
Un proyecto presentado por el senador bonaerense y presidente del bloque Hechos Marcelo Leguizamón busca establecer avisos anticipados, asistencia administrativa gratuita y garantías de continuidad de prestaciones provinciales ante demoras en la renovación o actualización del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
El senador bonaerense Marcelo Leguizamón presentó un proyecto de ley que propone crear un Régimen de Aviso Previo y Asistencia para la Renovación o Actualización de Certificados de Discapacidad, con el objetivo de evitar que las personas pierdan temporalmente prestaciones, beneficios o derechos por falta de información o dificultades administrativas vinculadas con la vigencia del Certificado Único de Discapacidad (CUD).
La iniciativa alcanza a la Administración Pública provincial centralizada y descentralizada, los organismos autárquicos y entidades como el Instituto de Obra Médico Asistencial (IOMA), además de las dependencias que administren prestaciones o trámites para los cuales se requiera acreditar una discapacidad. También invita a los municipios a adherir al régimen.
Entre los principales puntos, el proyecto establece que los organismos deberán verificar previamente si el certificado efectivamente requiere una renovación o actualización, contemplando las prórrogas y disposiciones especiales vigentes.
En ese sentido, aclara que no podrán exigirse nuevas evaluaciones ni renovaciones de certificados emitidos sin fecha de vencimiento cuando la normativa no lo establezca.
En los casos en que corresponda realizar una gestión, las dependencias deberán enviar un primer aviso con una anticipación mínima de 90 días respecto de la fecha exigible y un segundo recordatorio 30 días antes, siempre que no conste que el trámite fue iniciado o concluido.
Las comunicaciones deberán realizarse mediante los canales elegidos por la persona interesada, incluyendo medios digitales, telefónicos, postales o presenciales, y utilizar formatos accesibles.
El texto también contempla la obligación de brindar orientación gratuita para identificar los organismos competentes, solicitar turnos, conocer la documentación necesaria y comunicar eventuales dificultades o demoras.
Asimismo, prevé mecanismos de coordinación e intercambio de información entre dependencias para evitar que las personas deban presentar nuevamente documentación que ya se encuentre disponible en registros oficiales.
Uno de los aspectos centrales de la propuesta es la protección transitoria de las prestaciones y beneficios provinciales que ya hayan sido reconocidos.
Según establece el articulado, no podrán suspenderse exclusivamente por la falta de presentación del certificado actualizado cuando la persona haya iniciado el trámite de renovación antes de la fecha exigible y la demora responda a la falta de turnos, reprogramaciones u otras causas administrativas ajenas a su responsabilidad.
En ese marco, el proyecto considera que la propia solicitud de turno será suficiente para acreditar el inicio de la gestión.
La prestación deberá mantenerse provisoriamente hasta que exista una decisión de la autoridad certificante, sin que una eventual resolución posterior que modifique o no renueve el certificado genere, por sí sola, una obligación de reintegrar lo percibido, salvo que se compruebe fraude.
La iniciativa también establece una garantía para los casos en que el organismo haya omitido enviar los avisos obligatorios. En esas circunstancias, no podrá suspenderse el beneficio por falta de actualización sin comunicar previamente la situación y otorgar un plazo de 60 días corridos para iniciar el trámite, período durante el cual deberá mantenerse la prestación.
Además, toda decisión que implique suspender o restringir un beneficio por cuestiones vinculadas con la certificación deberá estar debidamente fundada e informar las vías y plazos de revisión. Cuando estén comprometidos tratamientos o prestaciones esenciales, los reclamos deberán recibir atención prioritaria y una respuesta dentro de los cinco días hábiles.
En materia de implementación, el proyecto de ley dispone que el Poder Ejecutivo determine la autoridad de aplicación, con intervención de las áreas competentes en discapacidad, salud y modernización administrativa.
También incorpora un artículo 3° bis a la Ley provincial 10.592 para establecer expresamente las obligaciones de aviso previo, asistencia y protección transitoria.
En los fundamentos, Leguizamón sostiene que la finalidad es evitar que una fecha de actualización no advertida o una demora administrativa ajena a la persona termine interrumpiendo prestaciones ya reconocidas.
La propuesta del legislador platense apunta a que los organismos que utilizan la información del certificado para otorgar beneficios también asuman la responsabilidad de advertir anticipadamente sobre las gestiones necesarias para mantenerlos.
https://www.parlamentario.com/2026/11/16/proponen-un-regimen-de-avisos-y-asistencia-para-evitar-la-interrupcion-de-beneficios-por-discapacidad/
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