Alto Paraguay: el rastro del despilfarro de dinero público

En el departamento existen numerosas obras públicas que fueron abandonadas sin terminar, pese a que por estas se pagaron cifras millonarias. A esto se suman costosas maquinarias que debían servir para mejorar las condiciones de vida de los pobladores, pero que actualmente permanecen tiradas entre las malezas, sin que algunas de ellas hayan llegado siquiera a utilizarse.

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Entre los principales hechos denunciados, que abarcan solamente un periodo de siete años y corresponden a dos administraciones de la Gobernación, se habla de más de G. 13.000 millones de dinero público de presunto uso irregular. Se trata de una suma que, bien utilizada, podría haber contribuido a solucionar numerosas carencias sociales de los pobladores del Alto Paraguay, principalmente en materia de salud.

Gobierno de José Domingo Adorno

El actual diputado nacional por este departamento chaqueño, José Domingo Adorno, colorado reciclado en filas de Honor Colorado, fue gobernador durante el periodo 2018-2023. Precisamente, a su administración, corresponden varias de las obras y maquinarias abandonadas, todas ellas adquiridas o construidas a costos millonarios.

El principal caso, por el monto de dinero utilizado, hace referencia a la construcción del muelle y atracadero en Bahía Negra, por la cual se desembolsó una suma cercana a los G. 5.000 millones. La empresa AR Consultores y Asociados, de Alfonso Rivas, fue la adjudicada para ejecutar los trabajos.

Las obras comenzaron en 2019 y, desde el inicio, avanzaron con bastante lentitud, hasta que en 2022 fueron abandonadas totalmente. Con las nuevas autoridades departamentales, la empresa adjudicada volvió a reactivar la construcción, pero solamente durante unas pocas semanas, para luego abandonar definitivamente los trabajos, situación que persiste hasta la fecha.

Esta misma empresa fue beneficiada por la administración del exgobernador con otro contrato: la construcción de un dispensario médico en la comunidad indígena de María Elena, distrito de Fuerte Olimpo, por un monto de G. 690 millones, en 2022. De esa suma se pagaron G. 521 millones, pero la construcción nunca llegó a terminarse y actualmente permanece abandonada.

Las familias de esta comunidad indígena, habitada por integrantes del pueblo Tomárãho, aprovecharon la construcción inconclusa para utilizarla como almacén. Para ello, procedieron a techar las habitaciones con chapas, dándole así alguna utilidad, aunque no la que originalmente estaba prevista.

Otra obra inconclusa y abandonada durante el gobierno departamental de Adorno es la construcción de la parroquia de Toro Pampa, distrito de Fuerte Olimpo. El local debía servir para la futura iglesia San Roque González de Santa Cruz. Los trabajos se coordinaban con el propio Vicariato Apostólico del Chaco y la Gobernación desembolsó unos G. 700 millones.

Al igual que las demás construcciones mencionadas, esta futura iglesia lleva años sin terminar. Durante la administración anterior también se utilizaron de forma dudosa unos G. 2.000 millones en la compra de costosas maquinarias que actualmente permanecen abandonadas entre las malezas, sin que algunas hayan llegado a cumplir la finalidad para la cual fueron adquiridas.

Uno de los casos corresponde a la compra de dos máquinas trituradoras de piedra, en 2018, a un costo de G. 600 millones cada una. Es decir, por ambas se facturaron G. 1.200 millones. Las trituradoras debían utilizarse para producir pedregullo destinado al mejoramiento de los caminos de tierra del departamento.

Desde el principio se pudo notar que se trataba de maquinarias pequeñas, que difícilmente podrían cumplir con la finalidad para la cual fueron adquiridas. Una de ellas fue trasladada a Puerto Casado y la otra quedó en Fuerte Olimpo. Sin embargo, nunca se llegó a colocar siquiera un metro de pedregullo en los caminos de la zona.

Desde hace años, ambas costosas máquinas permanecen abandonadas entre las malezas, mientras que sus motores y otros accesorios fueron saqueados por personas extrañas.

En 2019, la Gobernación también adquirió una máquina purificadora de agua por un costo de G. 800 millones.

La maquinaria fue instalada en Carmelo Peralta para beneficio de los pobladores, quienes hasta la fecha siguen consumiendo agua cruda del río. Sin embargo, la alegría duró apenas unos meses, pues el sistema de agua potable solamente podía beneficiar al 30% de la población, debido a su escasa capacidad.

Se ordenó entonces desmontar la máquina y trasladarla hasta los talleres de la Gobernación, en Fuerte Olimpo, con la intención de llevarla posteriormente a María Auxiliadora, cuyos pobladores carecen de un sistema de agua potable. Sin embargo, esto nunca se concretó y, desde 2020, la maquinaria permanece abandonada entre las malezas del predio de la institución departamental, en la capital del departamento.

Gobierno de Arturo Méndez

El actual gobernador, Arturo Méndez, colorado cartista asumió el cargo en 2023, sucediendo a su antecesor y actual diputado nacional. Si bien hasta la fecha, durante estos más de tres años de gestión, el actual jefe departamental no ha sido señalado por dejar obras o maquinarias abandonadas, sí recibe cuestionamientos por la deficiente calidad de algunas construcciones.

Cementado de calles

Se trata de obras ejecutadas por la actual administración departamental en algunas poblaciones del Alto Paraguay, cuyos pobladores vienen cuestionando la precariedad de los trabajos. Entre las principales deficiencias señalan la falta de canalización, que ocasiona inundaciones de viviendas en los días de lluvia, así como la escasa anchura de las calles.

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En Puerto Sastre, distrito de Carmelo Peralta, por ejemplo, la Gobernación destinó G. 1.226 millones para construir casi cuatro cuadras de calles cementadas.

Los pobladores del lugar bautizaron la obra como “Tahyi rape” (camino de hormiga), debido a lo angosto de la construcción. Incluso, se puede observar que el paseo central es mucho más ancho que las propias calles.

En Bahía Negra también ocurrió algo parecido. En esta localidad, la Gobernación destinó G. 3.842 millones para construir 11 cuadras de calles cementadas, en su mayoría de doble carril. Sin embargo, se terminaron construyendo apenas unos 300 metros, aproximadamente, de un solo carril y con una anchura bastante reducida, lo que dificulta la circulación de vehículos.

Los pobladores alegan que la falta de un sistema de canalización en las calles cementadas provoca inundaciones de viviendas durante los días de lluvia, debido a que el agua no tiene por dónde escurrir y ser evacuada rápidamente.