Nueva Galia desistió del juicio por el Tratado de La Toma

Nueva Galia se convirtió en la localidad número 15 en desistir de las acciones judiciales contra el Gobierno de San Luis por el Tratado de La Toma. La decisión fue formalizada este jueves por la intendenta Diamela Freixes, durante una reunión con el ministro de Gobierno, Gonzalo Amondarain, en Casa de Gobierno.

Con esta presentación, de las 17 localidades que habían iniciado reclamos judiciales por el acuerdo firmado en 2023, solo dos mantienen sus demandas: San Martín y Las Aguadas, ambas del departamento San Martín. La última en abandonar el proceso había sido La Toma, a través de su intendente, Walter Contreras.

El origen del conflicto

El Tratado de La Toma fue firmado el 24 de septiembre de 2023, durante la gestión de Alberto Rodríguez Saá. El acuerdo establecía compromisos de transferencia de recursos provinciales a los municipios, destinados a mejorar los salarios de los trabajadores municipales.

En 2024, el gobernador Claudio Poggi dispuso su revocación mediante el Decreto 35-MG-2024. La administración provincial argumentó que el convenio comprometía recursos que no estaban debidamente presupuestados y que su cumplimiento podía afectar las finanzas públicas.

La medida derivó en presentaciones judiciales de distintos municipios, que recurrieron a amparos y medidas cautelares para reclamar por el cumplimiento del acuerdo. Desde 2025, varias localidades comenzaron a desistir de esos procesos.

Con la decisión de Nueva Galia, ya son 15 las que dejaron de sostener sus planteos judiciales, mientras que San Martín y Las Aguadas continúan con sus reclamos.

Los proyectos para Nueva Galia

Durante la reunión, Freixes y Amondarain también conversaron sobre la organización de la Fiesta del Caldén, prevista para febrero de 2027 e incluida en el programa provincial 50 Festivales.

Además, la intendenta solicitó que Nueva Galia sea incorporada al programa Construyendo con Tu Pueblo, una iniciativa que contempla el financiamiento compartido de obras entre la Provincia y los municipios.

El desistimiento judicial se suma así a una agenda de diálogo entre ambas administraciones, con la posibilidad de avanzar en proyectos de infraestructura y actividades para la localidad.