
Nuevos cuestionamientos sobre la administración del expediente penal del denominado Caso Barrenador ponen bajo escrutinio las actuaciones de la Fiscalía Adjunta de Probidad, Transparencia y Anticorrupción (FAPTA), luego de que la defensa de Coopesalud formulara una queja disciplinaria ante la Inspección Judicial por presuntas irregularidades en la incorporación, custodia y foliatura de documentos judiciales.
La denuncia, suscrita por el abogado Sergio Castillo Quesada, expone una serie de hechos documentados que obligan a esclarecer si la Fiscalía ha garantizado el acceso oportuno de las partes a la totalidad de las actuaciones que deben integrar el expediente.
La cooperativa alega la existencia de documentos elaborados meses antes de una revisión formal del expediente, pero ubicados posteriormente en su secuencia documental, así como una corrección de foliatura efectuada apenas dos días después de que la defensa recibiera copias.
El 29 de julio de 2026, un representante autorizado de la defensa examinó el expediente y recibió reproducciones de varios tomos. “Sin embargo, en una versión posterior del tomo VIII aparecen actuaciones fechadas desde mayo de ese año, ubicadas después de la constancia de aquella revisión”, indicaron en un comunicado oficial.
Insisten que el 31 de julio, personal judicial dejó constancia de una corrección de foliatura que comprendió los folios 3089 al 3119. Posteriormente, durante nuevas visitas realizadas en octubre, según la denuncia, se informó a la defensa sobre la existencia de aproximadamente cien folios adicionales.
“Estas circunstancias plantean interrogantes que el Ministerio Público debe aclarar: ¿cuándo fueron incorporados efectivamente esos documentos?, ¿por qué fue necesario corregir su foliatura?, ¿qué información estaba disponible para la defensa en cada revisión?, ¿existen otras actuaciones pendientes de incorporar?”, se cuestionan las cooperativas.
La denuncia recuerda, además, que una investigación disciplinaria anterior encontró dificultades para verificar determinadas actuaciones del mismo caso, debido a limitaciones para acceder al expediente físico. Ese antecedente refuerza la necesidad de garantizar que los órganos de control puedan examinar directamente la documentación original.
La defensa solicita preservar el tomo VIII, reconstruir la secuencia de incorporación de documentos, identificar a los funcionarios responsables de su administración y determinar si existieron incumplimientos funcionales.
Coopesalud considera indispensable que estos hechos sean esclarecidos sin dilaciones. Ninguna investigación penal, por importante que sea, puede quedar al margen de los controles institucionales ni de las garantías constitucionales que protegen a las personas investigadas.
¿Qué es el Caso Barrenador?
El Caso Barrenador es una investigación judicial en Costa Rica relacionada con presuntos actos de corrupción en la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).
El Ministerio Público y el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) abrieron el caso por una presunta adjudicación irregular de contratos a varias cooperativas de salud y una asociación para administrar 138 Equipos Básicos de Atención Integral en Salud (EBAIS) y áreas de salud por un periodo de diez años.
La denuncia original señalaba un aparente sobreprecio millonario (estimado en miles de millones de colones anuales).
Entre los investigados inicialmente se encuentran la expresidenta ejecutiva de la CCSS, Marta Esquivel, junto a otros directivos y funcionarios de la institución. Los allanamientos iniciales se efectuaron el 23 de septiembre de 2024.
https://www.diarioextra.com/noticia/coopesalud-denuncia-supuesto-manejo-irregular-de-100-folios-del-caso-barrenador/
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