Analizará Suprema Corte decisión de Trump de prohibir solicitudes de asilo

Washington. La Suprema Corte de Estados Unidos aceptó este fin de semana analizar la prohibición del mandatario Donald Trump de atender las solicitudes de asilo en la frontera sur, un pilar de la amplia ofensiva del magnate contra la migración irregular.

Trump pidió a los jueces que anulen decisiones de tribunales inferiores en las que se estableció como ilegal no atender las solicitudes de protección, luego de que el mandatario emitiera una orden ejecutiva que calificaba la situación de una “invasión”.

Abogados federales aseguraron que los tiempos de tramitación, que se prolongaban durante años, contribuyeron a una gran afluencia de indocumentados en la frontera sur, ya que muchos eran liberados dentro del país mientras esperaban una decisión.

“El presidente no tiene el derecho a dejar sin efecto unilateralmente las protecciones que el Congreso ha concedido a quienes huyen del peligro”, expuso Lee Gelernt, litigante de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU, por sus siglas en inglés).

Consulta:

Un juez distrital dictaminó el año pasado que Trump excedió su autoridad legal al prohibir de manera generalizada que los migrantes que cruzaban sin documentos la frontera sur solicitaran el cobijo humanitario. Un tribunal de apelaciones confirmó el fallo al considerar que violaba la ley de inmigración y nacionalidad, por lo que el actual gobierno llevó el caso a la Suprema Corte.

La ley federal estadounidense otorga a las personas el derecho a solicitar el resguardo si temen persecución en sus países de origen, sin importar cómo hayan llegado a la potencia. Al mismo tiempo, también permite que el Poder Ejecutivo decida si se concede el amparo a los individuos.

El gobierno del republicano sostiene que puede negar categóricamente el refugio a las personas cubiertas por la orden y que no debería tener que aceptar solicitudes destinadas a ser rechazadas.

En diciembre, el tribunal supremo escuchará los argumentos sobre la legalidad de las expulsiones de indocumentados a países que no son los suyos, las llamadas deportaciones a “terceros países”. Se espera que analice el caso sobre el asilo a inicios de 2027 y dé un dictamen para finales de junio.