Argentina rechazó este miércoles ante el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TIDM) la reivindicación de soberanía británica sobre las islas Malvinas y reclamó la adopción de medidas provisionales para impedir el avance del proyecto de explotación de hidrocarburos Sea Lion, frente a la inminencia del inicio de las perforaciones.
El Tribunal del Mar fijó, finalmente, el sábado 28 de noviembre de 2026 como fecha para leer su orden sobre las medidas provisionales que solicitó el Gobierno para cesar el proyecto petrolero Sea Lion en aguas circundantes a las islas Malvinas.
El anuncio fue realizado por el presidente del organismo, el camerunés Maurice Kamga, al cierre de la segunda y última jornada de audiencias en Hamburgo, Alemania.
Durante el cierre de la segunda ronda de alegatos argentinos, la delegación sostuvo que el tribunal cuenta con competencia prima facie para intervenir, que los derechos invocados por Buenos Aires son plausibles y que existe un riesgo real e inminente de perjuicio irreparable. La Argentina también argumentó que las medidas son urgentes porque, una vez iniciada la explotación, los daños ya no podrían ser reparados por un fallo posterior.
El mensaje de la delegación fue sintetizado en una frase que se repitió durante la jornada: “Es ahora o nunca”.
La disputa por la soberanía y la competencia del Tribunal del Mar
El primer expositor argentino fue el jurista Marcelo Gustavo Kohen, quien cuestionó la posición británica por avanzar sobre los recursos de la plataforma continental mientras continúa sin resolverse la disputa de soberanía sobre las islas.
Kohen sostuvo que las Malvinas continúan incluidas en la lista de territorios no autónomos de las Naciones Unidas pendientes de descolonización y recordó que la Asamblea General y su Comité de Descolonización son los órganos encargados de supervisar ese proceso.
El jurista remarcó además que la controversia no se limita a la soberanía territorial sobre el archipiélago, sino que también alcanza los espacios marítimos. En ese sentido, recordó la resolución 31/49 de la Asamblea General de la ONU, que insta a las partes a no adoptar decisiones unilaterales mientras continúa la disputa.
La Argentina sostiene que el tribunal arbitral que deberá resolver la controversia tiene competencia prima facie, es decir, que existen fundamentos jurídicos suficientes para considerar preliminarmente que el conflicto involucra la interpretación o aplicación de la Convención de las Naciones Unidas sobre el Derecho del Mar.
Según la posición argentina, esto permitiría adoptar medidas provisionales sin que el TIDM tenga que pronunciarse sobre la soberanía de las islas. El objetivo de la presentación, remarcaron los representantes argentinos, no es que el tribunal resuelva ahora esa cuestión, sino preservar los derechos de las partes mientras avanza el procedimiento arbitral.
Kohen también cuestionó que el Reino Unido prácticamente no hiciera referencia en sus alegatos a la existencia de una disputa de soberanía. El jurista calificó esa omisión como “el elefante en la habitación”.
Sea Lion y el riesgo de un daño irreversible
El segundo eje de la presentación argentina estuvo a cargo del jurista neerlandés Nicolaas Jan Schrijver, quien concentró su exposición en la urgencia y en el riesgo de perjuicio irreparable.
Schrijver marcó como punto de inflexión la decisión final de inversión del 10 de diciembre de 2025, que, según la delegación argentina, transformó el proyecto Sea Lion de una iniciativa de exploración en un programa concreto de explotación petrolera.
El proyecto contempla hasta 26 pozos, infraestructura submarina permanente y una producción estimada de 310,5 millones de barriles durante un período de aproximadamente 30 años. La iniciativa es desarrollada por la petrolera israelí Navitas, que tiene una participación del 65%, y la británica Rockhopper, con el 35% restante.
La primera perforación de explotación está prevista para marzo de 2027 y, de acuerdo con los argumentos argentinos, la producción comenzaría al año siguiente. Para Buenos Aires, ese cronograma vuelve especialmente urgente la intervención del Tribunal del Mar.
“Una vez se haya perforado el primer pozo de explotación, ya no habrá ningún statu quo que preservar”, sostuvo Schrijver. Según el jurista, la modificación permanente de la plataforma continental y la extracción de los hidrocarburos generarían un perjuicio que ningún laudo posterior podría revertir completamente.
“Solo este Tribunal puede actuar a tiempo para impedirlo”, afirmó el integrante de la delegación argentina, antes de cerrar su exposición con la advertencia: “Si no es ahora, nunca lo será”.
Las cuatro medidas que pidió Argentina
El cierre de los alegatos estuvo a cargo de Mario Oyarzábal, consejero legal de la Cancillería y agente argentino ante el TIDM. El funcionario sostuvo que Buenos Aires acreditó los cuatro requisitos necesarios para el dictado de medidas provisionales: competencia prima facie, plausibilidad de los derechos, riesgo de perjuicio irreparable y urgencia.
En paralelo, Oyarzábal reiteró la disposición argentina a reanudar las negociaciones bilaterales con el Reino Unido sobre la cuestión Malvinas, de acuerdo con las resoluciones de la Asamblea General de la ONU.
Por su parte, el Reino Unido rechazó el planteo argentino y sostuvo que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar no tiene jurisdicción para intervenir en una disputa que, según Londres, está vinculada con la soberanía de las islas Malvinas. La delegación británica también cuestionó las medidas cautelares solicitadas por la Argentina para frenar la actividad hidrocarburífera.
Con los alegatos concluidos, ahora resta que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar se pronuncie sobre las medidas solicitadas. No existe un plazo establecido para la decisión, aunque desde la delegación argentina señalaron como antecedente el caso de la Fragata Libertad, cuya resolución demandó unas tres semanas.
El Reino Unido rechaza la competencia del TIDM
El Reino Unido negó este miércoles que el Tribunal Internacional del Derecho del Mar (TDIM) tenga competencia para tomar medidas cautelares sobre los proyectos de explotaciones de crudo en las islas Malvinas.
“La reclamación de Argentina se basa en su capacidad para ejercer los derechos del Estado ribereño. Es imposible calificar su reclamación de otra forma que no sea como una reclamación relativa a la soberanía sobre el territorio terrestre, o que pretenda hacer valer su reclamación de soberanía”, dijo en el alegato final la asesora jurídica del Reino Unido Sally Langrish.
“Con todo respeto, este tribunal no puede considerar que el tribunal previsto en el Anexo VII tenga competencia prima facie sobre dicha demanda”, aludió a cuenta del proceso arbitral entre Argentina y el Reino Unido sobre la explotación de los hidrocarburos en esas aguas.
Según subrayó Langrish, “Argentina no ha demostrado ningún derecho plausible que se derive de manera determinante de la propia Convención” y “no ha demostrado la urgencia” respecto a los proyectos petrolíferos.
“El Reino Unido invita respetuosamente al Tribunal a que desestime todas las solicitudes de la República Argentina relativas a la adopción de medidas provisionales”, dijo Langrish.
