Puerto López se endeuda en infraestructura pero toma agua no potable 

Columna escrita por Sofía Díaz, columnista invitada.

Los municipios parecen avanzar a la velocidad de sus obras, pero ¿qué significa desarrollar un municipio? La respuesta parece evidente cuando se habla de modernizar la infraestructura, atraer inversiones y dinamizar la economía; sin embargo, el progreso de un territorio no puede medirse únicamente por las transformaciones que se ven, sino también por las condiciones de vida de quienes lo habitan.

Por medio del Proyecto de Acuerdo No. 024 de 2025 el Concejo Municipal de Puerto López autorizó operaciones de crédito público por hasta $45.000 millones, con un plazo máximo de pago de diez años, para modernizar la infraestructura urbana y promover la reactivación económica de Puerto López. Allí mismo se establecen desembolsos programados de $28.125 millones en el primer periodo de 2026 y $16.875 millones en 2027. En diciembre de 2025, la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios publicó un informe de vigilancia detallada sobre Espuerto, la empresa de servicios públicos del municipio. El documento concluyó que el agua suministrada en Puerto López durante casi todo 2024 y 2025 no era apta para el consumo humano, de acuerdo con el Índice de Riesgo de la Calidad del Agua para Consumo Humano (Irca). El informe identificó deficiencias en el reporte de varios parámetros de calidad. La apuesta por la modernización abre una discusión necesaria: ¿qué prioridades orientan el desarrollo de un municipio cuya ubicación estratégica lo conecta con importantes corredores industriales y empresariales?

No se trata de cuestionar la capacidad de endeudamiento del municipio ni de afirmar que invertir en infraestructura sea innecesario. Los andenes, las vías y los espacios públicos pueden mejorar la movilidad, la seguridad peatonal y la actividad económica. Tampoco se trata de asumir que una inversión en infraestructura impide, por naturaleza, inversión social. El problema aparece cuando la transformación física del territorio se convierte en la principal medida del progreso, mientras otras necesidades fundamentales siguen sin resolverse.

En Puerto López, la intervención de la avenida 14, sobre el corredor de la vía nacional, pone esta discusión en primer plano. Por allí transitan diariamente personas y vehículos vinculados a la actividad económica de la región. Mejorar este corredor puede tener beneficios reales, pero también es legítimo preguntar qué lugar ocupa esta inversión dentro del conjunto de necesidades del municipio y con qué criterios se decidió priorizarla.

La pregunta cobra mayor relevancia cuando se contrasta con la situación del agua, una de las demandas históricas de los portolopenses.

El acceso a agua potable no es un lujo: es una condición básica para la salud. Por eso, cuando una administración plantea una inversión millonaria para transformar el paisaje urbano, toca preguntarse cómo se articula esa apuesta con las necesidades de la gente.

El panorama departamental también merece atención. Según el Departamento Administrativo Nacional de Estadística (Dane), la incidencia de pobreza multidimensional en el Meta pasó del 10,4 % en 2024 al 12,3 % en 2025, un aumento de 1,9 puntos porcentuales. La situación es especialmente preocupante en los centros poblados y las zonas rurales dispersas del departamento, donde el indicador aumentó del 18,2 % al 26,4 % durante el mismo periodo. La pobreza multidimensional mide condiciones que van más allá de los ingresos e incluye dimensiones como la educación, la salud, el trabajo, las condiciones de la niñez y juventud, y el acceso a servicios públicos domiciliarios y condiciones de vivienda. Es decir, permite observar aspectos del bienestar que no necesariamente se reflejan en qué tan lindo y moderno se ve un andén.

Los municipios pueden transformarse físicamente sin que todas las dimensiones de la vida de sus habitantes mejoren al mismo ritmo. Una obra puede ser visible, fotografiable y útil para la actividad económica; garantizar agua de calidad, reducir la escasez de los hogares y fortalecer el acceso a los servicios esenciales, en cambio, exige resultados que no siempre se pueden inaugurar con una cinta.

Sofía Díaz

Profesional en Trabajo Social, activista y defensora de los derechos humanos, con trayectoria en la defensa de los derechos de los campesinos y campesinas del departamento del Meta, el fortalecimiento organizativo comunitario y la reconstrucción del tejido social.