Venezuela — Proponen convertir campos petroleros maduros en licencias de gas para atraer inversiones por más de US$ 50.000 millones

Venezuela podría atraer inversiones privadas superiores a los 50.000 millones de dólares, aumentar su producción de hidrocarburos y generar más de 11.000 megavatios de electricidad si transforma sus campos petroleros maduros en licencias de gas, bajo el marco de la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos.

La propuesta permitiría aprovechar una riqueza que actualmente se está perdiendo, sin necesidad de comprometer recursos financieros del Estado. El planteamiento fue presentado por el ingeniero Fidel Castro, experto en gas con cuatro décadas de trayectoria en PDVSA Gas, durante una conferencia virtual organizada por Grupo IDEAS para Venezuela, plataforma de análisis de políticas públicas coordinada por el ingeniero Elías Matta, experto en energía y exdiputado a la Asamblea Nacional.

Castro explicó que los yacimientos con relaciones gas-petróleo superiores a 1.200 pies cúbicos por barril o con más de 70 % de maduración deben pasar a explotarse como campos de gas con crudo asociado. Señaló que esta modalidad está contemplada en la legislación desde 1999 y ya fue aplicada en las áreas mayores de Anaco y Oficina. “No tenemos una mala ley. Tenemos una excelente ley y un excelente ente nacional del gas desactivado, y a esto hay que sacarle provecho”, afirmó.

El especialista destacó que la Ley Orgánica de Hidrocarburos Gaseosos es una de las legislaciones más estables del país, debido a que no ha sido modificada desde su aprobación en 1999. Explicó que establece una regalía máxima de 20 %, susceptible de reducción dependiendo de las dificultades del campo, un impuesto máximo de 34 % y plazos de hasta 55 años para las licencias, condiciones que consideró fundamentales para recuperar las inversiones en infraestructura gasífera, cuyos activos no pueden trasladarse de un lugar a otro.

Asimismo, indicó que bajo este esquema el operador es propietario de los productos obtenidos, negocia directamente con la Nación y puede asumir el control de las operaciones. Añadió que, a su juicio, este modelo ofrece condiciones que lo diferencian de los contratos petroleros y sostuvo que la OFAC no ha sancionado licencias de gas.

En contraste, Castro cuestionó el esquema actual de los contratos petroleros, al considerar que impone a los operadores porcentajes sin suficiente sustento técnico en favor del socio estatal, elevando el government take a niveles de entre 39 % y 52 %. También advirtió que algunos contratos recientemente firmados permiten ventear o quemar hasta 6.000 pies cúbicos de gas por cada barril de petróleo producido.“Estamos agotando, destruyendo y eliminando riqueza futura que pudiéramos conservar o monetizar”, alertó.

Como ejemplo de esta pérdida de capacidad productiva, mencionó que tuberías destinadas a la recolección y reinyección de gas han sido cortadas y vendidas como chatarra. Advirtió, además, que los precios actuales del petróleo están influenciados por los conflictos bélicos y que, una vez que el mercado internacional se estabilice, numerosos campos cuya explotación depende exclusivamente del crudo podrían dejar de ser rentables.

Como ejemplo concreto de su propuesta, Castro presentó un proyecto de licencia para el norte del bloque Ayacucho, que comprende siete campos con reservas de 18 billones de pies cúbicos de gas y una relación promedio de 3.273 pies cúbicos de gas por barril de petróleo.

Explicó que la reactivación de 2.200 pozos requeriría una inversión aproximada de 1.600 millones de dólares y aseguró que ya cuenta con una manifestación de interés de inversionistas de Emiratos Árabes Unidos por 2.000 millones de dólares, sujeta a la aprobación del proyecto por parte del Estado venezolano.

De concretarse, la licencia permitiría producir alrededor de 112.000 barriles diarios de petróleo y cerca de 300 millones de pies cúbicos diarios de gas. Este volumen, según detalló, sería suficiente para abastecer dos plantas de ciclo combinado de 420 megavatios cada una, con captura de CO₂, y generar un excedente de metano destinado a la exportación a través del río Orinoco.

El proyecto tendría una tasa interna de retorno superior al 30 %. “Todo esto lo estoy consiguiendo sin un medio de la Nación: todo apalancado y con contratos a largo plazo”, subrayó. La propuesta contempla desarrollar seis macrolicencias, desde Oriente hasta Occidente.

Según las estimaciones presentadas por Castro, cuatro de ellas concentrarían inversiones superiores a los 50.000 millones de dólares y permitirían alcanzar una producción de al menos 1,25 millones de barriles diarios de petróleo, 5.362 millones de pies cúbicos diarios de gas y más de 400.000 barriles diarios de líquidos. Además, harían posible incorporar más de 11.000 megavatios de generación eléctrica.

Castro destacó especialmente las oportunidades que ofrece la Costa Oriental del Lago, donde una licencia de gas permitiría instalar aproximadamente 3.600 megavatios de capacidad de generación eléctrica, suficientes, según sus cálculos, para contribuir a superar los apagones en el Zulia y el resto del occidente venezolano.

Al comparar esta propuesta con las estimaciones de Siemens, que ubican entre 15.000 y 40.000 millones de dólares los recursos necesarios para rehabilitar las turbinas del sistema eléctrico nacional, aseguró que las plantas de generación financiadas mediante el esquema de licencias que plantea «le van a costar cero a la Nación».

En relación con los anuncios oficiales sobre una próxima exportación de gas venezolano, el especialista manifestó sus reservas y explicó que el gasoducto Antonio Ricaurte no estaría en condiciones de abastecer a Colombia mientras el gas del occidente del país mantenga su condición de gas húmedo, con hasta 20 % de líquidos, frente a las exigencias de calidad del mercado colombiano.

También aclaró que el gas licuado de petróleo (GLP) que actualmente se transporta en gandolas no constituye la primera experiencia exportadora de Venezuela, pues recordó que el país llegó a despachar desde Jose alrededor de 500.000 barriles mensuales de propano refrigerado.

A su juicio, las alternativas más viables para desarrollar las exportaciones de gas pasan por el campo Dragón, con destino a Trinidad y Tobago; el proyecto Loran–Manatee, o el desarrollo de los campos Río Caribe, Patao y Mejillones mediante instalaciones flotantes de exportación, sin necesidad de llevar el gas a tierra firme.

Finalmente, Castro hizo un llamado a construir un consenso nacional alrededor del aprovechamiento de los recursos gasíferos y aclaró que su propuesta no busca reservar para sí mismo el desarrollo de estos proyectos. “No estoy diciendo que estas seis licencias las quiero hacer yo solo. Esto tiene que convertirse en una política de explotación de productores de gas con crudo asociado”, expresó.

Asimismo, manifestó su disposición a debatir la iniciativa con representantes de todos los sectores, convencido de que el aprovechamiento de esta riqueza debe traducirse en beneficios para la Nación.

Nota de Prensa