Bolivia — Maestros urbanos van al paro de 48 horas y advierten riesgo de privatización de institutos técnicos

El magisterio urbano de Bolivia cumple un paro nacional de 48 horas en rechazo al proyecto del Gobierno que plantea transferir la administración de los institutos técnicos y tecnológicos a las gobernaciones. El sector advierte que la medida podría dejar a estas instituciones sin recursos suficientes y obligarlas a buscar mecanismos propios de financiamiento.

Miriam Ayala, representante de la Confederación de Trabajadores de Educación Urbana de Bolivia, sostuvo que la principal preocupación del sector no es la descentralización administrativa en sí misma, sino la posibilidad de que el Estado deje de asumir la responsabilidad económica sobre estos centros de formación.

“Nosotros no vamos a permitir que a nombre de descentralización se privatice la educación boliviana”, afirmó Ayala en una entrevista con Desayuno Informado.

La dirigente señaló que el proyecto de transferencia incluye en varias partes el término “autogestión”, una disposición que, según su interpretación, podría obligar a cada instituto a generar sus propios recursos para continuar funcionando.

A su juicio, las gobernaciones podrían recibir la responsabilidad administrativa sin contar con el presupuesto necesario para sostener los institutos. En ese escenario, advirtió, las instituciones tendrían que buscar mecanismos de autofinanciamiento.

El magisterio cuestiona la reducción del presupuesto educativo

Ayala también vinculó el conflicto con la reducción del presupuesto destinado a educación. Según las cifras que presentó durante la entrevista, la asignación habría pasado del 10% en 2025 al 7% en 2026, mientras que el proyecto presupuestario para 2027 contemplaría un 5%.

La representante del magisterio sostuvo que esa reducción contradice el discurso gubernamental de mejorar la calidad educativa y modernizar el sistema.

“Cuando uno firma que quiere apostar a educación, que quiere mejorar la educación, se lo hace con inversión, no con discurso”, manifestó.

Entre las consecuencias que mencionó están la falta de entrega de textos escolares y la decisión de no distribuir diplomas de bachillerato impresos a los estudiantes. También señaló que existen otras necesidades pendientes dentro del sistema educativo público.

Ayala atribuyó estas decisiones a una política de reducción del gasto público que, según afirmó, responde a condicionamientos del Fondo Monetario Internacional. Esa interpretación corresponde a la posición expresada por la dirigente durante la entrevista.

La preocupación por el financiamiento de los institutos

El punto central de la protesta es la garantía de recursos para el funcionamiento de los institutos técnicos y tecnológicos. Ayala sostuvo que transferir su administración a las gobernaciones sin asegurar previamente el financiamiento podría profundizar los problemas que ya enfrenta la educación pública.

Como argumento, mencionó que los institutos tienen dificultades económicas y que, según sus datos, existen más de 800.000 horas de trabajo que los maestros realizan de manera gratuita.

La dirigente cuestionó que el Gobierno pueda garantizar el funcionamiento de estas instituciones después de trasladar su administración a los gobiernos departamentales, especialmente si las gobernaciones no cuentan con recursos suficientes.

“Cada instituto tiene que buscar la manera de financiarse, autofinanciarse en todo sentido, si es que quiere seguir funcionando”, advirtió al referirse al alcance que atribuye al término autogestión incluido en el proyecto.

Para el magisterio, la transferencia podría convertirse en una forma de trasladar la responsabilidad financiera a las gobernaciones y, posteriormente, a los propios institutos.

Rechazo a otros cambios en la formación docente

Ayala también cuestionó los anuncios del Ministerio de Educación sobre las escuelas superiores de formación de maestros. Según indicó, estas instituciones pasarían a depender de las universidades públicas y privadas a partir de 2027.

Además, señaló que para ese año no se prevé un examen de admisión para los nuevos postulantes.

La representante afirmó que estas decisiones contradicen compromisos que, según recordó, fueron asumidos con el sector en un acta de acuerdo firmada el 16 de mayo.

En ese documento, explicó, se establece el marco de la Constitución Política del Estado y la obligación estatal de financiar la educación fiscal, única y gratuita. Por ello, considera que las modificaciones anunciadas afectan la orientación de la educación pública.

Denuncian intervención policial durante las protestas

La dirigente también denunció que el viernes anterior, mientras los maestros realizaban movilizaciones y medidas de protesta pacífica en La Paz, efectivos policiales intervinieron la Casona, infraestructura perteneciente a la Federación de Maestros Urbanos de ese departamento.

Según su relato, los efectivos utilizaron gases y ejercieron violencia contra los docentes que pretendían realizar una crucifixión como medida de protesta. Afirmó que entre las personas afectadas estuvo la ejecutiva de la Federación de La Paz.

Estas denuncias fueron expuestas por Ayala durante la entrevista y no fueron contrastadas con la versión policial en el diálogo.

El paro continuará mientras esperan una invitación al diálogo

Ayala confirmó que las 31 federaciones del magisterio urbano determinaron cumplir el paro nacional de 48 horas, acompañado de movilizaciones. También anunció que los piquetes de huelga de hambre instalados en distintas federaciones podrían ampliarse.

La dirigente aseguró que el sector está dispuesto a dialogar con el Gobierno, pero señaló que hasta el momento no recibió una invitación formal, pese a que el ministro de Educación había anunciado públicamente que se realizaría un acercamiento.

“Siempre hemos sido abiertos al diálogo”, sostuvo.

El magisterio espera que las autoridades formalicen la convocatoria para discutir alternativas que permitan mejorar la educación sin comprometer el financiamiento público de los institutos técnicos y tecnológicos.

Mientras tanto, el conflicto se mantiene alrededor de dos demandas centrales: que el Estado garantice los recursos para la educación pública y que el proyecto de transferencia a las gobernaciones no derive, según la preocupación del sector, en un modelo de autofinanciamiento para los institutos.