Impulsan que la ex cárcel de Devoto se transforme en un parque público y un espacio de memoria

La diputada porteña Delfina Velázquez, del bloque Fuerza por Buenos Aires, presentó un proyecto de ley para redefinir el destino del predio que ocupa el Complejo Penitenciario Federal de Devoto una vez concluido el traslado de los detenidos. La iniciativa plantea convertir la mayor parte del terreno en un parque público y crear un espacio destinado a la promoción y defensa de los derechos humanos.

La propuesta, que lleva también las firmas de Andrés La Blunda, Juan Pablo Modarelli y Alejandro Salvatierra, establece la desafectación del inmueble de la categoría Urbanización Futura prevista en el Código Urbanístico de la Ciudad. En su lugar, propone asignar el 65% de la superficie a Urbanización Parque y reservar el 35% restante para la creación del “Espacio para la Memoria y para la Promoción y Defensa de los Derechos Humanos ex-Cárcel de Devoto”.

Según los fundamentos del proyecto, el predio posee un valor histórico y simbólico particular por haber funcionado como lugar de detención de presos políticos durante la última dictadura militar y por haber sido escenario de la denominada Masacre del Pabellón Séptimo, ocurrida en marzo de 1978.

La iniciativa prevé preservar diversos sectores considerados relevantes para la reconstrucción histórica y las investigaciones judiciales en curso. Entre ellos figuran el Pabellón Séptimo, donde ocurrió la masacre; los módulos que alojaron a presos políticos; el denominado “pabellón de las madres”; las celdas de castigo; el Centro Universitario Devoto y el Hospital Penitenciario Federal.

Los autores sostienen que la refuncionalización del predio debe contemplar tanto los reclamos de organismos de derechos humanos como las demandas vecinales por más espacios verdes en una zona que presenta déficit de áreas públicas de recreación. En ese sentido, remarcan que Villa Devoto fue uno de los barrios donde más controversias generaron los cambios urbanísticos de los últimos años y advierten sobre la necesidad de preservar su perfil residencial.

El proyecto también cuestiona la posibilidad de avanzar con la venta de los terrenos una vez concretado el cierre de la unidad penitenciaria. Los legisladores argumentan que el complejo fue declarado Sitio de Memoria del Terrorismo de Estado y que corresponde garantizar la preservación de sectores vinculados a graves violaciones de derechos humanos.

La propuesta ingresó este miércoles a la Legislatura y se encuentra a la espera de la asignación de giro a las comisiones correspondientes.