
El Consejo Regulador del Uso de Fuentes de Agua (Corufa) finalmente dispuso la ejecución inmediata de tres cortes en los terraplenes que bloquean el curso del arroyo Viraguay –afluente del río Gualeguay–, a la altura del establecimiento rural La Calera, que pertenece a la familia del fallecido, ex titular del Banco Central, Pedro Pou. La medida apunta a restablecer el escurrimiento natural de las aguas frente al endicamiento ilegal. El proceso administrativo para derribar el muro, por el cual se protege campos arrendados para el cultivo y se perjudica a los lindantes, se remonta al año 2003. Con la creciente de las aguas por el fenómeno climático de El Niño, esta manda pendiente se reactivó. Fue ante la demanda de los pobladores de Puerto Ruíz y la alerta que dio a conocer la Asociación Solidaria para la Promoción de la Educación y el Cuidado del Ambiente (SEA). Esto es porque el talud que mide un total de 50 kilómetros, podría generar inundaciones en zonas urbanas y productivas. El mandamiento se deberá concretarse en un plazo máximo de 72 horas, dice la resolución Nº 81, pero hay un problema para el ingreso de la maquinaria y el personal para concretar la tarea: No hay nadie, ni se ha dado todavía con los responsables del campo, para que abra el paso y permitan la entrada a la estancia, según señalaron a ERA Verde vecinos que aguardan que de una vez por todas se concrete la orden.
Este 20 de noviembre se conoció una resolución de la fecha, la Nº 81/26 de la Secretaría de Agricultura, Ganadería y Pesca de Entre Ríos, con la cual el Corufa ordena abrir tres cortes a los terraplenes que cierran el arroyo Viraguay y así poder restituir el cauce natural. La medida establece un plazo de 72 horas para ejecutar los trabajos en el establecimiento La Calera, una propiedad que abarca 42.453 hectáreas en el predelta de Gualeguay y que también incluye a La Nicanora, un establecimiento de 20.170 hectáreas ubicado en el departamento Islas del Ibicuy.
La intervención busca recuperar el escurrimiento natural del arroyo y alcanza también a las aperturas correspondientes a los cursos Calerita, El Pato y La Cruz. En el escrito al que accedió ERA Verde, el organismo rechazó una propuesta alternativa de aperturas que presentó la firma El Hinojo SA, quien arrienda estos campos para el cultivo a las herederas de Pedro Pou, el ex presidente del Banco Central de la República Argentina en tiempos de Carlos Saúl Menem. Se pidió además a la Fiscalía de Estado provincial que gestione una orden judicial para garantizar el ingreso al predio. Esto es porque resulta que para hacer operativo este mandamiento no hay nadie que abre las tranqueras del campo y deje pasar a la maquinaria y personal que tienen que realizar estas labores.
DETALLES
La decisión quedó formalizada mediante la Resolución 81/2026, firmada este viernes 20 de noviembre por el secretario de Agricultura, Ganadería y Pesca y presidente del Corufa, Raúl Boc-Ho, en acuerdo unánime del plenario extraordinario del organismo.
La disposición establece tres puntos específicos de intervención sobre los terraplenes, con coordenadas geográficas precisas. Los cortes deberán atravesar la totalidad del cuerpo de cada terraplén, tener una cota mínima de fondo de dos metros sobre el nivel del Instituto Geográfico Nacional (IGN) y un ancho mínimo de seis metros. También se fijan pautas para el desmonte escalonado del suelo y la disposición del material extraído, de manera que no vuelva a obstruir el cauce.
Los trabajos serán realizados con maquinaria del Estado provincial, a través de la Dirección Provincial de Vialidad (DPV) o la repartición competente, bajo supervisión técnica de la Dirección General de Hidráulica y Obras Sanitarias y del área técnica del Corufa. El costo, sin embargo, deberá ser afrontado por los propietarios, arrendatarios, ocupantes o tenedores responsables del establecimiento, a quienes la resolución atribuye responsabilidad solidaria.
La intervención no se limita al Viraguay. El organismo también ordenó verificar el estado de las aperturas dispuestas sobre los arroyos Calerita, El Pato y La Cruz y materializar de inmediato los trabajos que fueran necesarios si se encuentran total o parcialmente obstruidas.
RECHAZO
La resolución también desestima una propuesta presentada por la firma El Hinojo SA, que se oponía a la apertura del terraplén interno del establecimiento. La empresa argumentó que dentro del recinto endicado existen unas 3.000 hectáreas sembradas y otras 2.000 hectáreas en barbecho. Esta firma, que pertenece a Alberto Gerónimo Cerini, María Noemí de Cerini, María Dolores, Gerónimo Pablo y Juan Pablo Cerini, se dedica al cultivo, producción de cerdos y venta en cadenas minoritas.
Como alternativa, había planteado mantener cerrado ese terraplén y realizar dos cortes en otros sectores, para conducir el agua por un pasillo de entre 500 y 600 hectáreas hacia un canal artificial, con descarga mediante bombeo al río Ibicuy.
El Corufa rechazó esa alternativa luego de analizar los informes técnicos y jurídicos incorporados al expediente. Entre otros argumentos, consideró que implicaría mantener el cierre del terraplén interno, extender artificialmente el agua sobre una superficie de entre 500 y 600 hectáreas y desviarla hacia un curso distinto del que le corresponde.
La resolución invoca el artículo 46º de la Ley de Aguas provincial Nº 9.172, que establece que las obras de desagüe deben conducir las aguas al mismo cauce del que se abastecen y prohíbe extenderlas sobre terrenos para producir ciénagas o pantanos. También sostiene que el cauce y las aguas del Viraguay constituyen bienes públicos del Estado.
En el plano administrativo, el organismo cuestionó que la presentación de El Hinojo no contara con patrocinio de un abogado matriculado, no acreditara el pago del sellado fiscal ni acompañara documentación que demostrara derechos sobre el inmueble. También señaló que no contaba con permisos o concesiones registrados y que pretendía reabrir cuestiones ya resueltas mediante actos administrativos firmes y una sentencia judicial.
MÁS DE DOS DÉCADAS
La decisión actual tiene como antecedente una serie de actuaciones administrativas iniciadas hace más de veinte años. En 2003 y 2004, el Corufa dictó las resoluciones 38/03, 41/04 y 42/04, que establecieron obligaciones vinculadas con la apertura de terraplenes y la restitución del escurrimiento de los arroyos que atraviesan el establecimiento La Calera.
Esas disposiciones fueron cuestionadas judicialmente por Estancias Unidas del Ibicuy SA –administradora de los bienes de la familia Pou–, pero el conflicto llegó al Superior Tribunal de Justicia de Entre Ríos. El 18 de septiembre de 2012, el máximo tribunal provincial dictó una sentencia en la causa “Estancias Unidas del Ibicuy SA c/ Estado Provincial s/ Demanda Contencioso Administrativa” (Expediente 1474/05), que confirmó la legitimidad y ejecutoriedad de las resoluciones del Corufa.
Pese a ese recorrido administrativo y judicial, las aperturas no se habían concretado en su totalidad. La resolución de 2026 señala que, durante una inspección realizada el 1 de noviembre por Fiscalía de Estado, se constató que continuaban sin ejecutarse los cortes ordenados sobre el terraplén de La Calera, que intercepta el escurrimiento natural de los arroyos Viraguay, Calerita, El Pato y La Cruz.
Otro antecedente es un acta-acuerdo del 2 de diciembre de 2019, que había establecido un plazo máximo de 24 meses para cumplir un acuerdo al que se arribó con Arturo Berisso, dueños de estancia La Conchera de Flores, quien desde el principio sostuvo la acusación por la ilegalidad de la obra por haber sido realizada sin autorización y en violación a las normativas que establecen la prohibición de desviar pasos y cursos de arroyos. Según el organismo, ese plazo también venció sin que se concretaran los trabajos comprometidos.
SUBEN LAS AGUAS
El impulso para avanzar ahora provino de una demanda de la Asociación Solidaria para la Promoción de la Educación y el Cuidado del Ambiente en Gualeguay (SEA). La entidad, en agosto pasado, emitió un comunicado donde advirtió sobre los peligros que representa el inmenso terraplén en estancia La Calera ante la inminencia de las lluvias copiosas y aguas altas producto del fenómeno climático de El Niño. “De acuerdo con antecedentes registrados, la obstrucción puede incrementar más de 25 centímetros el nivel del agua en Puerto Ruiz”, alertaron, al tiempo que lamentaron no haya prosperado el desmantelamiento de la gran muralla.
Es así que luego de esta declaración, Fiscalía de Estado solicitó al Corufa precisiones técnicas, geográficas y temporales para ejecutar las resoluciones firmes. El requerimiento fue planteado con carácter urgente ante el escenario de creciente y el riesgo de consecuencias sobre el régimen hidráulico de la cuenca, la seguridad pública y los campos vecinos.
En ese contexto, el organismo invocó la emergencia hídrica declarada en toda la provincia por el escenario hidrometeorológico extraordinario asociado al fenómeno de El Niño.
La resolución establece que los recursos administrativos que eventualmente se presenten no tendrán efecto suspensivo sobre los trabajos, al considerar acreditada la existencia de un peligro de daños graves e inminentes.
Además, instruye a Fiscalía de Estado para que solicite ante la autoridad judicial competente una orden de allanamiento, el traspaso de tranquera y el auxilio de la fuerza pública, en caso de ser necesarios para garantizar el ingreso al establecimiento y la ejecución de las obras.
De esta manera, el Gobierno provincial busca llevar a la práctica una obligación que cuenta con respaldo administrativo y judicial desde hace años y que, según los fundamentos de la nueva resolución, continúa pendiente de cumplimiento.
Silvio Méndez
De la Redacción de ERA Verde
https://eraverde.com.ar/nadie-que-abra-la-tranquera-de-la-calera-para-demoler-el-terraplen-de-los-pou/
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