
Ante el conflicto socioambiental en el relleno sanitario intermunicipal de Cholula y el bloqueo de la carretera federal México–Puebla, la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo emplazó al gobernador Alejandro Armenta y al senador Cuauhtémoc Ochoa, dueño de la empresa Pro–Faj Hidrolimpieza S.A. de C.V, a esclarecer la situación, al tiempo de confirmar que la Secretaría de Gobernación federal (Segob) mantiene diálogo permanente en la entidad para distensionar la protesta.
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Durante su conferencia matutina, la mandataria federal precisó que se ha operado de la mano con la administración estatal.
“Hay diálogo con la Secretaría de Gobernación. Hubo diálogo con el gobernador y se está buscando resolver”, afirmó al referirse a las mesas de negociación con las comunidades cholultecas en resistencia.
Cuestionada sobre los señalamientos de que el senador morenista Cuauhtémoc Ochoa figura como presunto propietario de la empresa concesionaria del basurero, la titular del Ejecutivo federal exigió transparencia y solicitó directamente la cooperación desde Puebla.
“Que se investigue todo lo que se tenga que investigar. Vamos a revisar eso, porque luego aquí se dicen cosas. Nos ayuda a aclarar ahí el gobernador y el senador, por favor”, solicitó.
En la mañanera se expuso el colapso del vaso receptor —diseñado originalmente para 30 años, pero saturado en dos tras recibir desechos de más de 20 municipios y del estado de Oaxaca—, así como la filtración incontrolada de lixiviados que afectan mantos acuíferos y tierras de cultivo.
Además de que la empresa del morenista Cuauhtémoc Ochoa no se quiere comprometer a resarcir los daños causados por la filtración de lixiviados del relleno sanitario, que se ubica en los límites de Cholula y San Andrés Calpan.
“Hay una negativa de Pro–Faj para atender los daños que causó y por eso no se logran acuerdos para retirar el plantón en la carretera”, señalaron los manifestantes.
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Pese a que las autoridades estatales preveían levantar el plantón en la carretera federal México–Puebla, tras instalar mesas de diálogo, los manifestantes decidieron después de cuatro horas de negociación mantener el cierre vial ante la negativa de la empresa privada a asumir compromisos de saneamiento integral y limpieza de los suelos afectados ante un notario público.
Las comunidades indígenas y campesinas reiteraron que el cese de las movilizaciones sociales está condicionado a la clausura definitiva del relleno sanitario de Cholula, la remediación ambiental inmediata y el deslinde de responsabilidades de los funcionarios y particulares implicados.
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