
La revisión del pasado puede ser necesaria si hay antecedentes, pero pierde legitimidad si se convierte en el programa de una directiva que debe responder por el presente.
La próxima asamblea de CASMU se perfila como escenario para presentar un informe jurídico sobre las gestiones anteriores a la conducción del doctor Beltramelli. El documento examinaría las dos presidencias del doctor Raúl Rodríguez y se prevé su envío a Fiscalía. Esa decisión exige explicar qué elementos nuevos justificarían otra presentación.
Los antecedentes existen. La comisión interventora integrada por Gerardo Lorente, Sandra Lorenzo y Juan Carlos Simonelli formuló observaciones que el Ministerio de Salud Pública expuso en diciembre de 2024. Señaló varios temas en el informe entregado.
El MSP informó y cuestionó el endeudamiento, el financiamiento de gastos básicos mediante recursos externos y la continuidad de inversiones que consideró inconvenientes durante la crisis. Los informes abordaron contrataciones con proveedores vinculados a funcionarios y discutieron la pertinencia de determinados gastos. Fueron señalamientos relevantes, que exigían respuestas y correcciones.
Pero hay un antecedente igualmente importante: Fiscalía evaluó el material remitido. Según la resolución del 13 de enero de 2025, no advirtió, en principio y sin perjuicio, presuntas conductas delictivas que fundamentaran registrar una denuncia penal para investigarlas.
La actual directiva debe explicar qué cambió. ¿Hay documentos desconocidos, operaciones diferentes o información que permita otra valoración? Sin conocer el nuevo informe, no corresponde afirmar que reproduce exactamente lo anterior. Pero exigir esa precisión es indispensable para distinguir una revisión fundada de una confrontación interna.
Investigar responsabilidades no exonera de gestionar. Trabajadores, médicos y usuarios necesitan respuestas sobre el funcionamiento de CASMU y su futuro. La discusión jurídica no puede absorber la agenda mientras las soluciones quedan relegadas.
Si hay elementos nuevos, deben presentarse con rigor y garantizar la respuesta de los señalados. Si no los hay, insistir sobre antecedentes ya evaluados alimentará la percepción de un ajuste de cuentas. La institución no puede quedar atrapada en una disputa permanente entre administraciones.
Beltramelli y su directiva tienen la obligación de explicar el pasado que cuestionan y el futuro que proponen. CASMU necesita un rumbo. Ningún expediente sustituye esa responsabilidad.
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