La Cámara del Tabaco de Jujuy participa de una ofensiva federal para incorporar nuevas manufacturas al financiamiento del Fondo Especial del Tabaco. Con Pedro Pascuttini al frente de la representación provincial y de la Federación Argentina de Productores Tabacaleros, el sector busca convertir el acompañamiento legislativo en una respuesta concreta a la crisis de las economías regionales.
La producción tabacalera busca abrir una salida legislativa a los problemas que comprometen su sostenibilidad. Representantes de las siete provincias productoras, dirigentes y legisladores de diferentes espacios políticos participaron de una jornada federal en la sede de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME), donde reclamaron actualizar el esquema tributario, fortalecer el Fondo Especial del Tabaco (FET) y mejorar los controles sobre la comercialización. Jujuy ocupa un lugar activo en esa construcción, mediante las gestiones de Pedro Pascuttini, presidente de la Cámara del Tabaco provincial y de la Federación Argentina de Productores Tabacaleros.
El planteo tiene una expresión concreta en el Congreso: el proyecto 4273-D-2026, presentado por los diputados nacionales Yolanda Vega y Pablo Outes, propone modificar la Ley de Impuestos Internos y la Ley Nacional del Tabaco para incorporar nuevos productos de tabaco y nicotina. La iniciativa fue girada a la Comisión de Presupuesto y Hacienda. Se trata de una reforma en trámite, cuya aprobación y alcance definitivo todavía dependen del tratamiento parlamentario.

Durante el encuentro, el senador provincial salteño y dirigente tabacalero Enrique Cornejo explicó que la propuesta procura adecuar una legislación nacida en 1972 a las transformaciones del mercado. En sus declaraciones, destacó la necesidad de incorporar las nuevas manufacturas de tabaco calentado y revisar el tratamiento de otros formatos, como cigarros, cigarritos y tabaco para armar. El objetivo es que los cambios en las formas de consumo no sigan dejando vacíos en el financiamiento de la actividad productiva.
Cornejo también destacó el acompañamiento de legisladores nacionales de distintas fuerzas y el papel de CAME para reunir a las partes. Según explicó, los participantes impulsan incorporar las modificaciones al tratamiento del Presupuesto Nacional, como una vía para avanzar antes del cierre del año legislativo. Ese respaldo constituye una oportunidad política para el sector, aunque todavía debe traducirse en un dictamen y en los votos necesarios para sancionar la reforma.
Para Jujuy, la discusión atraviesa el corazón de su economía productiva. El tabaco moviliza trabajo en las fincas, transporte, comercios, talleres y servicios; sus ingresos circulan por las comunidades donde se desarrolla. Por eso, recomponer el FET tiene un alcance que supera al productor individual: busca preservar una cadena distributiva territorial frente a los altos costos y a las distorsiones recaudatorias que las entidades vienen denunciando. CAME ya había recogido estos reclamos en una agenda compartida para combatir la subfacturación, mejorar la fiscalización y preservar los recursos del fondo.
La propuesta también tiene una dimensión municipal. Cornejo sostuvo que la formalización y tributación de estos productos podría ampliar la recaudación de impuestos internos coparticipables y, mediante los mecanismos correspondientes, generar recursos para provincias y municipios. Ese eventual beneficio debe distinguirse de los aportes específicos al FET: no implica, por sí mismo, la creación de un fondo solidario municipal con distribución automática. Para las localidades tabacaleras, la expectativa combina mayores recursos públicos con el sostenimiento de la actividad económica de sus vecinos.
En ese recorrido, Pascuttini viene contribuyendo a dar visibilidad nacional a una problemática que requiere decisiones fuera de las fronteras provinciales. Su participación en ámbitos legislativos y encuentros de la cadena productiva, junto con la articulación en CAME, permite vincular la demanda jujeña con una posición federal. La presencia de productores, funcionarios y representantes parlamentarios muestra que la defensa del sector puede reunir intereses y responsabilidades de distintas jurisdicciones.
El desafío ahora es transformar esa convergencia en resultados. Para las familias tabacaleras, recuperar sostenibilidad significa poder producir, contratar trabajadores y planificar la próxima campaña. Para Jujuy y las demás provincias productoras, significa defender una economía regional cuyo aporte se distribuye en miles de decisiones cotidianas de trabajo y consumo. El Congreso tiene ante sí una demanda concreta: actualizar las reglas y asegurar que los recursos previstos para sostener esa producción efectivamente lleguen a su destino.
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