Argentina registró internacionalmente su nueva Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC) en la antesala de la COP31, donde tres provincias argentinas compartieron sus experiencias con el acompañamiento de Sustentabilidad Sin Fronteras (SSF). Mientras persisten las diferencias en las negociaciones internacionales, los gobiernos subnacionales y la sociedad civil de América Latina buscan acelerar la implementación de los compromisos climáticos.
La COP31, que comenzó el 9 de noviembre en Antalya, Turquía, atraviesa su etapa decisiva en un contexto de tensiones geopolíticas y dificultades para alcanzar consensos. Si bien el cierre oficial está previsto para el viernes 20, se estima que las negociaciones podrían extenderse y que un acuerdo recién podría alcanzarse el domingo 22 de noviembre. Es la primera conferencia desde que se hizo efectiva la retirada de Estados Unidos del Acuerdo de París, en enero de 2026.
Una negociación atravesada por intereses contrapuestos
Al 19 de noviembre, las principales diferencias se concentran en los combustibles fósiles y el financiamiento climático. El segundo borrador de declaración política eliminó las referencias a la transición para abandonar los combustibles fósiles, aunque mantiene la propuesta de elevar la participación de la electricidad al 35% del consumo final de energía hacia 2035. Mientras la Unión Europea y los pequeños Estados insulares buscan señales más contundentes, países productores de petróleo y gas cuestionan la inclusión de metas y hojas de ruta globales.
También persisten diferencias sobre los plazos de publicación de los informes científicos del IPCC y el diseño de un mecanismo internacional de transición justa. Hubo avances en las discusiones técnicas sobre adaptación y fortalecimiento de capacidades, pero los principales acuerdos políticos continúan abiertos.
Financiamiento climático: avances insuficientes
Uno de los principales desafíos es hacer efectivo el objetivo de triplicar el financiamiento para la adaptación hacia 2035. El primer borrador proponía una meta de 120.000 millones de dólares anuales, cifra que fue eliminada del texto del 19 de noviembre. El PNUMA estima que los países en desarrollo necesitarán 305.000 millones de dólares anuales para adaptación hacia 2035. Los países en desarrollo reclaman mayores recursos públicos que no profundicen el endeudamiento, mientras otros promueven la movilización de capital privado.
Entre los anuncios concretos, el Fondo de Adaptación recibió compromisos por 50 millones de dólares, frente a los 135 millones anunciados en Belém, y cuatro gobiernos anunciaron aportes por 200 millones para fondos administrados por el GEF. La brecha también se observa en pérdidas y daños: la primera convocatoria del fondo registró 176 solicitudes que cumplían los requisitos por un total de 2.800 millones de dólares, frente a una asignación ampliada de 342 millones.
Los gobiernos subnacionales frente a la brecha de implementación
Las dificultades para alcanzar acuerdos internacionales y garantizar el acceso al financiamiento climático afectan directamente a los gobiernos subnacionales, que tienen un rol fundamental en la implementación de políticas de mitigación y adaptación al cambio climático.
Tras la presentación de la nueva NDC argentina, Jujuy, La Pampa y Córdoba participaron de la COP31. Jujuy y La Pampa compartieron sus experiencias de planificación climática y los sistemas de monitoreo desarrollados con el apoyo técnico de la Fundación Sustentabilidad Sin Fronteras (SSF), mientras que Córdoba presentó los avances de su Plan Provincial de Respuesta al Cambio Climático, en desarrollo junto a SSF, y su experiencia vinculada al Mercado de Atributos Ambientales.
Durante la conferencia, SSF también promovió reuniones entre autoridades provinciales, organismos de cooperación y empresas internacionales para explorar oportunidades de financiamiento, asistencia técnica y transferencia tecnológica. Entre ellas, alternativas para reducir las emisiones de metano de la disposición final de residuos en Jujuy, La Pampa y Misiones.
De la acción provincial a la cooperación regional
La participación de las provincias argentinas en la COP31 se inscribe en un esfuerzo más amplio de articulación entre gobiernos subnacionales de América Latina. A fines de octubre se formalizó en la provincia de Buenos Aires el Frente Ambiental Latinoamericano (FAL), una iniciativa que busca fortalecer la cooperación regional y que cuenta con SSF a cargo de su Secretaría Ejecutiva.
La conferencia permitió dar continuidad a esta iniciativa mediante encuentros con representantes de Ciudad de México, Niterói y La Pampa, así como con otras redes y organismos internacionales. El Frente busca que las demandas de los territorios tengan mayor peso en las discusiones globales, especialmente en materia de acceso directo al financiamiento climático, adaptación y transición energética justa.
La nueva NDC argentina y el desafío de monitorear su cumplimiento
El 6 de noviembre de 2026, Argentina registró ante la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático su tercera Contribución Determinada a Nivel Nacional (NDC 3.0), anunciada por el Gobierno en noviembre de 2025. El documento establece un límite de emisiones netas de 375 millones de toneladas de CO₂ equivalente tanto para 2030 como para 2035. La meta anterior para 2030 era de 349 millones. Según el Gobierno argentino, el cambio responde a una actualización metodológica del inventario de emisiones, por lo que las cifras no son directamente comparables.
En este contexto, adquiere especial relevancia la presentación internacional del Observatorio Nacional de Acción Climática (ONAC) en la COP, una herramienta de monitoreo independiente coordinada por SSF junto a 27 organizaciones aliadas multisectoriales.
El Observatorio evalúa 115 objetivos climáticos nacionales, distribuidos en 17 áreas temáticas y 24 documentos oficiales. Su actualización de julio de 2026, anterior al registro internacional de la nueva NDC, revela que el 88,7% de los objetivos se encuentra fuera de una trayectoria de cumplimiento: el 36,5% registra avances insuficientes y el 52,2% tiene una evaluación negativa. Apenas el 11,3% muestra una trayectoria favorable.
La presentación permitió compartir la metodología argentina y explorar su replicabilidad en otros países de América Latina, en un contexto marcado por el inicio del segundo Balance Mundial del Acuerdo de París, que culminará en 2028.
Más información en https://observatorio.sustentabilidadsf.org.ar/es
De los compromisos internacionales a la implementación territorial
Las experiencias de las provincias argentinas, la articulación regional del FAL y el monitoreo independiente del ONAC representan tres dimensiones complementarias de una misma estrategia, fortalecer las capacidades de implementación, ampliar la cooperación internacional y garantizar la rendición de cuentas.
Más allá de los resultados definitivos de Antalya, la credibilidad de la acción climática internacional dependerá de la capacidad de transformar los compromisos en políticas implementadas, recursos efectivamente movilizados y resultados verificables.
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