La delicada situación migratoria en el Tapón del Darién, que une a Colombia y Panamá, ha puesto sobre la mesa el posible cierre de la frontera binacional.
El presidente colombiano, Gustavo Petro, pidió desbloquear económicamente a Venezuela para “frenar el desastre humanitario” que se vive en el Tapón del Darién, un área selvática y pantanosa que une a Colombia y Panamá, y que es utilizada como vía de migración irregular.
En una interacción en la plataforma X, el mandatario colombiano escribió: “Si queremos en verdad frenar el desastre humanitario del éxodo por el Darién, hay que desbloquear económicamente a Venezuela”.
Este exhorto fue hecho la misma semana en que la Organización de Naciones Unidas (ONU) manifestó su preocupación por “los riesgos y vulnerabilidades que enfrentan un número sin precedentes de migrantes y refugiados que cruzan el Tapón del Darién en su viaje hacia América del Norte”.
Ese organismo internacional aseveró que, en lo que va de año, más de 330.000 personas han cruzado esa peligrosa zona selvática, lo que corresponde a “la cifra anual más alta registrada hasta la fecha”. En 2022, según estimaciones, por ese mismo paso habrían ingresado unas 248.000 personas.
¿Qué ha dicho Panamá?
Las autoridades panameñas han pedido la colaboración de los gobiernos de la región, ante el desbordamiento de migrantes que usan ese país centroamericano como lugar de paso.
Frente a esta problemática, que ha afectado incluso a los pueblos indígenas que habitan en el Darién, la nación centroamericana ha dicho que evalúa cerrar la frontera terrestre con Colombia para replantear los mecanismos de ingreso, y establecer normas y exigencias que permitan una entrada controlada.
Este viernes, la directora general del Servicio Nacional de Migración de Panamá, Samira Gozaine, anunció en rueda de prensa una serie de medidas administrativas que se aplicarán.
A partir de la fecha se fijará la reducción del periodo de visas de turismo –que pasará de 90 a 15 días– tras un perfilamiento de las personas que ingresan a ese país centroamericano. Además, se solicitará una solvencia económica de 1.000 dólares para permanecer en territorio panameño.
Del mismo modo, se removerán los puntos de control y asistencia migratoria en los caseríos de Bajo Chiquito y Canaán Membrillo, en Darién, ante el impacto en la seguridad y salud que han causado los migrantes en las comunidades de acogida.
Gozaine informó que también se incrementarán las capacidades de expulsión de migrantes irregulares que tengan antecedentes penales.
La semana pasada, los ministros de Relaciones Exteriores de Costa Rica y Panamá se reunieron y acordaron definir una “zona libre de circulación fronteriza“, ante el aumento exponencial del número de migrantes que han entrado por la frontera con Colombia.
Por ahora, se espera que a mediados de septiembre haya un encuentro entre Petro y su homólogo panameño, Laurentino Cortizo, durante la Asamblea General de la ONU, para tratar este tema.
¿Cerrar la frontera con Colombia?
En agosto pasado, Gozaine, pidió cerrar el “ingreso indiscriminado” a través del Darién, en el marco de la Conferencia Regional de Migración.
“Lo que vemos en el Darién no es humano ni humanitario: niñas violadas, muertas, los pedófilos caminando con ellas, padres muertos al lado de sus hijos”, lamentó.
Gozaine sostuvo que estos desplazamientos no son “producto de movilidad humana forzosa” y basó su afirmación en los testimonios que han recogido en la frontera con el país suramericano: “Siempre nos relatan los mismos hechos: personas que les venden el ‘sueño americano’ y que les dicen que es fácil pasar“, sostuvo.
Sobre el tema venezolano, aseveró que de los 10.000 ciudadanos que fueron repatriados de forma voluntaria, “no hubo uno que dijera que no quería regresar a su país”. Además, agregó que “todos coincidieron en que les habían vendido el sueño de cruzar por esta vía como si fuera un paquete turístico”.
Al referirse a Colombia, la funcionaria panameña dijo que el número de nacionales de ese país que pasan a través de la selva del Darién “se ha incrementado considerablemente“.
Según expresó la titular de Migración, Panamá ha gastado más de 70 millones de dólares en alimentación y asistencia de quienes se han movilizado por el Darién. Según datos que maneja ese organismo, la cifra asciende a 352.000 personas, en lo que va de 2023.
La postura de Venezuela
En tanto, la situación de Venezuela es harto conocida. El presidente Nicolás Maduro ha denunciado que su país ha sido severamente afectado por las medidas coercitivas unilaterales de EE.UU., “para manipular políticamente e instrumentalizar el tema de la migración” a escala internacional.
“A Venezuela se le exprimió, atacó, sancionó y parte de la población tomó una decisión: migrar”, aseguró. Según los datos que maneja el gobierno venezolano, “más de la mitad de la población” que migró entre los años 2018, 2020 y 2021, ha regresado a su país de origen. Sin embargo, no existen cifras oficiales.
En un mensaje a la ONU, el mandatario expresó que los venezolanos han emigrado en los últimos años, fundamentalmente por razones económicas.
Venezuela ha sido objeto de 930 medidas coercitivas unilaterales, 60 % de las cuales fueron impuestas por las autoridades estadounidenses. Esto ha afectado a la producción petrolera desde 2015, lo que provocó la pérdida de 232.000 millones de dólares y el bloqueo en el exterior de 22.000 millones de dólares.
En esa línea, Petro abogó esta semana por el levantamiento de las sanciones a Caracas, como una de las medidas más efectivas que podrían frenar el flujo de personas migrantes que emprenden la peligrosa travesía por la selva del Darién. Sin embargo, según los registros de las autoridades migratorias, los que cruzan no son únicamente de nacionalidad venezolana.
telesurtv.net
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