
Fabricio Martínez Appleyard fue imputado por hurto agravado y frustración de la persecución y ejecución penal. Según la Fiscalía, habría ordenado desconectar las cámaras de seguridad y retirar el dinero de la bóveda de la empresa el mismo día en que el BCP anunció la resolución de Ueno Bank. El empresario restituyó el monto mediante un cheque.
El Ministerio Público solicitó la prisión preventiva de Fabricio Martínez Appleyard, propietario y representante legal de GSR Security, firma que prestaba servicios de seguridad y transporte de caudales a Ueno Bank, tras imputarlo por el faltante de G. 3.090.600.000 detectado en una de las bóvedas de la empresa.
La imputación fue presentada por los fiscales Silvio Corbeta Dinamarca y Ruth Karina Benítez ante el juez penal de Garantías especializado en Delitos Económicos y Anticorrupción, Rodrigo Estigarribia. Los representantes del Ministerio Público atribuyen al empresario los supuestos hechos punibles de frustración de la persecución y ejecución penal y hurto agravado.
La investigación apunta a una presunta maniobra ejecutada el 3 de noviembre, coincidentemente el mismo día en que el Banco Central del Paraguay (BCP) anunció el procedimiento de resolución de Ueno Bank. Según la hipótesis fiscal, minutos antes de las 17:00, Martínez Appleyard habría ordenado retirar anticipadamente al personal administrativo y desconectar las cámaras de vigilancia de los sectores de tesorería, bóveda principal y salida de vehículos blindados.
El sistema de videovigilancia habría permanecido desconectado durante aproximadamente una hora. En ese intervalo, el dinero habría sido cargado en un vehículo blindado de la empresa. Mediante el rastreo del GPS, los investigadores lograron reconstruir el recorrido del rodado hasta un inmueble ubicado en el barrio Trinidad de Asunción.
Faltante millonario y restitución del dinero
El faltante fue detectado durante los allanamientos realizados en las instalaciones de GSR Security, razón social Dobrestec S.A., donde la comitiva fiscal, con participación de veedores del BCP y en presencia del propio empresario, incautó más de G. 9.000 millones y realizó un arqueo físico del efectivo.
Al comparar el dinero encontrado con los registros de tesorería, los investigadores constataron que el último balance, fechado el 3 de noviembre, consignaba en la bóveda principal aproximadamente G. 18.102 millones y USD 189.396. Sin embargo, el arqueo permitió establecer una diferencia de G. 3.090.600.000.
Tras ordenarse su detención, Martínez Appleyard compareció ante la Fiscalía para prestar declaración indagatoria, ocasión en que reconoció el hecho y presentó un cheque por la totalidad del dinero faltante, con el propósito de resarcir el perjuicio económico.
No obstante, el Ministerio Público solicitó su prisión preventiva. La investigación continúa para determinar el alcance de las presuntas maniobras y la eventual participación de otras personas.
Investigan otras bóvedas y posible fabricación ilegal de armas
La investigación sobre GSR Security también abrió otra línea relacionada con el manejo de armamentos. Durante las intervenciones en el establecimiento, la Dirección General de Material Bélico (Digemabel) detectó maquinaria industrial no autorizada con capacidad para fabricar hasta 300 piezas de armas por hora, entre ellas componentes para revólveres calibre .22 y fusiles calibre .50.
De las 372 armas declaradas por la empresa, más de 270 fueron verificadas en una primera etapa. Alrededor de 15 presentaron inconsistencias en su trazabilidad y registro técnico, situación que llevó al organismo a no descartar un posible caso de tráfico de armas.
Además, la comitiva fiscal tenía previsto regresar por tercera vez a las instalaciones para proceder a la apertura de otras bóvedas descubiertas durante los procedimientos anteriores.
Una derivación del escándalo Ueno Bank
El proceso contra el propietario de GSR Security constituye una de las derivaciones de la investigación penal por el colapso de Ueno Bank, cuyo procedimiento de resolución fue anunciado por el BCP el pasado 3 de noviembre.
La causa también alcanza a directivos y empresas vinculadas al Grupo Vázquez, entre ellos Miguel Vázquez y César Manuel Astigarraga, expresidente de itti Saeca y Grupo M S.A.
En el marco de esta investigación, el juez Rodrigo Estigarribia había dispuesto el 6 de noviembre la inmovilización de cuentas bancarias y la prohibición de vender bienes de diez empresas vinculadas al presunto esquema.
https://observador.com.py/piden-prision-preventiva-para-dueno-de-gsr-security-por-faltante-de-g-3-090-millones-de-ueno-bank/
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