El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos absolvió a Geraldino Cazal Argüello y María Angélica Acosta Bjasso, acusados de un supuesto esquema de coimas para favorecer a un procesado por coacción sexual y violación. En contrapartida, condenó al abogado Luis Antonio Méndez Vera a 2 años y 6 meses de prisión por tráfico de influencias.
Un giro se produjo en el juicio oral por el presunto esquema de corrupción que involucraba al exjuez penal de Garantías de Alberdi, Geraldino Cazal Argüello, y a la exfiscala María Angélica Acosta Bjasso. El Tribunal de Sentencia Especializado en Delitos Económicos resolvió absolver a ambos exfuncionarios por duda razonable, mientras que el abogado Luis Antonio Méndez Vera fue condenado a 2 años y 6 meses de prisión por tráfico de influencias.
La resolución representa un revés para el Ministerio Público, que había solicitado penas de 7 años y 6 meses de cárcel para el exmagistrado y 4 años y 6 meses para la exfiscala y el abogado, respectivamente.
El colegiado estuvo presidido por la jueza Ana Rodríguez e integrado por Yolanda Morel y Karina Cáceres. Tras evaluar las pruebas producidas durante el debate oral, las magistradas concluyeron que no existían elementos suficientes para alcanzar el grado de certeza requerido para condenar a Cazal Argüello y Acosta Bjasso, por lo que aplicaron el principio de la duda razonable.
En contrapartida, el tribunal consideró acreditada la responsabilidad penal de Méndez Vera por tráfico de influencias y le impuso una pena de dos años y seis meses de prisión.
Fiscalía analiza una posible apelación
Tras conocerse el fallo, el fiscal Luis Piñánez, representante del Ministerio Público en el juicio, adelantó que analizará los fundamentos de la resolución y no descartó presentar una apelación contra la absolución de los exfuncionarios judiciales.
La lectura íntegra de la sentencia fue fijada para el próximo 13 de noviembre. El documento permitirá conocer los argumentos jurídicos que sustentaron la absolución de los exfuncionarios y la condena del abogado.
El presunto pedido de G. 40 millones
La investigación se remonta a agosto de 2019, cuando se realizó una entrega vigilada de dinero en la ciudad de Alberdi, departamento de Ñeembucú.
Según la acusación del Ministerio Público, entre julio y agosto de ese año, el entonces juez Geraldino Cazal y la fiscala María Angélica Acosta habrían participado en un esquema de exigencia de una coima de G. 40 millones para favorecer a Teófilo Gómez, procesado por coacción sexual y violación.
La hipótesis fiscal sostenía que el abogado Luis Antonio Méndez Vera actuaba como intermediario para gestionar el pago, que supuestamente debía distribuirse entre la madre de la víctima, la fiscala y el entonces juez. De acuerdo con la acusación, G. 20 millones estaban destinados a la madre de la víctima, G. 10 millones a la representante del Ministerio Público y otros G. 10 millones al magistrado.
El objetivo del supuesto acuerdo era conseguir beneficios procesales para el imputado, entre ellos medidas menos gravosas y la posterior homologación de un acuerdo conciliatorio.
https://observador.com.py/absuelven-a-exjuez-y-exfiscala-por-duda-razonable-y-condenan-a-abogado-por-trafico-de-influencias/
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