Funcionarios federales podrán ser despedidos por acoso sexual

La Abogacía General de la República estableció que los casos de acoso sexual deben ser castigados con el despido en toda la administración pública federal. El dictamen fue firmado el lunes (4) por el presidente Luiz Inácio Lula da Silva y el Abogado General de la República, Jorge Messias.

La reunión que selló la nueva norma, realizada en la sede del Poder Ejecutivo Federal, también contó con la presencia de la ministra de Mujeres, Cida Gonçalves, y la de Gestión e Innovación en Servicios Públicos, Esther Dweck.

Según el dictamen, el acoso sexual es una conducta punible con el despido, la pena máxima prevista en la ley que creó el régimen jurídico de los funcionarios públicos federales. Hasta entonces, como el acoso no estaba expresamente tipificado como una desviación funcional, la conducta se encuadraba o bien como una violación de los deberes del funcionario, con una pena más leve, o bien como una violación de las prohibiciones de los agentes públicos, sujeta al despido. Se establece ahora que los casos de acoso debidamente investigados deben tipificarse como una de las conductas prohibidas a los funcionarios públicos, cuya sanción es el despido.

“El objetivo del dictamen es homologar la aplicación de las sanciones y dar mayor certeza jurídica a las dependencias y entidades de la Administración Pública Federal en el tratamiento disciplinario que se dé a la práctica del acoso sexual por parte de servidores públicos federales en su ejercicio profesional”. Estos casos se investigan a través de procedimientos administrativos disciplinarios”, señaló la AGU.

En abril de este año, una ley federal instituyó el Programa de Prevención y Combate al Acoso Sexual y otros Delitos contra la Dignidad Sexual y la Violencia Sexual en toda la administración pública, ya sea federal o en los estados y municipios. Según la ley, los organismos y entidades desarrollarán acciones y estrategias destinadas a prevenir y combatir el acoso sexual y otros delitos contra la dignidad sexual y todas las formas de violencia sexual. Fue a partir de esta ley que la Asesoría Especial de Diversidad e Inclusión de la Abogacía General comenzó a fundamentar su dictamen.