
La Asociación Trabajadores del Estado reaccionó con dureza ante la defensa del empleo informal por parte del secretario de Trabajo de la Nación, Julio Cordero, proponiendo que las primeras líneas del Poder Ejecutivo y de las empresas públicas pasen a ser monotributistas y facturen la mitad de sus haberes, luego de que el funcionario sostuviera que “hay personas que no quieren trabajar en relación de dependencia”.
El titular del sindicato, Rodolfo Aguiar, cruzó de lleno los dichos del funcionario nacional y planteó formalmente que ministros, secretarios y directores de empresas estatales abandonen la estabilidad contractual y acepten una rebaja del 50% en sus ingresos.
El cruce se dio en un escenario donde el empleo asalariado privado sumó 15 meses seguidos en baja, mientras el monotributo anotó su mayor alza en dos años.
Este panorama expone quince meses de retroceso de los puestos registrados y una marca inédita de monotributistas, bajo la premisa de que el trabajo no desaparece sino que cambia de forma.
En este sentido, Rodolfo Aguiar se hizo eco de las expresiones vertidas por el secretario ante la Cámara de Diputados e interpeló al funcionario a resignar ingresos: “Ya que destacan tanto el crecimiento del empleo precario, ¿Por qué entonces cada uno de los funcionarios no empieza a facturar por solo la mitad de su percepción actual?”, planteó.
“Esta es una iniciativa seria que Sturzenegger debiera compartir y rápidamente implementar. Es el funcionario al que más le gusta ahorrar y podría cumplir así con su obsesión de pagarle al FMI”, dijo el dirigente sindical. Y arremetió contra los funcionarios libertarios: “No quieren al Estado cuando es para estar al servicio del pueblo pero, cuando se trata de su bolsillo, se abrazan a él y no lo quieren soltar”.
De acuerdo con el organigrama oficial, la administración central cuenta con 9 ministros con sueldos de $8.553.548,01 mensuales, 50 secretarios que perciben $7.834.476,01 y 134 subsecretarios con haberes de $7.115.645,06. Tomando datos públicos a agosto de 2026, la entidad gremial calculó que el recorte directo generaría un ahorro anual de $8.533.213.023,08 si facturaran la mitad, sumado al cese de las cargas patronales destinadas a jubilaciones y obras sociales.
La propuesta de ATE comprende además a las conducciones de 33 empresas con participación mayoritaria estatal, donde las remuneraciones promedian $14.300.000 mensuales. Se subrayó el caso del cargo jerárquico principal en YPF, con una asignación de USD 83.000 por mes (equivalentes a $130.310.000), calculando para ese sector un recorte adicional de $3.613.260.000 anuales que redondearía un impacto global de $12.146.473.023.
Las justificaciones de la cartera laboral
Semanas atrás, durante el plenario que evalúa el proyecto presupuestario 2027 en el Congreso de la Nación, Julio Cordero afirmó que la meta oficial radica en “sostener el equilibrio fiscal, la baja inflacionaria, fomentar la generación de empleo y el crecimiento salarial”. A su vez, adujo que “en noviembre del 2023 el salario promedio era de u$s500 y hoy es de u$s1.500”, aseverando además que controlarán que “no utilicen las empresas y las actividades la excusa del incremento salarial para ser trasladado al precio”.
Al respaldar la reforma en materia laboral, Cordero señaló que la norma pretende “transparentar una situación real, en la Argentina y el mundo, de que hay personas que no quieren trabajar en relación de dependencia con las obligaciones que conlleva. No todo el mundo quiere poner todo su tiempo a disposición de un empleador que lo dirige y que tiene una potestad sancionatoria por encima de lo que él pueda definir. Hay algunas personas quieren ser autónomas o monotributistas”, manifestó.
Ante estas declaraciones, Rodolfo Aguiar retrucó: “Que Cordero, siendo la máxima autoridad laboral, argumente a favor del crecimiento del empleo informal es una franca demostración acerca del rotundo fracaso de la reforma laboral”. Y sentenció: “se va a cumplir un año desde que la implementaron y no para de destruirse el empleo. Hasta ahora, el ajuste es para nosotros y para ellos solo los privilegios”.
La brecha salarial y el avance del régimen simplificado
Los registros del INDEC respecto a la distribución del ingreso revelaron que el salario promedio en el sector formal duplica holgadamente al no registrado: $1.433.794 contra $706.204 durante el segundo trimestre de 2026, marcando que quien carece de registro percibe menos del 50% de una remuneración en blanco.
Por su parte, el Sistema Integrado Previsional Argentino (SIPA) constató que existen 2.214.863 monotributistas, marcando un incremento del 8,7% desde noviembre de 2023, en contraste con una reducción del 4,2% entre el personal bajo relación de dependencia.
Asimismo, más del 50% de los inscriptos activos en dicho régimen se ubican en la categoría A, que establece un techo de facturación de $12.000.000 anuales.
La modalidad del monotributo prescinde por completo de aguinaldo, licencias por vacaciones, aportes patronales, resguardo ante accidentes de trabajo mediante ART y resarcimiento por despido incausado, dejando al personal completamente excluido de los convenios colectivos y de las negociaciones paritarias.
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