Impulsan en la Legislatura porteña un registro permanente de inmuebles vacíos

El diputado porteño Federico Mochi presentó en la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires un proyecto de ley para crear el Registro Permanente de Inmuebles Vacíos, una base de datos oficial destinada a relevar viviendas desocupadas y terrenos baldíos en territorio porteño.

La propuesta establece que el registro funcionará bajo la órbita del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) y tendrá como finalidad producir información confiable y periódica sobre la cantidad, ubicación y características de los inmuebles sin uso habitacional efectivo, con el objetivo de orientar futuras políticas públicas vinculadas al acceso a la vivienda.

Según el proyecto de Mochi, que también firman sus compañeras de Fuerza por Buenos Aires María Bielli, Victoria Freire, Andrea Mariana González y Graciana Peñafort, la identificación de los inmuebles se realizará a partir del análisis del consumo eléctrico informado trimestralmente por las distribuidoras Edenor y Edesur. Se considerará en situación de vacancia habitacional a toda unidad funcional cuyo consumo sea inferior a 50 kilovatios-hora mensuales. A partir de ese indicador, las viviendas serán clasificadas como vacías friccionales, transicionales o estructurales, según el tiempo durante el cual permanezcan desocupadas.

La iniciativa distingue especialmente a las denominadas “viviendas vacías estructurales”, es decir, aquellas que permanezcan más de doce meses consecutivos sin ocupación efectiva. En esos casos, la autoridad de aplicación deberá identificar a los titulares del inmueble y requerirles una declaración jurada para justificar las razones de la vacancia. Si no se acreditara alguna de las excepciones previstas o no se presentara la documentación requerida, la propiedad ingresaría al registro.

Entre las situaciones exceptuadas figuran inmuebles afectados por sucesiones, litigios judiciales, obras de refacción, daños ocasionados por siniestros, ausencias temporarias debidamente justificadas de sus propietarios y propiedades pertenecientes al Estado o alcanzadas por programas específicos de vivienda.

El registro tendrá una parte pública y otra reservada. Los informes semestrales de acceso público incluirán datos agregados sobre cantidad de inmuebles vacíos, distribución por comunas, evolución histórica del fenómeno y cantidad de terrenos baldíos. En cambio, la ubicación específica de las propiedades y los datos personales de sus titulares permanecerán protegidos y sólo podrán ser utilizados por organismos públicos competentes.

El proyecto también prevé sanciones para quienes omitan presentar las declaraciones juradas requeridas. Las multas consistirán en recargos progresivos calculados sobre la Valuación Fiscal Homogénea del inmueble y serán liquidadas junto con el ABL. Los autores aclaran que la penalización no se aplica por el hecho de mantener una vivienda vacía, sino por incumplir con la obligación de informar al Estado.

En los fundamentos, los impulsores sostienen que la Ciudad atraviesa una “crisis habitacional profunda y estructural” y citan estudios que estiman que existen más de 200.000 viviendas ociosas en Buenos Aires. También mencionan antecedentes internacionales, como los de Vancouver, Montevideo, Cataluña e Irlanda, donde se implementaron mecanismos similares para relevar el stock habitacional desocupado.

Los autores remarcan que el objetivo central de la propuesta no es crear un nuevo tributo ni penalizar la propiedad privada, sino institucionalizar un sistema permanente de producción de información que permita conocer en forma precisa la magnitud de la vacancia habitacional y aportar herramientas para el debate sobre políticas de vivienda en la Ciudad.