruptas han desencadenado consecuencias graves para la sociedad.
Otro imputado por falsificación de documentos
Otro de los protagonistas de esta trama delictiva es un hombre de apellido Campero, quien ha sido imputado por múltiples delitos, incluyendo usurpación de títulos y falsificación de documentos privados. La investigación liderada por la fiscal Ferrero ha revelado que Campero fue el artífice detrás de la creación de documentos falsos que llevaban los logotipos del Instituto Técnico Forense (ITF) y del comisionado parlamentario, Juan Miguel Petit.
El objetivo de estos documentos fraudulentos era engañar a jueces en diversas jurisdicciones, como Montevideo, San José, Canelones y Maldonado, con el fin de obtener prisiones domiciliarias para reclusos con condenas por delitos graves.
Entre los casos más notorios, se encuentra el de un narcotraficante de Villa Española que obtuvo su libertad temporal gracias a la documentación falsificada por Campero. Este narcotraficante también ha sido imputado por falsificación de documentos privados y estafas reiteradas.
La investigación en curso de Ferrero incluye un análisis minucioso de los certificados emitidos por el ITF, que desempeñan un papel fundamental en la toma de decisiones de los magistrados respecto a la excarcelación de los reclusos. Las maniobras de Campero, quien también se hacía pasar por abogado, llevaron al error a jueces en varias sedes judiciales, sembrando la sospecha de que los delincuentes podrían tener cómplices en organismos estatales.
La sofisticación de algunos de los documentos falsificados ha generado la preocupación de que haya una red de complicidades dentro de las instituciones públicas, según fuentes cercanas al caso.
Fuente de esta noticias es de LARED21 Diario Digital: Leer más
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