Tribunal ratifica prisión a tres imputados por fraude millonario en Coop-Herrera

Santo Domingo.– El Tercer Tribunal Colegiado de Santo Domingo Oeste ratificó este viernes la prisión preventiva contra tres de los acusados de integrar la red que habría cometido un fraude de RD$2,500 millones a través de la Cooperativa de Ahorros y Crédito Herrera (Coop–Herrera), desmantelada mediante la Operación Búho.

La decisión fue adoptada por el presidente del tribunal, magistrado Julio Aybar, quien rechazó las solicitudes de cese de la medida de coerción presentadas por las defensas de Gabriel Santana Borsilea, Jorge Eligio Méndez y Jacer Eliazar Mejía Pereyra.

Al fundamentar su resolución, el magistrado consideró que el plazo razonable de la prisión preventiva todavía se mantiene vigente y recordó que su cese no es automático, sino que requiere la valoración de diferentes circunstancias.

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Entre los aspectos ponderados figuran la gravedad de los hechos, la posible pena en caso de una sentencia condenatoria y las garantías que ofrecen los procesados para enfrentar el juicio en libertad.

De igual manera, tomó en cuenta que el Ministerio Público está preparado para presentar su discurso de apertura durante el inicio del juicio, pautado para el próximo 20 de noviembre de 2026. A esto se suma que los presupuestos presentados por las defensas ya habían sido evaluados por otros jueces y fueron considerados insuficientes.

En consecuencia, Gabriel Santana Borsilea continuará recluido en el Centro de Corrección y Rehabilitación (CCR) de La Romana, mientras que Jorge Eligio Méndez y Jacer Eliazar Mejía Pereyra permanecerán en el CCR-XVII de Najayo, en la provincia San Cristóbal.

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Durante la audiencia, el órgano acusador estuvo representado por el procurador general de corte Eduardo Velázquez Muñoz, de la Dirección General de Persecución, y el procurador fiscal Jonathan Pérez Fulcar, de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca).

Más de 366 personas afectadas por el fraude

De acuerdo con el expediente del Ministerio Público, la estructura criminal perjudicó a 366 víctimas mediante un esquema de operaciones fraudulentas que incluía la simulación de préstamos y la emisión de certificados financieros inorgánicos.

Estas maniobras tenían como finalidad distraer los recursos pertenecientes a los asociados y ahorrantes de Coop–Herrera, según establece la acusación.

Además de los tres imputados cuya prisión preventiva fue ratificada, el proceso judicial involucra a Julio César Minaya Mejía, Simona Borsilea Juan, Emanuel Pozo Borsilea, Cristóbal Mariano, Juan Julián Bryan Richardson y Carina Elizabet García de la Rosa.

Asimismo, figuran en el expediente las empresas Inmobiliaria Villa Pastoral 21 S.R.L., ByT Diseños y Construcciones S.R.L., Conspebo RD S.R.L., Comercial Gabriel Santana S.R.L., Gabriel Santana Auto Import S.R.L., GSB Music Studio y Productions S.R.L. y GBS Baseball Academy S.R.L.

Para sustentar la acusación, el Ministerio Público reunió cientos de elementos probatorios, entre ellos evidencias materiales, periciales, testimoniales y documentales. También incorporó informes de la Dirección General de Impuestos Internos (DGII) y de la Dirección Nacional de Registro de Títulos.

Operación Búho: así comenzó la investigación

La Operación Búho fue puesta en marcha el 4 de octubre de 2023, luego de varios meses de investigación que permitieron identificar y arrestar a directivos de Coop–Herrera presuntamente vinculados al fraude.

El despliegue de las autoridades contó con la participación de más de 20 fiscales, alrededor de 100 agentes policiales y una docena de integrantes de equipos especiales. La intervención se produjo luego de que el Instituto de Desarrollo y Crédito Cooperativo (Idecoop) y varios particulares presentaran denuncias contra los ejecutivos de la entidad.

Como parte de las actuaciones, las autoridades ocuparon inmuebles, embarcaciones, vehículos y otras propiedades de lujo, mediante órdenes judiciales autorizadas por un tribunal.

Según las investigaciones, los procesados utilizaban mecanismos como la simulación de préstamos y la emisión de certificados financieros sin respaldo para desviar los ahorros y aportes de los socios.

Finalmente, el caso es el resultado de un trabajo conjunto de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público, la Unidad de Investigación Financiera y la Fiscalía de Santo Domingo Oeste.