Alcaldías exigen participar en la recaudación de la inspección vehicular y que el Gobierno pague el bono de discapacidad

Los gobiernos municipales de las ciudades capitales y El Alto plantearon al Gobierno nacional una serie de modificaciones económicas y administrativas en el marco de la discusión de la Agenda 50/50. Entre sus principales demandas están recibir parte de los recursos recaudados por la Inspección Técnica Vehicular (ITV) y que el Tesoro General de la Nación (TGN) asuma el financiamiento del bono para personas con discapacidad.

La propuesta fue presentada por la Asociación de Municipalidades de Bolivia (AMB), que considera necesario modificar la Ley 977 para trasladar al nivel central del Estado la responsabilidad financiera del bono de discapacidad, cuyo pago actualmente corresponde a los gobiernos municipales.

En cuanto a la inspección vehicular, los alcaldes plantean el retorno de la ITV al ámbito municipal o, en su defecto, establecer un mecanismo que permita a las alcaldías participar en la distribución de los recursos económicos que genera este servicio, actualmente administrado por la Policía Boliviana.

El argumento de los municipios es que asumen los costos del ordenamiento del tránsito, el mantenimiento de la infraestructura vial y otros servicios relacionados con la circulación vehicular, por lo que consideran que deben recibir una parte de esos ingresos.

Más demandas al Gobierno

El documento firmado por los representantes de las 10 municipalidades también contempla la revisión del 10% destinado a Seguridad Ciudadana y la elaboración de un inventario técnico-jurídico de las obligaciones financieras nacionales que actualmente son cubiertas por los gobiernos municipales.

Los alcaldes sostienen que el incremento de los precios de los carburantes elevó los costos operativos de los servicios públicos y la ejecución de obras, generando una mayor presión sobre presupuestos que fueron elaborados con precios anteriores.

Estas exigencias forman parte de la agenda municipal vinculada al modelo 50/50, con el que las alcaldías buscan una redistribución de los recursos del Estado y mayores condiciones de autonomía financiera.

Los gobiernos municipales consideran que no pueden seguir asumiendo responsabilidades sin contar con los recursos suficientes para garantizar los servicios y atender las necesidades de la población.

La propuesta ahora apunta a abrir una negociación con el Gobierno nacional para definir los cambios legales y financieros que permitan modificar la distribución de recursos y responsabilidades entre los distintos niveles del Estado.

Ahoradigital