Bolivia — Dockweiler: Presupuesto Reformulado que pretende imponer el Concejo Municipal es Inconstitucional y pone en riesgo el POA vecinal

* La autoridad edil denunció que los concejales de oposición modificaron sustancialmente el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo Municipal, incorporando disposiciones que invaden competencias y obstaculizan los ajustes presupuestarios. Anunció que se buscan alternativas con el Ministerio de Economía y que, de persistir esta situación, se acudirá al Tribunal Constitucional.

El alcalde de La Paz, César Dockweiler, denunció este miércoles que el presupuesto reformulado que los ocho concejales de oposición pretenden que sea aprobado por el Ejecutivo Municipal contiene disposiciones inconstitucionales, invade competencias y pone en riesgo la ejecución del Presupuesto Operativo Anual (POA) de los vecinos.

La autoridad edil cuestionó que, en lugar de viabilizar la propuesta presentada por el Ejecutivo Municipal, los concejales hayan modificado sustancialmente el proyecto de ley e incorporado disposiciones que, según explicó, están al margen de la normativa vigente y exceden las atribuciones del órgano deliberativo.

“El Concejo Municipal trata de meter una norma que es inconstitucional, que está al margen de la ley y afecta en los reajustes presupuestarios. Y esto no solamente afecta el tema de salarios, afecta también el tema de la ejecución de los POA de los vecinos, afecta en muchos otros aspectos”, advirtió Dockweiler.

El Alcalde lamentó que las diferencias políticas y los intereses particulares estén interfiriendo en decisiones fundamentales para la administración municipal, señalando que las consecuencias de estas trabas no recaen sobre las autoridades, sino sobre la población paceña, que espera respuestas y resultados concretos de su Gobierno Municipal.

“En vez de aprobar la ley que nosotros habíamos propuesto, la modificaron totalmente e incluyeron aspectos que son inconstitucionales. Hay una invasión de competencias y una serie de elementos que provocaron que efectivamente no se pudiera realizar el reformulado del presupuesto”, explicó.

La autoridad edil recordó que el municipio atraviesa una situación económica compleja, heredada de la anterior administración, por lo que resulta indispensable contar con instrumentos legales y presupuestarios que permitan ordenar las finanzas, realizar los reajustes necesarios y garantizar la continuidad de las actividades y proyectos contemplados en los POA vecinales.

El Ejecutivo busca una salida y no descarta acudir al Tribunal Constitucional

Frente a este escenario, el Alcalde aseguró que el Ejecutivo Municipal no permanecerá de brazos cruzados y ya trabaja en alternativas para resolver el conflicto presupuestario. Informó que se están sosteniendo reuniones con el Ministerio de Economía y Finanzas Públicas para encontrar mecanismos que permitan superar los obstáculos y garantizar el funcionamiento de la administración municipal.

La autoridad fue clara al señalar que el Ejecutivo Municipal espera que el Concejo Municipal revise su actuación y reconozca los cuestionamientos jurídicos planteados a la modificación de la norma. De mantenerse la posición de los concejales, anunció que se recurrirá a las instancias jurisdiccionales correspondientes.

“Nosotros también esperamos que desde el Concejo Municipal se den cuenta de que lo que han hecho es realmente inconstitucional. Si se sostienen en ese tema, vamos a tener que acudir a las instancias jurisdiccionales correspondientes; por supuesto, al Tribunal Constitucional sería el primer paso”, advirtió a la Amun.

Finalmente, Dockweiler remarcó que la prioridad del Gobierno Autónomo Municipal de La Paz debe ser garantizar la ejecución presupuestaria, atender las necesidades de los barrios y evitar que las diferencias entre autoridades terminen paralizando la gestión pública.

La Paz necesita soluciones, no más obstáculos. El presupuesto municipal debe estar al servicio de los vecinos y del desarrollo de la ciudad, no condicionado por disputas políticas ni por disposiciones que el Ejecutivo considera contrarias al ordenamiento jurídico.