
El mecanismo de transición justa que se negocia en la COP31 debe reconocer a los pueblos indígenas como autoridades sobre sus territorios y no sólo como guardianes de los bosques, celebrados en los discursos pero ausentes de las decisiones. Crear ese mecanismo es una de las prioridades de la presidencia compartida de Turquía y Australia en Antalya, y de su diseño depende quién decide sobre buena parte de la transición energética.
La exigencia tiene un fundamento concreto. La transición justa, es decir, el esfuerzo por dejar atrás los combustibles fósiles sin cargar sus costos sobre trabajadores y comunidades, depende de minerales que, en buena medida, se extraen de territorios indígenas. Un estudio de la Universidad de Queensland encontró que el 54% de los más de 5.000 proyectos mineros de minerales para la transición energética se ubica en tierras indígenas o cerca de ellas; en el caso del litio, la coincidencia de reservas con esas tierras llega al 85%. Dinamam Tuxá, coordinador de la Articulación de los Pueblos Indígenas de Brasil, llevó a Antalya su preocupación por los impactos de esa minería. Una transición que reemplaza el petróleo por el cobre o el litio sin preguntar a quienes viven sobre ellos cambia la fuente de energía, pero no la forma de decidir.
Y decidir es justamente lo que está en juego cuando se habla de autoridad. Ser autoridad no significa separarse de los Estados ni fundar países nuevos, como podrían sugerir algunas interpretaciones. La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas, aprobada en 2007, reconoce su derecho a la autonomía o al autogobierno en sus asuntos internos y locales, y aclara que nada en ella autoriza a menoscabar la integridad territorial de los Estados. Significa, más bien, que sus gobiernos propios, con sus asambleas, consejos y autoridades tradicionales, sean reconocidos como interlocutores legítimos, con capacidad de decidir sobre sus tierras y con una voz que pese en las políticas que los afectan. Es una manera de compartir el poder dentro del Estado, no de romperlo.
Hoy esa voz tiene un lugar en la conferencia, pero no un voto. En la Convención Marco de Naciones Unidas sobre Cambio Climático, el tratado que organiza estas cumbres, solo los Estados, llamados Partes, negocian y adoptan los acuerdos. Los pueblos indígenas participan como observadores y coordinan sus posiciones en un Caucus propio, que se expresa a través del Foro Internacional de los Pueblos Indígenas sobre Cambio Climático y reúne a delegados de las siete regiones socioculturales que reconoce la ONU. Sus propuestas solo llegan a los acuerdos si algún Estado las adopta o las moviliza en la negociación.
Aun así, la conferencia anterior, la COP30, celebrada en Belém en 2025, dejó un avance concreto hacia el reconocimiento de esa autoridad. En su decisión sobre transición justa, el párrafo 12(i) reconoce el consentimiento libre, previo e informado, la libre determinación y la protección de los pueblos en aislamiento voluntario. Para los pueblos indígenas, ese consentimiento no se reduce a aprobar o rechazar un proyecto antes de que empiece. Implica participar, con información completa y sin presiones, en todo el ciclo de las iniciativas que llegan a sus territorios, desde la planeación hasta el seguimiento y la evaluación, una exigencia que el Caucus trajo a esta COP.
Queda abierta, sin embargo, la pregunta de qué ocurre cuando un pueblo dice que no. La Declaración de la ONU pide a los Estados consultar a los pueblos indígenas «a fin de obtener» su consentimiento, y muchos gobiernos entienden que eso los obliga a buscar un acuerdo de buena fe, pero no a detener un proyecto si no lo consiguen. Buena parte del movimiento indígena sostiene, en cambio, que un consentimiento que puede ignorarse deja de serlo. Belém no zanjó ese debate, pero al nombrar el consentimiento en una decisión climática dio a los pueblos un respaldo nuevo para negarse y para definir cómo se hacen las cosas.
Esa misma decisión ordenó desarrollar el mecanismo que hoy se negocia en Antalya, pensado para reforzar la cooperación internacional, la asistencia técnica, el fortalecimiento de capacidades y el intercambio de conocimientos, y encargó a esta COP definir cómo ponerlo en marcha. Ese encargo no llegó resuelto. En la reunión preparatoria de Bonn, en junio, los gobiernos cerraron sin acuerdo sobre el texto ni sobre sus términos de referencia, y al abrir la conferencia seguían divididos sobre qué funciones tendrá el mecanismo y si debe ir acompañado de recursos.
El primer borrador informal del mecanismo, publicado la noche del viernes 13 de noviembre, no despejó esas dudas. Organizaciones de la sociedad civil lo criticaron por el alcance limitado de lo que se espera que logre, y la Red de Acción Climática advirtió que rompe la promesa de Belém. Para los pueblos indígenas, esa crítica se traduce en una pregunta precisa, la de si el párrafo 12(i) guiará el funcionamiento del mecanismo o quedará como una mención en su introducción.
Por eso el Caucus pide que el reconocimiento de Belém se aplique en todas las negociaciones y que los pueblos indígenas participen en el diseño y en la gobernanza del nuevo mecanismo. No reclaman un asiento simbólico, sino la posibilidad de incidir en qué proyectos de transición se apoyan, con qué reglas y con qué garantías para sus territorios y para quienes los defienden. La exigencia tiene un respaldo amplio. Más de 700 organizaciones de 88 países piden que el mecanismo respete los derechos individuales y colectivos de los pueblos indígenas, incluidos la libre determinación y el consentimiento.
Nada de esto permite anticipar cómo terminará la negociación, aunque tampoco cierra la puerta. A favor hay propuestas concretas, como la de organizaciones de Asia y el Pacífico que piden incorporar al programa de transición justa los principios de Naciones Unidas sobre minerales críticos y dar a los pueblos indígenas un papel directo en las decisiones sobre extracción. En contra pesan la regla del consenso, que permite a un solo Estado frenar un texto, y la distancia entre lo que se acuerda en una COP y lo que cada país aplica en su territorio. Incluso en el mejor escenario, un mecanismo regido por el párrafo 12(i) no garantizaría por sí solo que la transición respete a los pueblos indígenas, pero les daría un instrumento internacional para exigirlo.
La responsabilidad recae, entonces, en los Estados que negocian, y en especial en Turquía y Australia, que hicieron de este mecanismo una de sus banderas. No basta con que el mecanismo exista. Tiene que reconocer a los pueblos indígenas como autoridades y no solo como custodios de los bosques. Si no lo hace, la transición justa repetirá una vieja historia, la de decidir sobre territorios indígenas sin quienes los habitan y gobiernan.
https://www.lasillavacia.com/red-de-expertos/red-verde/la-transicion-justa-debe-reconocer-a-los-pueblos-indigenas-como-autoridades/
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