
Una consulta realizada por el Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) a más de siete mil personas menores de 17 años reveló la desconfianza y frustración que niñas, niños y adolescentes experimentan ante las dificultades para acceder a la justicia, así como por la falta de atención a sus denuncias y la revictimización durante los procesos judiciales.
Los resultados forman parte de la Observación General número 27 sobre el derecho de la niñez al acceso a la justicia y a un recurso efectivo, cuyo texto final fue presentado este lunes por Tejiendo Redes Infancia. El documento fue adoptado por el Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas durante su 101 periodo de sesiones, realizado en septiembre.
De acuerdo con el informe, las instituciones de procuración de justicia suelen estar centradas en los adultos y con frecuencia ignoran las experiencias de las infancias o las consideran incapaces de participar debido a su edad. Las personas consultadas señalaron que sus denuncias suelen ser desestimadas por adultos, quienes las califican como exageraciones o producto de la imaginación, además de excluirlas de decisiones que afectan sus vidas.
El Comité advirtió que los tribunales y las fuerzas del orden son percibidos como instituciones intimidantes, lentas y poco accesibles. También identificó el temor de niñas, niños y adolescentes a denunciar por posibles represalias, rechazo de familiares o compañeros, estigmatización y desconfianza hacia las autoridades.
Aunque existen instrumentos internacionales para proteger sus derechos, millones de menores de edad continúan enfrentando violencia, explotación, discriminación y exclusión, además de obstáculos para acceder a servicios básicos como salud, educación y protección social. El problema se agrava durante las crisis, cuando pocas víctimas pueden acceder a mecanismos de justicia y reparación.
La situación afecta especialmente a grupos en condiciones de vulnerabilidad, entre ellos menores con discapacidad, neurodivergentes, indígenas, pertenecientes a minorías étnicas, integrantes de la comunidad LGBTIQ+, sin nacionalidad reconocida, separados de sus familias, privados de la libertad o con acceso limitado a herramientas digitales.
Ante este panorama, el Comité llamó a los Estados a garantizar mecanismos gratuitos, accesibles y adaptados a la edad de las víctimas, así como recursos que permitan prevenir o detener daños continuados o futuros. Entre los casos prioritarios mencionó la separación familiar, la deportación, las amenazas contra la vida, el acceso a tratamientos médicos, la salud reproductiva, el aborto seguro para niñas y el derecho a la educación.
La recomendación también establece que el acceso a la justicia no debe depender de que una niña o un niño presente una denuncia directamente o cuente con una persona que lo represente. En particular, ante vulneraciones en entornos digitales, los Estados deben actuar de oficio para identificar a las víctimas y ofrecerles vías de reparación.
Asimismo, el organismo pidió mantener los mecanismos de protección durante conflictos armados, desastres naturales, pandemias y emergencias climáticas, mediante sistemas de denuncia urgente y procesos de reparación que permitan documentar las violaciones y garantizar la rendición de cuentas.
Entre las medidas propuestas se encuentran líneas telefónicas de ayuda, buzones de denuncia, plataformas digitales, servicios presenciales y centros de atención comunitaria. También recomendó fortalecer alternativas de resolución de controversias y mecanismos de justicia restaurativa, gratuitos y con menos formalidades que los procedimientos judiciales convencionales.
Las obligaciones de protección y reparación, señala el documento, no corresponden únicamente a los gobiernos. También involucran a instituciones independientes de derechos humanos, organizaciones civiles y empresas, particularmente proveedores de servicios digitales, compañías turísticas, farmacéuticas y alimentarias, así como fabricantes y distribuidores de productos dirigidos a la niñez.
La Observación General número 27 plantea combatir la discriminación estructural y eliminar las barreras jurídicas, económicas, prácticas y tecnológicas que impiden a niñas, niños y adolescentes ejercer su derecho a la justicia. ■ Proceso
https://potosinoticias.com/2026/11/17/ninas-ninos-y-adolescentes-desconfian-de-la-justicia-por-falta-de-atencion-unicef/
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